Nacionales
Indignados tras no saber si enterraron a su familiar o a otra persona
En Ciudad Delgado una familia vivió todo un calvario tras cometer el error (como ellos lo llaman), de llevar a una anciana al Hospital Zacamil cuando ella presentó síntomas de COVID-19.
Los familiares aseguraron que todo comenzó el 19 de junio cuando María Margarita Matamoros, de 89 años, presentó por varios días fiebre y gripe. “Decidimos llevarla al Hospital Zacamil, donde la recibieron por sospecha de COVID, pero por varios días la tuvieron en un pasillo porque no había cama”, expresaron.
“De entrada les dijeron que había que esperar que alguien muriera para poder darle una cama. Así pasó tres o cuatro días en observación”, añadieron.
“Una nieta se quedó cuidándola por tres días; luego tuvo que retornar a su trabajo y la anciana quedó sola”, indicaron.
Los familiares dijeron que al quinto día, una empleada del Hospital Zacamil, les dijo que Margarita sería trasladada a un nosocomio de Jiquilisco.
Sin embargo, cuando ellos intentaron comunicarse con el personal de Salud de Jiquilisco les dijeron que ella no estaba internada allí. “Entonces ahí fue donde comenzó nuestra angustia”, expresaron.
Luego de mucho insistir llamando al Hospital Zacamil, les dijeron que allí estaba en el área conocida como Gripario y que en cuanto hubiera cama la ingresarían.
Sin embargo, los familiares le pidieron a la amiga y empleada que trabaja en el Zacamil, que les ayudara a indagar. Luego de que esa persona buscara minuciosamente, les dijo que les habían mentido, que la anciana no estaba en el hospital.
Fue entonces que una nieta de Margarita publicó el caso en Facebook con la foto de la anciana, denunciando la desaparición de su abuela y las mentiras que les habían dado en el Zacamil.
Una nieta de Margarita, se muestra indignada por la negligencia con que el sistema de salud trató el caso de su abuelita: desde no saber a dónde había sido enviada hasta dejar que sean las funerarias las que comuniquen la muerte de un ser querido.
Aunque refiere que a su abuela jamás le hicieron la prueba de COVID-19, los obligaron a sepultarla con el protocolo dispuesto para quienes fallecen por esa enfermedad, lo cual resulta mucho más caro por todos los implementos que usan los empleados de funerarias.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
