Judicial
Cabecillas de la pandilla 18 detenidos durante régimen de excepción reciben primer condena de 16 años
A 16 años de cárcel fueron condenados dos cabecillas de la pandilla 18 detenidos durante el régimen de excepción por posesión y tenencia con fines de tráfico de droga y tenencia portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Se trata de Marvin Alexander García, alias «Chele Rugrats» y Ulises Ernesto Machado, alias «Maizoro o Blazer» quienes han recibido la primera condena, está pendiente que enfrenten la audiencia preliminar por el delito de agrupaciones ilícitas ya que la Fiscalía General de la República, asegura que tiene pruebas que los perfila como ranfleros de la pandilla.
Un juzgado especializado de instrucción de San Salvador los procesa aplicándole las reformas al Código Penal que la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de marzo del año pasado y que castiga el delito de agrupaciones ilícitas hasta con 45 años de prisión a los cabecillas.
«La FGR presentó abundante prueba con lo que demostró que son culpables por los delitos de posesión y tenencia con fines de tráfico y tenencia portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego», destacó el ministerio público.
Los cabecillas de la pandilla fueron detenidos el 4 de mayo del año 2022 a través de allanamientos realizados en sus viviendas ubicadas en la Calle a San Antonio Abad, de San Salvador, encontrándoles drogas y armas de fuego que tenían escondidas.
En la vista pública que realizó el Tribunal Sexto de Sentencia la Fiscalía dijo que al momento de la captura les decomisaron marihuana dos balanzas con las que pesaban la droga a comercializar y $2,191 en efectivo.
También les incautaron tres armas de fuego. Una pistola marca Prieto Beretta, calibre 9×19, una segunda arma del mismo tipo, calibre 40 S&W, y una tercera marca Glock, con nueve cartuchos y una cuarta marca Micro UZI, calibre 9 mm con un cargador y nueve cartuchos.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
