Judicial
Juzgado ordena que siga en prisión mujer que estafó a víctimas invitándolas a invertir en su negocio
El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, departamento de La Libertad, ordenó que Ana Yudy Gómez Díaz, continúa en prisión por el delito de estafa en perjuicio de 17 personas.
La imputada ya tenía antecedentes, ya que el 14 de julio de 2022, Fiscalía General de la República ordenó la detención por haber estafado a 40 víctimas por un monto total de $500,000 a quienes les proponía invertir en su negocio, pero nunca recibieron ganancias.
Luego de esa captura el ministerio público hizo un llamado a las personas afectadas por la imputada a que se acercaran a denunciar en sedes policiales y fiscales y fue así como aparecieron otras 17 víctimas.
El caso de las 40 víctimas fue llevado al Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla. Gómez Díaz contactaba a personas de confianza o conocidas a través Facebook y les invitaba a invertir en su negocio.
Al principio las personas estafadas firmaban un documento donde les garantizaba que iba compartir ganancias, les entregaba de una a dos cuotas, pero después ya no les daba nada.
Gómez Díaz convencía a sus víctimas a quienes les decía que iban a obtener intereses de 15%, 20% 25% y 35% mensuales, para que invirtieran su dinero.
Por el segundo proceso penal de estafa, la Fiscalía confirmó que las pruebas presentadas al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla fueron valoradas para decretar la detención de la acusada.
#InstrucciónConDetención I La estafadora Ana Yudy Gómez Díaz engañó a 17 víctimas para que le entregaran dinero, en concepto de inversión que les generaría ganancias, las cuales nunca entregó a las personas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 25, 2022
Fiscal brinda más detalles: pic.twitter.com/NOXRLlencS
«Esta representación fiscal ha logrado a la fecha poder recabar suficientes elementos de juicio para poder establecer la existencia del delito de estafa, así mismo deducir con probabilidad positiva la participación de la señora procesada en la comisión del mismo», sostuvo el fiscal del caso.
Según el señalamiento fiscal «la acusada ha sido operadora de un sistema fraudulento jugando un papel activo de reclutamiento de personas a quienes les ha ofrecido que inviertan su dinero a cambio de atractivas utilidades».
Lo que las pesquisas determinaron es que ese ofrecimiento de ganancias de interés mensual es un negocio falso que solo le permitió a la imputada captar grandes cantidades de dinero que causó un perjuicio económico en las víctimas.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
