2

Connect with us

Judicial

Abogados y políticos cuestionan a la FGR ¿Por qué no se usó la Ley de Extinción de Dominio contra acusados de desviar donativo de Taiwán?

Publicado

el

Algunos abogados y políticos externaron sus dudas sobre los resultados que podrían obtenerse con la acción de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que interpusiera una demanda civil contra Juan Tennant Wright, Gerardo Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entre otros señalados de desviar $10 millones de un donativo de China Taiwán para los damnificados por los terremotos ocurridos en el año 2001.

Y aunque la noticia fue aplaudida por muchos, ahora otros se cuestionan porqué dejaron pasar tanto tiempo y sobre la idoneidad de la acción de la FGR.

“¿Por qué no lo había hecho? ¿cuánto tiempo tiene el caso de Saca?”, cuestionó por su parte el exmagistrado de Cámara y jurista Omar Pastor luego de enterarse de la noticia externando sus dudas al respecto.

En la misma línea de pensamiento se expresó Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones del partido Cambio Democrático (CD), quien se mostró escéptico con la medida escogida por el ministerio público.

Álvarez señaló que el fiscal general, Raúl Melara Morán, debería responder “¿por qué él no utiliza esta herramienta pudiendo hacerlo? y se la reserva no sé con qué intención… esa es otra cosa que a uno lo pone en duda”, previno el secretario de Comunicaciones del CD.

Cuando fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio, los funcionarios de la época argumentaron que sería una herramienta expedita para que el Estado recuperara los fondos desviados del erario público, ya que su
aplicación no dependía de un resultado en una instancia penal previa, en vista que únicamente buscaba incautar los bienes y dinero cuya procedencia lícita no se podía demostrar.

En este caso, en el juicio por peculado y lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores se documentó que Juan Tennant Wright era en 2001 el tesorero de ARENA y Gerardo Balzaretti Kriete fungía como presidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP).

Según se estableció en la etapa de instrucción del citado juicio, Francisco Flores transfirió mediante el Banco Cuscatlán los $10 millones que habría desviado del donativo de China Taiwán hacia el Centro de Estudios
Políticos, de ahí se trasladaron a cuentas bancarias del tricolor llamadas ARENA Día D y ARENA Casa Por Casa.

Debido a que en la estructura organizativa de ARENA, Juan Tennant Wright tenía un puesto clave como tesorero y Gerardo Balzaretti Kriete presidía el CEP su participación habría sido decisiva en el desvió de los $10 millones, de acuerdo a la argumentación de la FGR.

Sin embargo, para Aldo Álvarez, la decisión de optar por una demanda civil para recuperar esos $10 millones desviados del mencionado donativo es una acción “muy, muy rara; me parece que cualquiera pueda decir que detrás de eso no hay intención de querer mostrar músculo, si lo sumamos también a la detención del exministro, hace unos días del exministro de Defensa Munguía Payés”.

Judicial

Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

Publicado

el

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

Continue Reading

Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

Publicado

el

Por

La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
Continue Reading

Judicial

Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

Publicado

el

Por

Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído