Judicial
Condenan a ocho años de cárcel al coronel Sigifredo Ochoa por delito de peculado
Foto: FGR
Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de peculado, al apropiarse de $41,040 a través del arrendamiento del local donde funcionó la sede diplomática en ese país.
«Yo no tengo ninguna duda que usted don Sigifredo recibió ese dinero. $800 durante 48 meses y $880 por tres meses», le dijo el juez Mauricio Marroquín Medrano, a Ochoa Pérez, al momento de darle a conocer la condena.
El funcionario judicial expresó que los indicios que aportaron los peritos más el testimonio del exconsul en Honduras, Juan José Figueroa, encaminó a la existencia del cometimiento del delito.
«La lógica indica que usted tenía conocimiento de todos esos elementos de peculado y tuvo una conducta dolosa y antijurídica. El tema de la corrupción es un flagelo mundial y en El Salvador no es la excepción», le reprochó el juez a Ochoa Pérez.
Al fundamentar el fallo, el juez expresó que se está frente a un delito especial propio lo cual acreditó la Fiscalía General de la República con la documentación agregada al expediente.
«Es un delito de infracción de deberes que tenía [Ochoa Pérez] la responsabilidad de la administración de los bienes de la embajada en Honduras y tenía que cuidar los fondos públicos. La corrupción afecta mucho los derechos humanos de la población», recalcó Marroquín Medrano.
La Fiscalía General de la República lo acusó de peculado, delito que un funcionario lo comete al sustraer fondos propiedad del Estado, en la vista pública fue probado que entre los años 2005-2009, durante el gobierno de Saca, se aprovechó de su cargo para apropiarse del dinero.
El delito lo llevó a cabo junto a la hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez y el imputado exonerado, Walter Alfredo Anaya Escalante, entre los tres erogaron fondos en exceso por el canon de arrendamiento de inmueble de la Sede Diplomática de El Salvador en Honduras, por un monto de $107, 920.
Según el ministerio público, la hondureña, entregó $800 durante 48 meses y $880 por tres meses, a través de un acuerdo, y al finalizar el cargo de embajador, ese dinero fue entregado a Escalante. En total Ochoa Pérez recibió $41,040. y Anaya $59,840.00, pero este último fue sobreseído en la audiencia preliminar.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
