ENTREGA ESPECIAL
Develan presunta corrupción en Honduras que tiene como principal actor al presidente Juan Orlando Hernández
Honduras vive momentos de zozobra luego que saliera a la luz una trama de corrupción que tiene su raíz en el gobierno y en ciertos poderes del Estado.
La noticia se ha dado ha conocer por medio de un artículo de Univision Noticias, en el que señala al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, políticos y un sinfín de organizaciones sin fines de “lucro” que habrían recibieron más de $70 millones en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.
La investigación señala que al menos 360 diputados y exdiputados habrían lavado en muy corto tiempo cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.
Las organizaciones, diputados y exdiputados están ligados directamente con el presidente Juan Orlando Hernández, según las investigaciones.
El destape de corrupción ha generado una ola de protestas por parte de los ciudadanos, quienes se ha mostrado indignados por el hecho la malversación de fondos públicos y lavado de dinero que implican a la familia del mandatario.
El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.
Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.
Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español,luego de que expire su mandato en enero.
Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.
El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. «El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción», según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.
Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos «históricos» para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos «que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo».
La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.
«Nadie tiene licencia para recibir sobornos, no hay razones para que nadie saque un centavo de todo esto», dijo el exdiputado José Azcona, mientras tenía abierto un libro y señalaba fragmentos de la ley de 2006 que él mismo ayudó a redactar, y que fue diseñada para llevar asistencia necesaria a comunidades pobres y rurales.
El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.
Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.
Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.
Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.
Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado «acopiadores», que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.
Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.
Una de las redes que Univision descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.
En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.
La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Además de los 15 diputados que resultaron acusados (todos los cuales se han declarado inocentes), las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 34 diputados más solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.
Según documentos judiciales, Augusto Cruz, exdiputado de un partido minoritario, asignó fondos para al menos siete de las organizaciones sin fines de lucro. Y la legisladora del Partido Nacional, Gladis López, tiene vínculos con al menos cuatro. Tanto López como Cruz fueron acusados el año pasado por corrupción relacionada con esta red en la que presuntamente también se embolsaron dinero sin realizar los proyectos declarados.
Tanto López como Cruz se han declarado inocentes.
López apareció recientemente en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 20 funcionarios hondureños «contra quienes hay denuncias creíbles de que han cometido o facilitado actos de corrupción».
López no respondió a una solicitud de entrevista. Cruz no quiso hacer comentarios.
Univision también identificó numerosas redes similares. En algunos casos, el diputado también fungía como acopiador, eliminando así al intermediario. Renán Inestroza, quien hace parte del liderazgo del Congreso, también administra una red de al menos tres organizaciones sin fines de lucro que ha recibido casi seis millones de dólares de fondos públicos desde que ingresó al congreso en 2010, incluyendo solicitudes de financiamiento de al menos 15 legisladores, según las actas del Congreso.
Los informes de proyectos presentados a la Secretaría de Hacienda llevan las firmas de supuestos beneficiarios que difieren tanto que parecen haber sido falsificados o reciclados, según los documentos obtenidos por Univision. Ésta era una táctica común, como lo demuestran los numerosos nombres, huellas digitales y firmas que no concuerdan y aparecen en varios documentos.
Los recibos presentados incluían artículos como balones de fútbol y uniformes que la empresa de construcción privada de Inestroza supuestamente compró para las organizaciones sin fines de lucro. Inestroza no acepto una solicitud de entrevista.
En 2013, cuando Hernández se postuló por primera vez para Presidente de la República, el gasto del Fondo de Desarrollo Departamental alcanzó su punto máximo, y mostró tendencias políticas claras. Mientras que en años anteriores la mayoría de los fondos se desembolsaron en diciembre, ese año casi todos los fondos se gastaron en los meses previos a las elecciones de noviembre, entre ellos más de dos millones de dólares que se transfirieron a municipios en el departamento de origen de Hernández que se encontraban bajo el mandato de alcaldes pertenecientes a su partido.
«El presidente del Congreso es el que decide, el que maneja el fondo», dijo Marvin Ponce, exdiputado del partido minoritario Unificación Democrática quien ejerció como tal desde 2006 hasta 2014.
En ese momento, incluso los miembros del propio partido de Hernández cuestionaron públicamente su gestión del fondo. En una entrevista con el periódico local La Prensa, el político del Partido Nacional, Fernando Andurray, dijo que Hernández tenía «una pulpería particular con un enorme presupuesto» en el Congreso Nacional con el Fondo de Desarrollo Departamental.
«Las cuentas en cuestión fueron administradas por organismos burocráticos y estructuras institucionales, no estaban bajo el ‘control’ personal del presidente», fue la respuesta del mandatario Hernández a las preguntas que Univision envió relacionadas con las acusaciones de corrupción de su gobierno.
Según los registros de la Secretaría de Finanzas, ocho de los diez principales receptores de ese año eran organizaciones sin fines de lucro que fueron objeto de informes de actividad sospechosa o fueron vinculadas por Univision a redes sospechosas de corrupción. Las dos organizaciones restantes están vinculadas al gobernante Partido Nacional, incluida la FUNDEIH (Fundación para el Desarrolo Integral de Honduras) que está estrechamente vinculada a la familia y la administración del presidente Hernández.
La FUNDEIH fue incorporada en 2005 por la esposa de Hernández, Ana García Carias. Un documento obtenido por Univision que data de 2016 muestra que Ebal Díaz, ministro de la presidencia y mano derecha del presidente Hernández, formó parte de la junta directiva de la organización junto con un sobrino del presidente, Marco Hernández, y otras personas que trabajan en la Oficina de la Presidencia.
ENTREGA ESPECIAL
Del Uber de confianza al asesino: La brutal historia de Glenda Hernández que conmocionó El Salvador
En las calles de Santa Ana todavía pesa el eco de un CRIMEN que estremeció a todos.
Un caso más de VIOLENCIA que comenzó mucho antes del ASESINATO, porque según las investigaciones de la Fiscalía, la víctima vivía atrapada en un círculo constante de MALTRATO, AMENAZAS y MIEDO por parte de Diego Antonio Santos Villanueva, de 34 años, su expareja.
Al principio, él era solo el taxista de confianza —ese conductor que le hacía viajes periódicos y se ganó su confianza hasta entrar en su vida—. Ella le abrió la puerta pensando que sería diferente, que el amor podía cambiarlo. Pero ya no pudo salir. Aunque dijera NO, aunque supiera que el peligro crecía, tuvo tiempo para salir de allí pero no lo intentó. El miedo la paralizó. Pensó que las cosas serían diferentes esta vez.
La tragedia alcanzó su punto más BRUTAL el 19 de abril de 2026, en su propia vivienda en el barrio San Rafael, calle Libertad Oriente, Santa Ana Centro. Ese día, Villanueva entró a la casa. Tras una discusión, la furia se desató sin PIEDAD. Armado con un CUCHILLO, la atacó con saña hasta arrebatarle la vida dentro del lugar donde debía sentirse segura.
La víctima era Glenda Isabel Hernández Trujillo, de 28 años, una joven madre originaria de Texistepeque: trabajadora, instructora de gimnasio, dedicada a su hija de apenas 8 años, amiga de todos, apasionada por el ejercicio y con sueños aún por cumplir. Una mujer que, según sus cercanos, brillaba por su amabilidad y su fuerza.
Pero esa tarde, la pequeña de 8 años se convirtió en la voz que rompió el silencio. Encontró a su madre tirada en el piso de la entrada, con sangre en la cabeza, y marcó a sus familiares por teléfono. “Mamá tuvo un accidente”, dijo quien aún no entiende la magnitud del horror. Los familiares llegaron corriendo, pidieron ayuda médica en el Hospital San Juan de Dios… pero ya era tarde. Glenda yacía sin vida. La Policía Nacional Civil confirmó el feminicidio por arma blanca.
Después del CRIMEN, no hubo remordimiento. Hubo fuga.
Villanueva escapó de la escena, ocultó su vehículo e intentó desaparecer cruzando la frontera hacia Guatemala para burlar a la justicia. Pero la huida terminó cuando agentes policiales lo capturaron y lo entregaron a El Salvador.
Ahora, la Fiscalía General de la República logró que Diego Antonio Santos Villanueva continúe en prisión provisional mientras avanza el proceso penal en su contra por feminicidio agravado. El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ya lo decretó: seguirá tras las rejas.
Pero en la calle se sabe una verdad amarga: cuando la violencia se normaliza, cuando los gritos se ignoran y cuando el miedo se calla, muchas veces la historia termina en TRAGEDIA.
Hoy él duerme tras las rejas. Ella no volverá jamás.
La hija de 8 años tuvo que despedir a su madre en el cementerio de Texistepeque, con el corazón hecho pedazos. Otra familia rota. Otro hogar enlutado.
Y Santa Ana, una vez más, amanece con rabia.
Glenda Isabel Hernández Trujillo. Otro nombre que se suma a la lista de mujeres arrebatadas por la VIOLENCIA. Otro recordatorio de que el miedo no es debilidad… hasta que te mata.
ENTREGA ESPECIAL
Fracaso rotundo del “partido de tiktokers” en el Cuscatlán: el público salvadoreño ya no traga más circo
Lo que prometía ser el “evento del año” organizado por Ricky de San Miguel terminó convertido en el más claro síntoma de que El Salvador ya está harto. El partido de tiktokers que se anunció a bombo y platillo en el Estadio Cuscatlán se celebró ante un graderío prácticamente vacío. Ni las entradas baratas, ni la promoción desesperada en TikTok, ni los llamados constantes de Ricky lograron llenar las tribunas. El mensaje fue contundente: el pueblo ya no quiere más de esto.
El fracaso no fue casualidad. Fue la gota que derramó el vaso de una fórmula gastada hasta la náusea. Durante meses, los mismos rostros de siempre han convertido las redes en un ring de peleas interminables, retos absurdos y “batallas” que más parecen riñas de patio que contenido creativo. El público salvadoreño, que antes consumía todo con curiosidad, ahora mira con fastidio cómo se repite el mismo guion: insultos, vulgaridades, exhibicionismo barato y una obsesión enfermiza por el “flow” y el dinero fácil.
Y aquí está el punto que más duele y que nadie se atreve a decir en voz alta: la gente está cansada de ver a estos personajes pidiendo donaciones, ventas de entradas, “apoyos” y “colaboraciones” para luego despilfarrar todo en vidas de aparente lujo que no generan absolutamente nada de valor social. No hay escuelas, no hay proyectos comunitarios, no hay ayuda real. Solo carros rentados, botellas, fiestas y más pedidos de dinero. El salvadoreño trabajador, que suda la camiseta todos los días para salir adelante, ya no está dispuesto a financiar ese circo.
El estadio vacío del Cuscatlán no es solo una foto vergonzosa. Es una declaración. Es el rechazo colectivo a un estilo que ya no vende: el de la vulgaridad como estrategia, la confrontación como contenido y el mendigar disfrazado de “emprendimiento digital”. Ricky y su grupo de tiktokers pueden seguir grabando videos justificándose, culpando a Yeik, al público o a quien se les ocurra. Pero la realidad es innegable: el pueblo salvadoreño ya no compra el paquete.
Lo que pasó ayer en el Cuscatlán no es el fracaso de un partido. Es el fracaso de un modelo. Y el público, con su ausencia, acaba de dar el pitazo final.
Ya es hora de que los creadores de contenido entiendan que en El Salvador de 2026 la gente exige algo más que gritos, peleas y manos extendidas pidiendo plata. Exige respeto, creatividad real y, sobre todo, que dejen de tomarlos por tontos. El estadio vacío lo dijo todo.
Edgar Valdés Villarreal, hijo de un pintor de casas mexicano y una ama de casa tejana, la Barbie. Un apodo que le pusieron en la secundaria por su cabello gero. Un apodo que terminaría escrito con sangre en las calles de Medio México. No había nada en su infancia que anunciara el monstruo. Jugaba fútbol americano en la Lincoln High School.
Linebacker, posición de impacto. Posición de violencia controlada. Sus compañeros lo recuerdan como un chavo popular. Nada extraordinario, nada que hiciera pensar en lo que vendría después. Pero Laredo no es cualquier ciudad, es la frontera y la frontera tiene sus propias reglas.
En los 90, Laredo era un punto de entrada clave para la coca que venía del sur. El cártel del Golfo controlaba la plaza. Los Zetas, un grupo recién formado por desertores del gafe mexicano con influencia de entrenamientos especializados.
Apenas comenzaban a operar como brazo armado. Valdés Villarreal no era un estudiante brillante, no era un atleta excepcional, pero tenía algo que llamaba la atención en ese mundo. No dudaba.
Y en la frontera eso vale más que un título universitario. Finales de los 90. Edgar, todavía adolescente, ya vende marihuana en pequeñas cantidades en su high school.
Nada mayor, nada que llame la atención de las autoridades, pero es suficiente para que los conectes locales lo noten. Un chavo bilingüe que puede moverse entre dos mundos sin levantar sospechas.
Eso es oro en el negocio. 2000. Edgar ya no está en la escuela, dejó el fútbol, dejó cualquier pretensión de vida normal.
Las autoridades de Texas comienzan a investigarlo por distribución de marihuana. Nada grave todavía. Pero suficiente para que tome una decisión que cambiaría todo.
Cruza el río, se va para Nuevo Laredo, del lado mexicano, donde las leyes americanas no llegan, donde un chavo con sus características puede desaparecer o puede convertirse en algo más grande.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 2001. La ciudad es un hervidero. El cártel del Golfo domina, pero enfrenta presión.
El gobierno de Vicente Fox promete mano dura contra el crimen organizado. Los operativos federales se intensifican por primera vez en décadas y en ese caos un gero de Texas encuentra su lugar.
Valdés Villarreal no llega como un narco hecho y derecho, llega como un refugiado, como alguien que huye de problemas menores en el norte, pero tiene conexiones.
Tiene un primo que trabaja para gente pesada y tiene ese perfil que nadie espera. Los primeros meses trabaja en lo básico, mueve paquetes, cobra deudas pequeñas, hace mandados, pero desde el principio muestra algo diferente, no duda.
Cuando le ordenan golpear a alguien, lo hace sin preguntar. Cuando le dicen que entregue un mensaje violento, lo entrega con exceso.
Los jefes locales comienzan a notar al americanito, no por su experiencia, por su disposición. Arturo Beltrán Leyva, el Barbás, en ese momento es uno de los operadores principales de la Federación de Sinaloa en la zona del Golfo.
Controla rutas, coordina envíos masivos y necesita gente de confianza en Nuevo Laredo, gente que no tenga los vicios de los narcos tradicionales, gente que no esté quemada con las autoridades mexicanas.
Alguien le habla de un guero que acaba de llegar de Texas. Alguien que no tiene historial, alguien que puede pasar desapercibido. La primera vez que Valdés Villarreal se reúne con gente de Beltrán Leiva es en una casa de seguridad en la colonia Jardín 2002.
Barbas no está presente, pero sus lugartenientes sí le hacen preguntas, le prueban, le dan una tarea sencilla, recoger un paquete del otro lado y traerlo a Nuevo Laredo.
Te puede interesar: Mugrosos armados mataron a una niña de 7 años en un ataque armado sobre la carretera Villahermosa–Reforma
Edgar lo hace en menos de 6 horas sin problemas, sin nervios. Cuando regresa, los lugartenientes se miran entre ellos. Este chavo sirve. Los siguientes meses, Valdés Villarreal se convierte en un operador de confianza
