Judicial
SENTENCIA: Tribunal de Ética sanciona con $1,006.80 a juez por dar su vehículo a terceros
De acuerdo con el TEG, el juez Fernando Vásquez Martínez permitió a una persona utilizar el vehículo que se les asigna a los jueces de parte del Estado, que se paga con fondos públicos, violando el artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) anunció que sancionó al Juez de Paz propietario de Santiago Texacuangos, en San Salvador, con $1,006.80 por ceder su vehículo asignado por el estado a personas ajenas a la institución y al Órgano Judicial.
De acuerdo con el TEG, el juez Fernando Vásquez Martínez permitió a una persona utilizar el vehículo que se les asigna a los jueces de parte del Estado (que se paga con fondos públicos) para que lo utilizara, violando el artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
«Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios para el cumplimiento de los fines institucionales para los que están destinados», reza el referido artículo al mencionar las sanciones. El Tribunal aclaró que cuando se entrega vehículos para uso «discrecional» no quiere decir que no tenga restricciones.
«El TEG reitera que un vehículo de “uso discrecional” no puede interpretarse como uso “libre”, “sin restricciones”, “conforme al criterio personal” sino que siempre debe entenderse como un uso sujeto al cumplimiento del interés público y de los fines encomendados a su institución.», escribió en la cuenta de Twitter de la institución.
Nota tomada de El Salvador Times
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
