Judicial
«Nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente», hija de Pablo Gómez, quien se declaró inocente en caso Saca
La corrupción del país marcó el resultado de las elecciones presidenciales este año. Pero además, los sonados casos de corrupción marcaron de cerca las vidas de algunas personas. La familia de Pablo Gómez, el único en el caso contra el expresidente Antonio Saca que no tomó el trato con la Fiscalía, para reducir su pena en un histórico proceso por corrupción en el país, sienten en carne propia cómo la corrupción cambió su vida.
Gómez fue condenado a 16 años de cárcel y el Juzgado Segundo de Sentencia determinó que el exempleado deberá pagar $5 millones por su participación en la estructura creada por el expresidente Saca para desfalcar al Estado salvadoreño.
La sentencia fue criticada por los salvadoreños, pues el exempleado de Casa Presidencial obtuvo una pena muy por encima del exmandatario a quien se le condenó a 10 años de prisión y de otros exfuncionarios que se les impuso cinco años a cambio de confesar. No obstante, Gómez fue el único imputado en este caso que no quiso negociar un procedimiento abreviado a cambio de una disminución de pena como los demás.
“Él sigue fiel con tanto que ha pasado en este tiempo. Él confió en la Corte de Cuentas, en Hacienda, en la misma Fiscalía. Nadie de la familia, tenía idea de que él iba a ser arrastrado de la forma en la que fue arrastrado en todo el proceso y nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente”, dice una de las hijas del exempleado de Casa Presidencial a El Salvador Times.
Aunque al principio, cuando Gómez, el expresidente Saca y el resto de los involucrados fueron detenidos, la familia tuvo sus dudas. Pero ahora, están seguros de que su padre es inocente y que además, hizo lo correcto al no aceptar el trato con los fiscales, por su dignidad y sus valores.
“A muchos nos sorprendió que no aceptó el procedimiento abreviado. Pero nosotros que lo conocemos, podemos decir que mi papá es así. Él no puede mentir, no puede dar falso testimonio y él mismo dice que no puede hablar de algo que no vio”, dice otra de las hijas de Gómez que hablaron con este periódico.
“Mi papá nunca se imaginó que con su trabajo se estaba haciendo algo indebido o desviando fondos de Casa Presidencial. A mi papá, siempre lo caracterizo como un persona bien sencilla, bien apegada a sus valores y a su religión”, sostuvo.
Para la familia fue duro ver como su padre fue puesto junto a Saca y otros funcionarios ahora condenados por corrupción. Saber que ese dinero de Casa Presidencial sirvió para que ellos se enriquecieran.
Una vida limitada
¿Cómo olvidar la mansión del expresidente Saca “un palacio con lujos” -como dijo el entonces fiscal general, Douglas Menéndez- con 20 habitaciones, gimnasio, capilla privada, casa de campo y demás, que según la Fiscalía fue construida con el dinero desviado del Estado?
Contrario a esa mansión, ubicada en una zona exclusiva del país, la casa de Gómez, que está en proceso de extinción de dominio, no refleja ningún lujo. Solo tiene tres modestas habitaciones, un baño estrecho y un pequeño pasillo que da con el patio.
La casa que Gómez compró con ayuda del Fondo Social de Vivienda en 1988, junto con su esposa, no tiene una piscina, tampoco tiene jacuzzi y mucho menos acabados de lujo. En la casa del expresidente, encontraron varios vehículos de lujo, el único automóvil que condujo el exempleado por muchos años, está viejo y descuidado, empolvándose en el parqueo de la colonia donde vivía junto a sus hijas.
La habitación en la que Gómez dormía hasta que fue detenido, aún conserva todo en el lugar que él lo dejó. Tampoco tiene lujos, sus camisas pueden contarse con facilidad y en las paredes ahora cuelgan algunos cuadros que ha pintado él mismo en Mariona.
Contrario a los hijos del expresidente que gozaron de viajes o de estudiar en las mejores escuelas, los cuatro hijo de Gómez fueron a la escuela pública como muchos salvadoreños y tuvieron que trabajar para poder pagar sus carreras de universidad, también como muchos salvadoreños.
“Como familia, nosotros vivimos bien alejados de su vida laboral. Él era superdedicado al trabajo, se estresaba, porque lo notábamos, pero en la casa no hablaba del trabajo. Siempre hemos tenido las cosas necesarias y esa fue su filosofía, ahorrar por si alguien se enfermaba y cosas así, pero nos tenía limitados”, continúa narrando su hija.
En la mansión del expresidente había hasta un salón de belleza, en el que la ex primera dama se arreglaba. La esposa de Gómez, en cambio, tenía un taller de costura y vendía paletas, frescos y chocobananos en la colonia para contribuir a la economía familiar, como lo hacen muchas mujeres salvadoreñas.
“Cuando usted pregunta, cuál ha sido el cambio en nuestras vidas… Pues, fue un choque bien fuerte. Ver de lo que se le acusaba a mi papá. Ver lo de la responsabilidad civil… Todo ha sido alejado de nuestra realidad. En la esfera del poder, él no estaba invitado a nada. Él era un empleado no tenía ni poder de saber, ni poder de decisión”, dice una de las jóvenes.
Por ahora, no solo todos los bienes y cuentas de Gómez están congelados y en vías de extinsión de dominio, sino que además deberán completar una responsabilidad civil de $5 millones que aún no saben de dónde saldrá.
Por: El Salvador Times.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
