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Barrio Santa Anita en peligro por constantes extorsiones de pandilleros en negocios
La espiral de violencia e inseguridad que viven los salvadoreños constantemente por parte miembros de estructuras delictivas parece nunca acabarse. Esa situación la están viviendo algunos propietarios de negocios ubicados en el barrio Santa Anita, al sur de San Salvador, quienes se encuentran en peligro por las constantes extorsiones impuestas por pandilleros que delinquen en la zona.
Fuentes cercanas a la zona informaron a El Salvador Times que actualmente son cinco negocios son los que se han visto afectados por la imposición de la extorsión por pandilleros del barrio 18 Revolucionarios.
Los delincuentes han llegado a tal grado que a la propietaria de un comedor de la zona le exigieron dar 30 platos de comida diaria para el consumos de los pandilleros.
Le manifestaron que, de no hacerlo, se atuvieran a las consecuencias posteriormente. El miedo se apoderó de la propietaria y no denunció el delito. Ante el temor de que atentaran contra su vida y la de su familia decidió cerrar el comedor, dejando sin empleo a sus trabajadores.
En tanto en una bodega de papeles que opera en el lugar, les exigieron $1,000 y por el temor a ser asesinados por los delincuentes, los propietarios han accedido a pagar ese dinero mensualmente. Las operaciones no se han detenido, pero saben que al final del mes tienen que pagar el dinero a los antisociales.
Por otro lado, a un taller de tornos les están exigiendo la cantidad de $2,000 mensuales, por lo cual, sus dueños han optado por cerrar y dejar de trabajar.
Los otros negocios que están en la misma situación son una barbería y una mini librería, quienes también están siendo extorsionados. Ante sentirse acorralados y amenazados también han optado por cerrar, ante la imposibilidad de pagar las altas exigencias y el temor a que atenten contra su vida.
La Policía está investigando
Tras conocer el caso de los negocios afectados por las extorsiones en Santa Anita, El Salvador Times consultó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la problemática.
Un agente manifestó que la denuncia ya fue interpuesta y desde hace un mes y medio agentes de la División de Investigaciones (DIN) está investigando los hechos que han afectados a varios negocios del barrio Santa Anita.
Según lo expresado por las fuentes policiales, la zona es muy complicada, ya que está en el limbo de la división en donde opera el la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), pues sólo las divide el bulevar Venezuela.
Y es que no sólo esos negocios se han visto afectados por esa problemática, hay varios talleres mecánicos en la zona que también han cerrado debido a las amenazas y otro que están trabajando normalmente pero están pagando la extorsión.
De acuerdo a información recavada, los pandilleros que cometen las extorsiones residen en la colonia IVU, barrio Modelo y la calle 29 de agosto.
Tanto empresarios como empleados se ven afectados por la situación, ya que a este problema de la extorsión que imponen las pandillas, se suma a que la economía en el país no levanta y los productos de la canasta básica y la gasolina han subido de precio.
Las personas afectadas tienen mucho miedo a denunciar este tipo de delitos, por temor a ser asesinados o en el peor de los casos por desconfiar de las autoridades.
Por ahora, las pandillas siguen acechando la zona, donde ya son varios negocios los que han cerrado y los que se sumarán en los próximos días mientras no se detenga el flagelo de la extorsión en la zona.
por: Ernesto Pérez / El Salvador Times
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
