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Barrio Santa Anita en peligro por constantes extorsiones de pandilleros en negocios
La espiral de violencia e inseguridad que viven los salvadoreños constantemente por parte miembros de estructuras delictivas parece nunca acabarse. Esa situación la están viviendo algunos propietarios de negocios ubicados en el barrio Santa Anita, al sur de San Salvador, quienes se encuentran en peligro por las constantes extorsiones impuestas por pandilleros que delinquen en la zona.
Fuentes cercanas a la zona informaron a El Salvador Times que actualmente son cinco negocios son los que se han visto afectados por la imposición de la extorsión por pandilleros del barrio 18 Revolucionarios.
Los delincuentes han llegado a tal grado que a la propietaria de un comedor de la zona le exigieron dar 30 platos de comida diaria para el consumos de los pandilleros.
Le manifestaron que, de no hacerlo, se atuvieran a las consecuencias posteriormente. El miedo se apoderó de la propietaria y no denunció el delito. Ante el temor de que atentaran contra su vida y la de su familia decidió cerrar el comedor, dejando sin empleo a sus trabajadores.
En tanto en una bodega de papeles que opera en el lugar, les exigieron $1,000 y por el temor a ser asesinados por los delincuentes, los propietarios han accedido a pagar ese dinero mensualmente. Las operaciones no se han detenido, pero saben que al final del mes tienen que pagar el dinero a los antisociales.
Por otro lado, a un taller de tornos les están exigiendo la cantidad de $2,000 mensuales, por lo cual, sus dueños han optado por cerrar y dejar de trabajar.
Los otros negocios que están en la misma situación son una barbería y una mini librería, quienes también están siendo extorsionados. Ante sentirse acorralados y amenazados también han optado por cerrar, ante la imposibilidad de pagar las altas exigencias y el temor a que atenten contra su vida.
La Policía está investigando
Tras conocer el caso de los negocios afectados por las extorsiones en Santa Anita, El Salvador Times consultó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la problemática.
Un agente manifestó que la denuncia ya fue interpuesta y desde hace un mes y medio agentes de la División de Investigaciones (DIN) está investigando los hechos que han afectados a varios negocios del barrio Santa Anita.
Según lo expresado por las fuentes policiales, la zona es muy complicada, ya que está en el limbo de la división en donde opera el la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), pues sólo las divide el bulevar Venezuela.
Y es que no sólo esos negocios se han visto afectados por esa problemática, hay varios talleres mecánicos en la zona que también han cerrado debido a las amenazas y otro que están trabajando normalmente pero están pagando la extorsión.
De acuerdo a información recavada, los pandilleros que cometen las extorsiones residen en la colonia IVU, barrio Modelo y la calle 29 de agosto.
Tanto empresarios como empleados se ven afectados por la situación, ya que a este problema de la extorsión que imponen las pandillas, se suma a que la economía en el país no levanta y los productos de la canasta básica y la gasolina han subido de precio.
Las personas afectadas tienen mucho miedo a denunciar este tipo de delitos, por temor a ser asesinados o en el peor de los casos por desconfiar de las autoridades.
Por ahora, las pandillas siguen acechando la zona, donde ya son varios negocios los que han cerrado y los que se sumarán en los próximos días mientras no se detenga el flagelo de la extorsión en la zona.
por: Ernesto Pérez / El Salvador Times
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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