Judicial
Condenan a ocho años de cárcel al coronel Sigifredo Ochoa por delito de peculado
Foto: FGR
Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de peculado, al apropiarse de $41,040 a través del arrendamiento del local donde funcionó la sede diplomática en ese país.
«Yo no tengo ninguna duda que usted don Sigifredo recibió ese dinero. $800 durante 48 meses y $880 por tres meses», le dijo el juez Mauricio Marroquín Medrano, a Ochoa Pérez, al momento de darle a conocer la condena.
El funcionario judicial expresó que los indicios que aportaron los peritos más el testimonio del exconsul en Honduras, Juan José Figueroa, encaminó a la existencia del cometimiento del delito.
«La lógica indica que usted tenía conocimiento de todos esos elementos de peculado y tuvo una conducta dolosa y antijurídica. El tema de la corrupción es un flagelo mundial y en El Salvador no es la excepción», le reprochó el juez a Ochoa Pérez.
Al fundamentar el fallo, el juez expresó que se está frente a un delito especial propio lo cual acreditó la Fiscalía General de la República con la documentación agregada al expediente.
«Es un delito de infracción de deberes que tenía [Ochoa Pérez] la responsabilidad de la administración de los bienes de la embajada en Honduras y tenía que cuidar los fondos públicos. La corrupción afecta mucho los derechos humanos de la población», recalcó Marroquín Medrano.
La Fiscalía General de la República lo acusó de peculado, delito que un funcionario lo comete al sustraer fondos propiedad del Estado, en la vista pública fue probado que entre los años 2005-2009, durante el gobierno de Saca, se aprovechó de su cargo para apropiarse del dinero.
El delito lo llevó a cabo junto a la hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez y el imputado exonerado, Walter Alfredo Anaya Escalante, entre los tres erogaron fondos en exceso por el canon de arrendamiento de inmueble de la Sede Diplomática de El Salvador en Honduras, por un monto de $107, 920.
Según el ministerio público, la hondureña, entregó $800 durante 48 meses y $880 por tres meses, a través de un acuerdo, y al finalizar el cargo de embajador, ese dinero fue entregado a Escalante. En total Ochoa Pérez recibió $41,040. y Anaya $59,840.00, pero este último fue sobreseído en la audiencia preliminar.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
