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Judicial

Denuncian a exfiscal Douglas Meléndez por no judicializar caso por los daños en la residencial Brisas de San Francisco

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Sergio Peñate, abogado de la República, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) ,contra el exfiscal general Douglas Meléndez, por omitir investigación en los daños sufridos por los habitantes de la residencial Brisas de San Francisco, de San Salvador.

El caso presentado por el jurista surge tras los daños ocasionados a las viviendas, vehículos y otros bienes inmuebles, tras daños ocasionados en la bóveda a causa de el desbordamiento de la quebrada Arenal Monserrat, que linda con el proyecto habitacional.

El 2017 la zona de la senda 8, del lugar, habría sido declarado como «área peligrosa», por parte de Gérson Martínez, ministro de Obras Públicas, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); posterior a la tormenta Amanda.

Martínez se comprometió a trabajar en el proyecto para la creación de una bóveda adecuada, sin embargo, nunca le dio seguimiento, a pesar que el fiscal Douglas Meléndez, llegara a la zona a prometer darle seguimiento e investigación a este caso.

La denuncia fue presentada el 16 de junio del 2020, por Peñate, quien indicó que a bóveda fue dañada por sismos y las lluvias torrenciales, estas últimas que saturan la estructura y causando estragos en la zona mencionada.

Además señala de responsabilidad directa a la Sociedad SCOTIABANK S.A. por los daños identificados en la estructura de la bóveda situada en esta residencial y certificó el expediente juntamente con denuncia dirigida a la Fiscalía, para deducir responsabilidades penales y verificar el cumplimento de las obras encomendadas al Banco SCOTIABANK, S.A..

El 31 de mayo del 2020, se evidenció que el caso nunca fue investigado por Douglas Meléndez y además el gobierno actual verificó que nunca se hicieron los trabajos de mitigación necesarios.

Han pasado 10 meses de estar la denuncia contra Douglas Meléndez, en manos de la FGR, sin embargo el fiscal general actual, Raúl Melara, no le ha dado seguimiento al caso en los tribunales, siendo esta uno de los casos que pesan contra el exfiscal, a quienes los abogados culpan de coaccionarlos para obligarlos a que sus clientes acepten los cargos que se les imputan.

Asimismo el 28 de marzo del 2018, un grupo de jueces salvadoreños denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Meléndez por crear persecuciones arbitrarias, por no resolver los casos a su antojo.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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