Judicial
Así fue como un testigo criteriado quiso vengarse de sus compiches para acusarlos falsamente de asesinar a una familia en Santo Tomás
«Trueno», testigo clave de la Fiscalía, mintió ante el juez luego de ser castigado por su clica de la MS, a quienes señaló de haber participado en el asesinato de cinco miembros de una familia en la colonia Flor Amarilla, en Santo Tomás. Con su testimonio pretendía llevarlos a cumplir penas que iban desde los 14 hasta los 150 años de prisión.
Cuando el testigo criteriado se sentó en frente al juez, juró decir la verdad y relató los hechos y se mantuvo sin titubear, pero su descripción estaba marcada por un castigo que su propios compañeros de crimen le impusieron tras involucrarse con una menor de edad, sin el consentimiento de los superiores.
Algo de lo que se valieron los 11 abogados para sembrar la duda ante el juez señalando que dicho pandillero estaba «motivado por la venganza». Además, señalaron que tampoco era preciso en lugar, hora y fecha de lo acontecido.
Según la acusación fiscal, estos 20 imputados -quienes fueron sus compinches de la MS- participaron en la matanza de cinco miembros de una familia en Santo Tomás por ser pandilleros de la 18. «Trueno» narró que estos fueron privados de libertad durante la procesión del viernes Santo y posteriormente asfixiados y sepultados en un fosa clandestina.
Conforme a los dicho por «Trueno», fue el 25 de marzo de 2016 cuando los hermanos Jesús, Ernesto, José y Gabriela Cruz Saldaña se reunieron con su primo Gerson para ir a pasear al pueblo durante la procesión de Semana Santa.
Sin embargo, no hacían esto por ser católicos ni otra que se le pareciera, ellos eran conocidos por ser miembros de la pandilla 18 de ese municipio y que a simple vista tenían una disputa territorial con los de la MS.
Mientras la figura dolorosa de Cristo crucificado pasaba acompañada de cantos y oraciones por las calles del pueblo, un grupo sujetos de la MS apareció entre la gente y como si se tratara de una manifestación del mal, espantó al confiado grupo de hermanos.
Según el relato de “Trueno”, sus rivales se acercaron hacia ellos esquivando a todas las personas hasta llegar a acorralarlos. Fue ahí que la jauría de la MS los atrapó y para salvarse de su martirio intentaron escaparse pero no tuvieron éxito.
Por órdenes de un líder bajo el alias “El Snow”, estos fueron llevados hasta una zona solitaria de la colonia Flor Amarilla. Ahí comenzaron a soltarle las cintas de sus zapatos y los cinchos de sus pantalones, las principales armas para quitarles la vida.
Los angustiados parientes comenzaron su agonía cuando uno de sus verdugos dijo que serían liquidados de dos en dos, primeros los hombres y por último, como si se tratara de la corona del crimen, la mujer. Ella fue testigo de cómo a su familia les colocaban cintas y los cinturones en el cuello hasta que dieran su última bocana de aire.
Una vez culminado el crimen, el grupo de MS se acercó a la angustiada mujer, quien fue violada y asesinada de la misma forma. Los asesinos comenzaron a cavar el agujero donde serían ocultados en un espeso bosque.
No fue hasta tiempo después que las investigaciones policiales dieron con “Trueno”, quien les mostró el camino para que comenzaran a desenterrar las osamentas.
Seis meses después que las autoridades del Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR) encontraron los cuerpos; en la tumba se encontraron ropas y artículos alusivos a la pandilla 18.
Los surcos que tenían en su cuerpo y las diferentes lesiones calcaban con la versión brindada por el testigo criteriado. El principal móvil: rencillas entre las pandillas.
Los abogados que representaban a los procesados señalaron que estas acusaciones eran motivadas por un acto de venganza que testigo tenía en contra de su propio grupo por lo que no se debía de tomar un consideración.
El juicio en su contra y otros delitos
El caso llegó a los tribunales y en un inició la Fiscalía se sintió confiada, sin embargo, todo cambió con las palabras emitidas por el juez el 18 de marzo al brindar el fallo absolutorio contra los procesados.
«El testigo nunca se acordó de las fechas de los hechos en todos los casos que dijo que había participado… además, nunca mantuvo lo dicho en sede fiscal durante la audiencia”, señaló el juez del Tribunal Especializado de Sentencia «C» de San Salvador.
Estos estaban acusados de privación de libertad, organizaciones terroristas, robo agravado y homicidio agravado, de un estudiante y un despachador de la ruta 21.
Las falencias del proceso judicial fueron las responsables de derrumbar la acusación, ya que el propio testigo dijo que a todos los involucrados los había conocido durante su estancia en un centro penal, sin embargo Centros Penales refutó este punto, ya que el criteriado «nunca ha estado detenido».
Ahora los procesados serán puesto en libertad si no tiene algún otro proceso abierto.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
