Judicial
Así fue como un testigo criteriado quiso vengarse de sus compiches para acusarlos falsamente de asesinar a una familia en Santo Tomás
«Trueno», testigo clave de la Fiscalía, mintió ante el juez luego de ser castigado por su clica de la MS, a quienes señaló de haber participado en el asesinato de cinco miembros de una familia en la colonia Flor Amarilla, en Santo Tomás. Con su testimonio pretendía llevarlos a cumplir penas que iban desde los 14 hasta los 150 años de prisión.
Cuando el testigo criteriado se sentó en frente al juez, juró decir la verdad y relató los hechos y se mantuvo sin titubear, pero su descripción estaba marcada por un castigo que su propios compañeros de crimen le impusieron tras involucrarse con una menor de edad, sin el consentimiento de los superiores.
Algo de lo que se valieron los 11 abogados para sembrar la duda ante el juez señalando que dicho pandillero estaba «motivado por la venganza». Además, señalaron que tampoco era preciso en lugar, hora y fecha de lo acontecido.
Según la acusación fiscal, estos 20 imputados -quienes fueron sus compinches de la MS- participaron en la matanza de cinco miembros de una familia en Santo Tomás por ser pandilleros de la 18. «Trueno» narró que estos fueron privados de libertad durante la procesión del viernes Santo y posteriormente asfixiados y sepultados en un fosa clandestina.
Conforme a los dicho por «Trueno», fue el 25 de marzo de 2016 cuando los hermanos Jesús, Ernesto, José y Gabriela Cruz Saldaña se reunieron con su primo Gerson para ir a pasear al pueblo durante la procesión de Semana Santa.
Sin embargo, no hacían esto por ser católicos ni otra que se le pareciera, ellos eran conocidos por ser miembros de la pandilla 18 de ese municipio y que a simple vista tenían una disputa territorial con los de la MS.
Mientras la figura dolorosa de Cristo crucificado pasaba acompañada de cantos y oraciones por las calles del pueblo, un grupo sujetos de la MS apareció entre la gente y como si se tratara de una manifestación del mal, espantó al confiado grupo de hermanos.
Según el relato de “Trueno”, sus rivales se acercaron hacia ellos esquivando a todas las personas hasta llegar a acorralarlos. Fue ahí que la jauría de la MS los atrapó y para salvarse de su martirio intentaron escaparse pero no tuvieron éxito.
Por órdenes de un líder bajo el alias “El Snow”, estos fueron llevados hasta una zona solitaria de la colonia Flor Amarilla. Ahí comenzaron a soltarle las cintas de sus zapatos y los cinchos de sus pantalones, las principales armas para quitarles la vida.
Los angustiados parientes comenzaron su agonía cuando uno de sus verdugos dijo que serían liquidados de dos en dos, primeros los hombres y por último, como si se tratara de la corona del crimen, la mujer. Ella fue testigo de cómo a su familia les colocaban cintas y los cinturones en el cuello hasta que dieran su última bocana de aire.
Una vez culminado el crimen, el grupo de MS se acercó a la angustiada mujer, quien fue violada y asesinada de la misma forma. Los asesinos comenzaron a cavar el agujero donde serían ocultados en un espeso bosque.
No fue hasta tiempo después que las investigaciones policiales dieron con “Trueno”, quien les mostró el camino para que comenzaran a desenterrar las osamentas.
Seis meses después que las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR) encontraron los cuerpos; en la tumba se encontraron ropas y artículos alusivos a la pandilla 18.
Los surcos que tenían en su cuerpo y las diferentes lesiones calcaban con la versión brindada por el testigo criteriado. El principal móvil: rencillas entre las pandillas.
Los abogados que representaban a los procesados señalaron que estas acusaciones eran motivadas por un acto de venganza que testigo tenía en contra de su propio grupo por lo que no se debía de tomar un consideración.
El juicio en su contra y otros delitos
El caso llegó a los tribunales y en un inició la Fiscalía se sintió confiada, sin embargo, todo cambió con las palabras emitidas por el juez el 18 de marzo al brindar el fallo absolutorio contra los procesados.
«El testigo nunca se acordó de las fechas de los hechos en todos los casos que dijo que había participado… además, nunca mantuvo lo dicho en sede fiscal durante la audiencia”, señaló el juez del Tribunal Especializado de Sentencia «C» de San Salvador.
Estos estaban acusados de privación de libertad, organizaciones terroristas, robo agravado y homicidio agravado, de un estudiante y un despachador de la ruta 21.
Las falencias del proceso judicial fueron las responsables de derrumbar la acusación, ya que el propio testigo dijo que a todos los involucrados los había conocido durante su estancia en un centro penal, sin embargo Centros Penales refutó este punto, ya que el criteriado «nunca ha estado detenido».
Ahora los procesados serán puesto en libertad si no tiene algún otro proceso abierto.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
