Honduras vive momentos de zozobra luego que saliera a la luz una trama de corrupción que tiene su raíz en el gobierno y en ciertos poderes del Estado.

La noticia se ha dado ha conocer por medio de un artículo de Univision Noticias, en el que señala al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, políticos y un sinfín de organizaciones sin fines de “lucro” que habrían recibieron más de $70 millones en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.

La investigación señala que al menos 360 diputados y exdiputados habrían lavado en muy corto tiempo cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.

Las organizaciones, diputados y exdiputados están ligados directamente con el presidente Juan Orlando Hernández, según las investigaciones.

El destape de corrupción ha generado una ola de protestas por parte de los ciudadanos, quienes se ha mostrado indignados por el hecho la malversación de fondos públicos y lavado de dinero que implican a la familia del mandatario.

El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.

Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.

Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español,luego de que expire su mandato en enero.

Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.

El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. «El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción», según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.

Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos «históricos» para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos «que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo».

La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.

«Nadie tiene licencia para recibir sobornos, no hay razones para que nadie saque un centavo de todo esto», dijo el exdiputado José Azcona, mientras tenía abierto un libro y señalaba fragmentos de la ley de 2006 que él mismo ayudó a redactar, y que fue diseñada para llevar asistencia necesaria a comunidades pobres y rurales.

El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.

Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.

Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.

Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.

Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado «acopiadores», que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.

Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.

Una de las redes que Univision descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.

En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.

La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Además de los 15 diputados que resultaron acusados (todos los cuales se han declarado inocentes), las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 34 diputados más solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.

Según documentos judiciales, Augusto Cruz, exdiputado de un partido minoritario, asignó fondos para al menos siete de las organizaciones sin fines de lucro. Y la legisladora del Partido Nacional, Gladis López, tiene vínculos con al menos cuatro. Tanto López como Cruz fueron acusados el año pasado por corrupción relacionada con esta red en la que presuntamente también se embolsaron dinero sin realizar los proyectos declarados.

Tanto López como Cruz se han declarado inocentes.

López apareció recientemente en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 20 funcionarios hondureños «contra quienes hay denuncias creíbles de que han cometido o facilitado actos de corrupción».

López no respondió a una solicitud de entrevista. Cruz no quiso hacer comentarios.

Univision también identificó numerosas redes similares. En algunos casos, el diputado también fungía como acopiador, eliminando así al intermediario. Renán Inestroza, quien hace parte del liderazgo del Congreso, también administra una red de al menos tres organizaciones sin fines de lucro que ha recibido casi seis millones de dólares de fondos públicos desde que ingresó al congreso en 2010, incluyendo solicitudes de financiamiento de al menos 15 legisladores, según las actas del Congreso.

Los informes de proyectos presentados a la Secretaría de Hacienda llevan las firmas de supuestos beneficiarios que difieren tanto que parecen haber sido falsificados o reciclados, según los documentos obtenidos por Univision. Ésta era una táctica común, como lo demuestran los numerosos nombres, huellas digitales y firmas que no concuerdan y aparecen en varios documentos.

Los recibos presentados incluían artículos como balones de fútbol y uniformes que la empresa de construcción privada de Inestroza supuestamente compró para las organizaciones sin fines de lucro. Inestroza no acepto una solicitud de entrevista.

En 2013, cuando Hernández se postuló por primera vez para Presidente de la República, el gasto del Fondo de Desarrollo Departamental alcanzó su punto máximo, y mostró tendencias políticas claras. Mientras que en años anteriores la mayoría de los fondos se desembolsaron en diciembre, ese año casi todos los fondos se gastaron en los meses previos a las elecciones de noviembre, entre ellos más de dos millones de dólares que se transfirieron a municipios en el departamento de origen de Hernández que se encontraban bajo el mandato de alcaldes pertenecientes a su partido.

«El presidente del Congreso es el que decide, el que maneja el fondo», dijo Marvin Ponce, exdiputado del partido minoritario Unificación Democrática quien ejerció como tal desde 2006 hasta 2014.

En ese momento, incluso los miembros del propio partido de Hernández cuestionaron públicamente su gestión del fondo. En una entrevista con el periódico local La Prensa, el político del Partido Nacional, Fernando Andurray, dijo que Hernández tenía «una pulpería particular con un enorme presupuesto» en el Congreso Nacional con el Fondo de Desarrollo Departamental.

«Las cuentas en cuestión fueron administradas por organismos burocráticos y estructuras institucionales, no estaban bajo el ‘control’ personal del presidente», fue la respuesta del mandatario Hernández a las preguntas que Univision envió relacionadas con las acusaciones de corrupción de su gobierno.

Según los registros de la Secretaría de Finanzas, ocho de los diez principales receptores de ese año eran organizaciones sin fines de lucro que fueron objeto de informes de actividad sospechosa o fueron vinculadas por Univision a redes sospechosas de corrupción. Las dos organizaciones restantes están vinculadas al gobernante Partido Nacional, incluida la FUNDEIH (Fundación para el Desarrolo Integral de Honduras)  que está estrechamente vinculada a la familia y la administración del presidente Hernández.

La FUNDEIH fue incorporada en 2005 por la esposa de Hernández, Ana García Carias. Un documento obtenido por Univision que data de 2016 muestra que Ebal Díaz, ministro de la presidencia y mano derecha del presidente Hernández, formó parte de la junta directiva de la organización junto con un sobrino del presidente, Marco Hernández, y otras personas que trabajan en la Oficina de la Presidencia.