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Judicial

Fiscalía logró condenas de 2,583 imputados por delitos sexuales en últimos dos años

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Entre el 1° de enero de 2021 al 13 de febrero de 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) logró que diferentes tribunales a escala nacional condenaran a un total de 2,584 imputados con delitos contra la integridad sexual, así lo confirmó el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Entre esos sentenciados hay violadores, acosadores, abusadores, exhibicionistas obscenos. «Defender a las víctimas más vulnerables es nuestra prioridad», enfatizó Delgado.

Una de las ultimas condenas fue contra Luis Mario Cruz Reyes, perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha y el Tribunal de Sentencia de San Vicente lo sentenció a 14 años de prisión por haber violado a una menor de edad en Apastepeque, San Vicente.

Los hechos sucedieron el 23 de agosto de 2016, en las inmediaciones del instituto situado en la referida ciudad.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Cruz Reyes se encontró con la víctima cuando ella salía del instituto, y la obligó a irse con él hasta un predio baldío ubicado en los alrededores del centro de estudios, en el lugar la obligó a mantener relaciones sexuales.

En otro caso, fiscales lograron que el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca decretara 42 años de prisión para Marvin Alexander Santamaría Villalobos, quien violó en reiteradas ocasiones y agredió sexualmente a dos menores de edad, valiéndose de la cercanía que tenía con las víctimas por un familiar en común.

El caso ocurrió durante el año 2021, cuando las niñas fueron agredidas sexualmente por Villalobos en su propia casa, ubicada en una residencial del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.

Las investigaciones determinaron que en reiteradas ocasiones el imputado habría violado a una de las víctimas, mientras que a la otra la agredió sexualmente; Villalobos abusaba de las menores cuando estas se encontraban solas.

El referido tribunal validó toda la investigación efectuada por los fiscales del caso, quienes presentaron abundante prueba documental, pericial, exámenes psicológicos y testimoniales, que no dejaron lugar a dudas de la responsabilidad penal del imputado en los hechos acusados.

Mientras que Enrique de Jesús Ramírez Montecinos fue sentenciado a 30 años y 4 meses por violar en repetidas veces a una víctima y por haberse mostrado desnudo ante dos menores de edad.

Según la investigación, la víctima fue abusada sexualmente desde la edad de 8 años; el sujeto aprovechaba que la menor quedaba sola en su vivienda para agredirla y desde el patio de su casa se mostraba desnudo ante dos menores de edad.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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