Nacionales
Barrio Santa Anita en peligro por constantes extorsiones de pandilleros en negocios
La espiral de violencia e inseguridad que viven los salvadoreños constantemente por parte miembros de estructuras delictivas parece nunca acabarse. Esa situación la están viviendo algunos propietarios de negocios ubicados en el barrio Santa Anita, al sur de San Salvador, quienes se encuentran en peligro por las constantes extorsiones impuestas por pandilleros que delinquen en la zona.
Fuentes cercanas a la zona informaron a El Salvador Times que actualmente son cinco negocios son los que se han visto afectados por la imposición de la extorsión por pandilleros del barrio 18 Revolucionarios.
Los delincuentes han llegado a tal grado que a la propietaria de un comedor de la zona le exigieron dar 30 platos de comida diaria para el consumos de los pandilleros.
Le manifestaron que, de no hacerlo, se atuvieran a las consecuencias posteriormente. El miedo se apoderó de la propietaria y no denunció el delito. Ante el temor de que atentaran contra su vida y la de su familia decidió cerrar el comedor, dejando sin empleo a sus trabajadores.
En tanto en una bodega de papeles que opera en el lugar, les exigieron $1,000 y por el temor a ser asesinados por los delincuentes, los propietarios han accedido a pagar ese dinero mensualmente. Las operaciones no se han detenido, pero saben que al final del mes tienen que pagar el dinero a los antisociales.
Por otro lado, a un taller de tornos les están exigiendo la cantidad de $2,000 mensuales, por lo cual, sus dueños han optado por cerrar y dejar de trabajar.
Los otros negocios que están en la misma situación son una barbería y una mini librería, quienes también están siendo extorsionados. Ante sentirse acorralados y amenazados también han optado por cerrar, ante la imposibilidad de pagar las altas exigencias y el temor a que atenten contra su vida.
La Policía está investigando
Tras conocer el caso de los negocios afectados por las extorsiones en Santa Anita, El Salvador Times consultó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la problemática.
Un agente manifestó que la denuncia ya fue interpuesta y desde hace un mes y medio agentes de la División de Investigaciones (DIN) está investigando los hechos que han afectados a varios negocios del barrio Santa Anita.
Según lo expresado por las fuentes policiales, la zona es muy complicada, ya que está en el limbo de la división en donde opera el la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), pues sólo las divide el bulevar Venezuela.
Y es que no sólo esos negocios se han visto afectados por esa problemática, hay varios talleres mecánicos en la zona que también han cerrado debido a las amenazas y otro que están trabajando normalmente pero están pagando la extorsión.
De acuerdo a información recavada, los pandilleros que cometen las extorsiones residen en la colonia IVU, barrio Modelo y la calle 29 de agosto.
Tanto empresarios como empleados se ven afectados por la situación, ya que a este problema de la extorsión que imponen las pandillas, se suma a que la economía en el país no levanta y los productos de la canasta básica y la gasolina han subido de precio.
Las personas afectadas tienen mucho miedo a denunciar este tipo de delitos, por temor a ser asesinados o en el peor de los casos por desconfiar de las autoridades.
Por ahora, las pandillas siguen acechando la zona, donde ya son varios negocios los que han cerrado y los que se sumarán en los próximos días mientras no se detenga el flagelo de la extorsión en la zona.
por: Ernesto Pérez / El Salvador Times
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
