Judicial
«Nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente», hija de Pablo Gómez, quien se declaró inocente en caso Saca
La corrupción del país marcó el resultado de las elecciones presidenciales este año. Pero además, los sonados casos de corrupción marcaron de cerca las vidas de algunas personas. La familia de Pablo Gómez, el único en el caso contra el expresidente Antonio Saca que no tomó el trato con la Fiscalía, para reducir su pena en un histórico proceso por corrupción en el país, sienten en carne propia cómo la corrupción cambió su vida.
Gómez fue condenado a 16 años de cárcel y el Juzgado Segundo de Sentencia determinó que el exempleado deberá pagar $5 millones por su participación en la estructura creada por el expresidente Saca para desfalcar al Estado salvadoreño.
La sentencia fue criticada por los salvadoreños, pues el exempleado de Casa Presidencial obtuvo una pena muy por encima del exmandatario a quien se le condenó a 10 años de prisión y de otros exfuncionarios que se les impuso cinco años a cambio de confesar. No obstante, Gómez fue el único imputado en este caso que no quiso negociar un procedimiento abreviado a cambio de una disminución de pena como los demás.
“Él sigue fiel con tanto que ha pasado en este tiempo. Él confió en la Corte de Cuentas, en Hacienda, en la misma Fiscalía. Nadie de la familia, tenía idea de que él iba a ser arrastrado de la forma en la que fue arrastrado en todo el proceso y nunca nos imaginamos que su condena iba a ser peor que la del expresidente”, dice una de las hijas del exempleado de Casa Presidencial a El Salvador Times.
Aunque al principio, cuando Gómez, el expresidente Saca y el resto de los involucrados fueron detenidos, la familia tuvo sus dudas. Pero ahora, están seguros de que su padre es inocente y que además, hizo lo correcto al no aceptar el trato con los fiscales, por su dignidad y sus valores.
“A muchos nos sorprendió que no aceptó el procedimiento abreviado. Pero nosotros que lo conocemos, podemos decir que mi papá es así. Él no puede mentir, no puede dar falso testimonio y él mismo dice que no puede hablar de algo que no vio”, dice otra de las hijas de Gómez que hablaron con este periódico.
“Mi papá nunca se imaginó que con su trabajo se estaba haciendo algo indebido o desviando fondos de Casa Presidencial. A mi papá, siempre lo caracterizo como un persona bien sencilla, bien apegada a sus valores y a su religión”, sostuvo.
Para la familia fue duro ver como su padre fue puesto junto a Saca y otros funcionarios ahora condenados por corrupción. Saber que ese dinero de Casa Presidencial sirvió para que ellos se enriquecieran.
Una vida limitada
¿Cómo olvidar la mansión del expresidente Saca “un palacio con lujos” -como dijo el entonces fiscal general, Douglas Menéndez- con 20 habitaciones, gimnasio, capilla privada, casa de campo y demás, que según la Fiscalía fue construida con el dinero desviado del Estado?
Contrario a esa mansión, ubicada en una zona exclusiva del país, la casa de Gómez, que está en proceso de extinción de dominio, no refleja ningún lujo. Solo tiene tres modestas habitaciones, un baño estrecho y un pequeño pasillo que da con el patio.
La casa que Gómez compró con ayuda del Fondo Social de Vivienda en 1988, junto con su esposa, no tiene una piscina, tampoco tiene jacuzzi y mucho menos acabados de lujo. En la casa del expresidente, encontraron varios vehículos de lujo, el único automóvil que condujo el exempleado por muchos años, está viejo y descuidado, empolvándose en el parqueo de la colonia donde vivía junto a sus hijas.
La habitación en la que Gómez dormía hasta que fue detenido, aún conserva todo en el lugar que él lo dejó. Tampoco tiene lujos, sus camisas pueden contarse con facilidad y en las paredes ahora cuelgan algunos cuadros que ha pintado él mismo en Mariona.
Contrario a los hijos del expresidente que gozaron de viajes o de estudiar en las mejores escuelas, los cuatro hijo de Gómez fueron a la escuela pública como muchos salvadoreños y tuvieron que trabajar para poder pagar sus carreras de universidad, también como muchos salvadoreños.
“Como familia, nosotros vivimos bien alejados de su vida laboral. Él era superdedicado al trabajo, se estresaba, porque lo notábamos, pero en la casa no hablaba del trabajo. Siempre hemos tenido las cosas necesarias y esa fue su filosofía, ahorrar por si alguien se enfermaba y cosas así, pero nos tenía limitados”, continúa narrando su hija.
En la mansión del expresidente había hasta un salón de belleza, en el que la ex primera dama se arreglaba. La esposa de Gómez, en cambio, tenía un taller de costura y vendía paletas, frescos y chocobananos en la colonia para contribuir a la economía familiar, como lo hacen muchas mujeres salvadoreñas.
“Cuando usted pregunta, cuál ha sido el cambio en nuestras vidas… Pues, fue un choque bien fuerte. Ver de lo que se le acusaba a mi papá. Ver lo de la responsabilidad civil… Todo ha sido alejado de nuestra realidad. En la esfera del poder, él no estaba invitado a nada. Él era un empleado no tenía ni poder de saber, ni poder de decisión”, dice una de las jóvenes.
Por ahora, no solo todos los bienes y cuentas de Gómez están congelados y en vías de extinsión de dominio, sino que además deberán completar una responsabilidad civil de $5 millones que aún no saben de dónde saldrá.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
