Judicial
Juzgados analizan sacar de cárceles a reos mayores de 60 años que adolecen enfermedades crónicas o terminales por ser más vulnerables al COVID-19
Los cuatro juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, así como sus similares del interior del país, comenzaron desde este jueves a analizar los casos de la población reclusa vulnerable por adolecer enfermedades.
Cada caso será analizado de manera separada bajo la independencia judicial, por lo que los jueces tomarán en cuenta los dictámenes médicos, a efecto de valorar si los reos mayores de 60 años que adolecen enfermedades crónicas o terminales deben ser trasladados a centros hospitalarios o recibir otro tipo de beneficio.
Lo anterior para evitar que por su vulnerabilidad se vayan a contagiar de coronavirus (COVID-19) y vayan a afectar al resto de la población reclusa.
El análisis de los casos de manera individual surge luego de una reunión entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y jueces de Vigilancia Penitenciaria con el director general de Centros Penales Osiris Luna.
Centros Penales presentó un listado de 557 reos que están en condiciones de vulnerabilidad, por lo que los jueces se comprometieron a evaluar los casos y seguir los procedimientos jurídicos para determinar quiénes serán trasladados a hospitales o serán objeto de otros beneficios, como la portación de brazaletes electrónicos.
Otro beneficio podría ser la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional u otras medidas que estén contempladas en el marco jurídico.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
