Judicial
Envían a prisión preventiva a hombre acusado del asesinato de universitario
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Juzgado de Paz de Concepción Batres, Usulután, decretara detención provisional contra Carlos Mario Salgado Campos, por Homicidio Agravado y Robo Agravado; además toda la prueba presentada por la institución fiscal fue admitida por el juzgador.
La FGR le atribuye a Salgado Campos, la planeación y ejecución del homicidio del estudiante universitario Brandon Elison Polío Osorio, de 20 años y del Robo Agravado de un vehículo propiedad de la víctima.
En el informe fiscal, la víctima fue vista con vida la última vez en el municipio de Santa Elena, Usulután, el 18 de mayo de este año, cuando iba en su pickup Hilux P996-319, con dirección al cantón San Felipe, del municipio de Concepción Batres ( Usulután), a realizar un negocio.
El cuerpo de la víctima fue localizado un día después (19 de mayo) en el cantón San Felipe. El cuerpo del universitario presentaba un traumatismo craneoencefálico producido por proyectil de arma de fuego. El vehículo que conducía la víctima no fue localizado y por ello, la familia del estudiante interpuso la denuncia por el robo del vehículo.
Aproximadamente, a las 7 de la mañana del 20 de mayo de este año, la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal de la Subdelegación Policial de Mejicanos, localizó el vehículo frente al Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona.
Las autoridades interceptaron el vehículo y capturaron en flagrancia a Heriberto Mirando Cornejo por el delito de Receptación de Vehículo, proveniente de robo o hurto.
Según la FGR, Campos le entregó el automóvil a Cornejo para que lo vendiera en $15,000 dólares. El móvil del homicidio del universitario sería el robo del vehículo.
La víctima estudiaba licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales, en una universidad privada de San Miguel.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
