Judicial
Así fue como un testigo criteriado quiso vengarse de sus compiches para acusarlos falsamente de asesinar a una familia en Santo Tomás
«Trueno», testigo clave de la Fiscalía, mintió ante el juez luego de ser castigado por su clica de la MS, a quienes señaló de haber participado en el asesinato de cinco miembros de una familia en la colonia Flor Amarilla, en Santo Tomás. Con su testimonio pretendía llevarlos a cumplir penas que iban desde los 14 hasta los 150 años de prisión.
Cuando el testigo criteriado se sentó en frente al juez, juró decir la verdad y relató los hechos y se mantuvo sin titubear, pero su descripción estaba marcada por un castigo que su propios compañeros de crimen le impusieron tras involucrarse con una menor de edad, sin el consentimiento de los superiores.
Algo de lo que se valieron los 11 abogados para sembrar la duda ante el juez señalando que dicho pandillero estaba «motivado por la venganza». Además, señalaron que tampoco era preciso en lugar, hora y fecha de lo acontecido.
Según la acusación fiscal, estos 20 imputados -quienes fueron sus compinches de la MS- participaron en la matanza de cinco miembros de una familia en Santo Tomás por ser pandilleros de la 18. «Trueno» narró que estos fueron privados de libertad durante la procesión del viernes Santo y posteriormente asfixiados y sepultados en un fosa clandestina.
Conforme a los dicho por «Trueno», fue el 25 de marzo de 2016 cuando los hermanos Jesús, Ernesto, José y Gabriela Cruz Saldaña se reunieron con su primo Gerson para ir a pasear al pueblo durante la procesión de Semana Santa.
Sin embargo, no hacían esto por ser católicos ni otra que se le pareciera, ellos eran conocidos por ser miembros de la pandilla 18 de ese municipio y que a simple vista tenían una disputa territorial con los de la MS.
Mientras la figura dolorosa de Cristo crucificado pasaba acompañada de cantos y oraciones por las calles del pueblo, un grupo sujetos de la MS apareció entre la gente y como si se tratara de una manifestación del mal, espantó al confiado grupo de hermanos.
Según el relato de “Trueno”, sus rivales se acercaron hacia ellos esquivando a todas las personas hasta llegar a acorralarlos. Fue ahí que la jauría de la MS los atrapó y para salvarse de su martirio intentaron escaparse pero no tuvieron éxito.
Por órdenes de un líder bajo el alias “El Snow”, estos fueron llevados hasta una zona solitaria de la colonia Flor Amarilla. Ahí comenzaron a soltarle las cintas de sus zapatos y los cinchos de sus pantalones, las principales armas para quitarles la vida.
Los angustiados parientes comenzaron su agonía cuando uno de sus verdugos dijo que serían liquidados de dos en dos, primeros los hombres y por último, como si se tratara de la corona del crimen, la mujer. Ella fue testigo de cómo a su familia les colocaban cintas y los cinturones en el cuello hasta que dieran su última bocana de aire.
Una vez culminado el crimen, el grupo de MS se acercó a la angustiada mujer, quien fue violada y asesinada de la misma forma. Los asesinos comenzaron a cavar el agujero donde serían ocultados en un espeso bosque.
No fue hasta tiempo después que las investigaciones policiales dieron con “Trueno”, quien les mostró el camino para que comenzaran a desenterrar las osamentas.
Seis meses después que las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR) encontraron los cuerpos; en la tumba se encontraron ropas y artículos alusivos a la pandilla 18.
Los surcos que tenían en su cuerpo y las diferentes lesiones calcaban con la versión brindada por el testigo criteriado. El principal móvil: rencillas entre las pandillas.
Los abogados que representaban a los procesados señalaron que estas acusaciones eran motivadas por un acto de venganza que testigo tenía en contra de su propio grupo por lo que no se debía de tomar un consideración.
El juicio en su contra y otros delitos
El caso llegó a los tribunales y en un inició la Fiscalía se sintió confiada, sin embargo, todo cambió con las palabras emitidas por el juez el 18 de marzo al brindar el fallo absolutorio contra los procesados.
«El testigo nunca se acordó de las fechas de los hechos en todos los casos que dijo que había participado… además, nunca mantuvo lo dicho en sede fiscal durante la audiencia”, señaló el juez del Tribunal Especializado de Sentencia «C» de San Salvador.
Estos estaban acusados de privación de libertad, organizaciones terroristas, robo agravado y homicidio agravado, de un estudiante y un despachador de la ruta 21.
Las falencias del proceso judicial fueron las responsables de derrumbar la acusación, ya que el propio testigo dijo que a todos los involucrados los había conocido durante su estancia en un centro penal, sin embargo Centros Penales refutó este punto, ya que el criteriado «nunca ha estado detenido».
Ahora los procesados serán puesto en libertad si no tiene algún otro proceso abierto.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Condenan a dos extranjeros a 13 años de cárcel por transportar 150 kilos de cocaína en La Libertad Costa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 13 años de prisión a cada uno de dos extranjeros por tráfico ilícito de drogas, tras un procedimiento en el que fueron incautados 150 kilogramos de cocaína. El cargamento tenía un valor comercial estimado de $3,770,000, según los análisis periciales incorporados al proceso.
Los condenados son Luis Alfredo García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, y Harinton Javier Ruiz, nicaragüense. Ambos fueron intervenidos el 5 de noviembre de 2025, después de que elementos de la Fuerza Aérea y de la Marina Nacional detectaran la embarcación en la que navegaban frente a las costas salvadoreñas.
El procedimiento continuó en la playa La Bocana de Mizata, en La Libertad Costa, donde las autoridades inspeccionaron la lancha. Durante la revisión encontraron cinco bultos que contenían 150 paquetes de cocaína, con un peso total de 150 kilogramos, confirmado mediante las pericias realizadas.
La sentencia fue emitida tras la valoración de los elementos presentados durante el juicio, entre ellos las inspecciones y los análisis de la sustancia decomisada. El tribunal estableció la responsabilidad de los dos procesados por el transporte del cargamento e impuso la misma pena de prisión a ambos.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió el 20 de octubre tres dictámenes favorables para reformar los códigos Penal y Procesal Penal, además de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las propuestas buscan combatir la conducción peligrosa y reforzar la responsabilidad de quienes operan o entregan vehículos de transporte colectivo y de carga.
El paquete contempla conducir con alcohol en la sangre o el aliento, bajo efectos de drogas, disputar la vía o participar en carreras sin autorización. También incorpora manejar autobuses o vehículos de carga sin la licencia correspondiente y responsabilizar a los propietarios que entreguen estas unidades a personas que no estén habilitadas para conducirlas.
Durante la discusión se señalaron penas de dos a cinco años por conducción peligrosa y de cinco a diez años cuando se trate de transporte público de pasajeros o de carga. Si estos hechos provocan homicidio culposo o lesiones culposas muy graves, las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años para los conductores de esas unidades. Estos rangos ya aparecen en la reforma penal de diciembre de 2024, por lo que no deben presentarse como aumentos completamente nuevos.
Otro componente busca restringir la conciliación y otras formas de terminar el proceso en determinados casos vinculados con conducción peligrosa, además de fortalecer los controles sobre las condiciones mecánicas de los vehículos. El informe oficial consultado confirma el aval de la comisión; esa etapa debe distinguirse de la aprobación del pleno y de la posterior entrada en vigor de las reformas.
Cuando la conducción peligrosa termina en una tragedia, las penas del homicidio culposo o de las lesiones culposas se incrementan hasta un máximo de 15 años si el responsable conduce un vehículo de transporte colectivo o de carga.
“Hay algo importante en esta reforma y es que estos casos ya no se podrán cerrar con un arreglo, no va a proceder la conciliación, no va a proceder la mediación ni tampoco alegar, eventualmente ante el juez, la reparación del daño como forma o causal para terminar el proceso”, @FiscalGeneralSV.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 20, 2026
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
