Judicial
Instalan audiencia contra Norman Quijano, acusado de negociar con pandillas
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, ha iniciado este martes el proceso penal en contra de Norman Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
El diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014, enfrenta la audiencia inicial por haber negociado con pandillas beneficios penitenciarios y entregado dinero a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador, pero esas elecciones las perdió frente al candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, prófugo asilado en Nicaragua.
Los magistrados de la cámara han comenzado a procesar a Quijano, luego que el ministerio público presentara la acusación formal con el aval de la Asamblea Legislativa que el pasado 15 de diciembre le retiró la inmunidad.
Fiscales del Grupo contra la Impunidad, están solicitando que se decrete la detención provisional y se gire orden de captura para garantizar la comparecencia en el proceso.
La audiencia inicial puede llevarse a cabo sin la presencia del imputado, no así la preliminar ya que el Código Procesal Penal exige que esté presente para que ejerza su defensa material y hasta controvertir la acusación fiscal. En el caso que se venza el plazo de instrucción y Quijano no esté a la orden de la Cámara, se archivarán las actuaciones.
Los nombres de Norman Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, aparecieron en la causa penal conocida judicialmente como «Operación Cuscatlán».
El testigo criteriado Noé, al declarar en una vista pública contra 425 miembros de la Mara Salvatrucha, que fueron condenados, dijo que él y otros cabecillas de las pandillas habían sostenido reuniones con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara (ambos prófugos).
Cuando el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador emitió el fallo contra los 425 mareros, divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con las pandilleros negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Quijano es acusado de fraude electoral por haber entregado $100,000 a las pandillas, según ha dicho el testigo criteriado y las agrupaciones ilícitas es por las reuniones sostenidas para obtener beneficios electorales en la contienda presidencial del año 2014.
La Fiscalía dispone de videos en los que hace constar las reuniones que Quijano tuvo con los cabecillas de pandillas, esas negociaciones se dieron en la iglesia de una red de pastores.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
