Judicial
Fiscalía presenta requerimiento contra exalcalde de San Salvador acusado de apropiarse de más de $5 millones en retenciones laborales
Este lunes 13 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), presentó el requerimiento fiscal contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García Prieto, Santos Muñoz y Fernando Portillo, por apropiarse de más de cinco millones de dólares en retenciones laborales.
Los documentos fueron presentados en el Juzgado Séptimo de Paz del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.
Se explicó que, Ernesto Muyshondt es acusado por el delito de incumplimiento de deberes, mientras que Santos Muñoz, exdirector de finanzas de la alcaldía de San Salvador y Fernando Portillo, extesorero de la alcaldía de San Salvador, por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales.
Cabe mencionar que, en el requerimiento fiscal, la FGR pide que el caso pase a la etapa de instrucción y que los imputados guarden prisión por existir peligro de fuga.
Según investigaciones de la FGR, el monto de las retenciones asciende a más $5 millones de dólares en perjuicio de 41 trabajadores y 54 entidades, entre ellas financieras, sindicales y bancarias.
El juez tendrá que decidir el día y hora en que se va a desarrollar la audiencia inicial.
Al momento de iniciar el nuevo expediente se ha detallado que entre mayo del año 2019 y abril de 2021, se retuvo injustificadamente varias cuotas laborales a los empleados municipales.
La cantidad que la alcaldía de San Salvador adeuda en concepto de retenciones de cuotas laborales es de $5,109,628.60, detalla la Fiscalía en la nueva acusación.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que Melvin Javier Osegueda Claros sea condenado a 20 años de prisión por acosar y agredir sexualmente a dos estudiantes.
El imputado fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada y a 4 años por acoso sexual, según la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
De acuerdo con la investigación fiscal, los delitos se cometieron entre febrero y octubre de 2025, en el interior de un centro escolar del distrito de Santiago de María, Usulután. La víctimas tienen 9 y 12 años.
Según el reporte fiscal, Osegueda Claros se aprovechó de su cargo como maestro de la institución para cometer el delito.
Las agresiones sexuales fueron denunciadas por el 22 de octubre de 2025 lo que permitió que la FGR iniciara el proceso penal.
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
