Judicial
Fiscalía es señalada por sustracción, robo y destrucción de información en casos de corrupción
Según información confidencial y otra que circula en las redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera estar seriamente comprometida en la sustracción, robo y destrucción de información relacionada a casos especiales de corrupción y otros delitos contra el Estado.
Aseguran que la documentación extraviada o robada corresponde a los juicios que se siguen contra el expresidente de la República Mauricio Funes y el ex fiscal Luis Antonio Martínez, según la información que circula.
Además, según los denunciantes, los expedientes sustraídos pertenecen a los juicios «Destape a la Corrupción», «Saqueo Público» y «Corruptela», entre otros.
De acuerdo a las informaciones, los saqueadores pertenecen al personal administrativo y fiscal de la FGR que “han participado en la fabricación y “armado” de procesos durante el periodo del ex fiscal Douglas Meléndez”. A cambio les han ofrecido beneficios como testigos naturales y de testigos criteriados pero, al parecer, esos beneficios les han sido retirados por la actual administración, razón por la cual temen por su seguridad.
Existen versiones no aclaradas sobre otros documentos y archivos que supuestamente fueron quemados en la azotea de la FGR el mismo día en que Meléndez dejó la Fiscalía.
También ha trascendido que personal que han trabajado desde cuando Félix Garrid Safie era fiscal, está siendo investigado porque supuestamente pertenecen al grupo de “manzanas podridas” al que se ha referido el actual fiscal, Raúl Melara, y porque colaboran con organismos de inteligencia del Estado.
La ex Primera Dama de la nación, señora Vanda Pignato, denunció recientemente que individuos enmascarados que supuestamente se hacían pasar por agentes de la PNC, efectuaron un allanamiento en la residencia donde guarda arresto domiciliario en busca de documentos que sustrajeron sin autorización judicial.
La señora Pignato asegura en su denuncia que uno de los abogados que la defiende en los procesos en judiciales en su contra fue objeto de actos de intimidación por los tres hombres que llegaron a su casa, haciéndose pasar por policías, y que además, habrían robado documentos y equipo electrónico.
Al parecer, de lo que se trata es de atemorizar a los abogados que defienden a los acusados en los casos de operación Destape a la corrupción, Saqueo Público y Corruptela.
El expresidente Mauricio Funes aclaró desde Nicaragua que “Al robar información valiosa del juicio que se sigue en este caso pretenden bloquear el trabajo de la defensa, sobre todo después que en más de dos años de investigaciones y acusaciones arbitrarias la FGR no ha podido demostrar ninguno de los delitos imputados”.
Entre la documentación que supuestamente se ha extraviado o se han robado de la FGR, está la que se relaciona al caso de Camagro, la denuncia por coacción, falso testimonio y actos arbitrarios que fue hecha contra el ex fiscal Douglas Meléndez por el expresidente Funes, declaraciones de testigos en el caso Corruptela, informes provenientes de los Estados Unidos que eran favorables para Chepe Diablo y expedientes relacionados con la primera dama Vanda Pignato.
En repetidas ocasiones se ha dicho a través de las redes sociales que el ex fiscal Meléndez, antes de dejar el cargo, trasladó a su casa, cajas repletas de documentos importantes, libros y expedientes y que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo de ese año ordenó incinerar en la azotea del edificio Farmavida, otros archivos y expedientes relacionados con los casos “Estrella” con los que pretendía reelegirse como Fiscal General de la República, cosa que no ocurrió.
Entre los documentos incinerados supuestamente estaba un expediente abierto contra Roberto Rubio, (FUNDE), y la investigación hecha por los 13 fiscales que participaron en el caso Corruptela.
Con Información de: Diario Latino
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
