Judicial
«Nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente», hija de Pablo Gómez, quien se declaró inocente en caso Saca
La corrupción del país marcó el resultado de las elecciones presidenciales este año. Pero además, los sonados casos de corrupción marcaron de cerca las vidas de algunas personas. La familia de Pablo Gómez, el único en el caso contra el expresidente Antonio Saca que no tomó el trato con la Fiscalía, para reducir su pena en un histórico proceso por corrupción en el país, sienten en carne propia cómo la corrupción cambió su vida.
Gómez fue condenado a 16 años de cárcel y el Juzgado Segundo de Sentencia determinó que el exempleado deberá pagar $5 millones por su participación en la estructura creada por el expresidente Saca para desfalcar al Estado salvadoreño.
La sentencia fue criticada por los salvadoreños, pues el exempleado de Casa Presidencial obtuvo una pena muy por encima del exmandatario a quien se le condenó a 10 años de prisión y de otros exfuncionarios que se les impuso cinco años a cambio de confesar. No obstante, Gómez fue el único imputado en este caso que no quiso negociar un procedimiento abreviado a cambio de una disminución de pena como los demás.
“Él sigue fiel con tanto que ha pasado en este tiempo. Él confió en la Corte de Cuentas, en Hacienda, en la misma Fiscalía. Nadie de la familia, tenía idea de que él iba a ser arrastrado de la forma en la que fue arrastrado en todo el proceso y nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente”, dice una de las hijas del exempleado de Casa Presidencial a El Salvador Times.
Aunque al principio, cuando Gómez, el expresidente Saca y el resto de los involucrados fueron detenidos, la familia tuvo sus dudas. Pero ahora, están seguros de que su padre es inocente y que además, hizo lo correcto al no aceptar el trato con los fiscales, por su dignidad y sus valores.
“A muchos nos sorprendió que no aceptó el procedimiento abreviado. Pero nosotros que lo conocemos, podemos decir que mi papá es así. Él no puede mentir, no puede dar falso testimonio y él mismo dice que no puede hablar de algo que no vio”, dice otra de las hijas de Gómez que hablaron con este periódico.
“Mi papá nunca se imaginó que con su trabajo se estaba haciendo algo indebido o desviando fondos de Casa Presidencial. A mi papá, siempre lo caracterizo como un persona bien sencilla, bien apegada a sus valores y a su religión”, sostuvo.
Para la familia fue duro ver como su padre fue puesto junto a Saca y otros funcionarios ahora condenados por corrupción. Saber que ese dinero de Casa Presidencial sirvió para que ellos se enriquecieran.
Una vida limitada
¿Cómo olvidar la mansión del expresidente Saca “un palacio con lujos” -como dijo el entonces fiscal general, Douglas Menéndez- con 20 habitaciones, gimnasio, capilla privada, casa de campo y demás, que según la Fiscalía fue construida con el dinero desviado del Estado?
Contrario a esa mansión, ubicada en una zona exclusiva del país, la casa de Gómez, que está en proceso de extinción de dominio, no refleja ningún lujo. Solo tiene tres modestas habitaciones, un baño estrecho y un pequeño pasillo que da con el patio.
La casa que Gómez compró con ayuda del Fondo Social de Vivienda en 1988, junto con su esposa, no tiene una piscina, tampoco tiene jacuzzi y mucho menos acabados de lujo. En la casa del expresidente, encontraron varios vehículos de lujo, el único automóvil que condujo el exempleado por muchos años, está viejo y descuidado, empolvándose en el parqueo de la colonia donde vivía junto a sus hijas.
La habitación en la que Gómez dormía hasta que fue detenido, aún conserva todo en el lugar que él lo dejó. Tampoco tiene lujos, sus camisas pueden contarse con facilidad y en las paredes ahora cuelgan algunos cuadros que ha pintado él mismo en Mariona.
Contrario a los hijos del expresidente que gozaron de viajes o de estudiar en las mejores escuelas, los cuatro hijo de Gómez fueron a la escuela pública como muchos salvadoreños y tuvieron que trabajar para poder pagar sus carreras de universidad, también como muchos salvadoreños.
“Como familia, nosotros vivimos bien alejados de su vida laboral. Él era superdedicado al trabajo, se estresaba, porque lo notábamos, pero en la casa no hablaba del trabajo. Siempre hemos tenido las cosas necesarias y esa fue su filosofía, ahorrar por si alguien se enfermaba y cosas así, pero nos tenía limitados”, continúa narrando su hija.
En la mansión del expresidente había hasta un salón de belleza, en el que la ex primera dama se arreglaba. La esposa de Gómez, en cambio, tenía un taller de costura y vendía paletas, frescos y chocobananos en la colonia para contribuir a la economía familiar, como lo hacen muchas mujeres salvadoreñas.
“Cuando usted pregunta, cuál ha sido el cambio en nuestras vidas… Pues, fue un choque bien fuerte. Ver de lo que se le acusaba a mi papá. Ver lo de la responsabilidad civil… Todo ha sido alejado de nuestra realidad. En la esfera del poder, él no estaba invitado a nada. Él era un empleado no tenía ni poder de saber, ni poder de decisión”, dice una de las jóvenes.
Por ahora, no solo todos los bienes y cuentas de Gómez están congelados y en vías de extinsión de dominio, sino que además deberán completar una responsabilidad civil de $5 millones que aún no saben de dónde saldrá.
Por: El Salvador Times.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
