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Equipos de la PDDH verificaron desarrollo de movilizaciones del 15 de septiembre
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, desplegó sus equipos de verificadores en el marco de los 201 años de la Independencia Patria, en atención al mandato del titular de la Institución, Apolonio Tobar, conferido en el artículo 194, romano I, de la Constitución de la República.
Los integrantes de estos equipos de la PDDH se ubicaron en los contornos del sitio donde terminaría la marcha de diversas organizaciones de la sociedad civil, en la plaza “Capitán General Gerardo Barrios”, en el pleno corazón de la capital, así como en las proximidades del parque Cuscatlán, donde finalizaría el desfile del gobierno en conmemoración del los 201 años de Independencia Patria.
Según la oficina de prensa de la PDDH el único propósito es ejercer el rol de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, como se lo confiere el artículo 194, romano I, inciso 1, de la Constitución de la República.
Los delegados de la PDDH, en todo momento estuvieron atentos a las instrucciones giradas por el procurador Apolonio Tobar, mientras los equipos de verificación en San Salvador, se mantuvieron monitoreando en forma atenta el inicio de la marcha de la sociedad civil, desde la plaza de la Salud.
Así también del inicio del desfile militar en la zona de el Salvador del Mundo.
Luego de finalizar los eventos conmemorativos al 201 años de Independencia, los delegados de la PDDH, no reportaron ningún incidente que lamentar.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
