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Asamblea Legislativa aprueba con 64 votos ley para facilitar compra de medicamentos e insumos contra el COVID-19
Con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia del COVID-19 este miércoles, durante el desarrollo de la segunda sesión plenaria de la nueva legislatura para el período 2021-2024.
Cabe destacar que, esta ley tiene como fin el facilitar la compra y adquisición de medicamentos e insumos para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19 en El Salvador.
“El Salvador ahora cuenta con una Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública; que tiene como fin habilitar mecanismos eficaces para la adquisición de medicamentos para contrarrestar los efectos adversos del COVID19”, informó la Asamblea Legislativa en su cuenta oficial de Twitter.
La iniciativa de ley fue propuesta por el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabi, y contaba con el respaldo del presidente de la República, Nayib Bukele.
El diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, señaló la importancia de esta ley para evitar procesos burocráticos que retrasen la adquisición de productos médicos claves en el combate a la pandemia. «Los vendedores nos decían que para obtener el producto para salvar vidas teníamos que dar el 90% cuando la LACAP solo nos permite entregar el 30%», declaró Castro.
«Lo que estamos haciendo aquí es garantizar la continuidad de las vacunas para la población y darle cumplimiento a los artículos 1 y 2 de cumplir el derecho de a la vida y la salud del pueblo. Es irresponsable hablar de modalidades de contratación; en el tiempo del auge de la pandemia, cuando este órgano Ejecutivo tomó las decisiones el mundo se volvió de vendedores; todos los países querían armarse con el equipamiento necesario», agregó.
La iniciativa contó con los votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN. Por su parte, el bloque de oposición liderado por ARENA y complementado por el FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos no respaldaron la ley que busca darle al Ejecutivo la capacidad de adquirir productos para el manejo, control y contención de la pandemia a la mayor brevedad posible.
A ocho años de cárcel fue condenado el estafador Walter Reyneris González Contreras, quien engañó a una víctima con la venta de un inmueble en San Salvador.
Además de los años de prisión, el Tribunal Sexto de Sentencia, ha ordenado que debe de pagar $25,000 en concepto de responsabilidad civil, por el delito de estafa agravada.
La Fiscalía General de la República expuso durante la vista pública que González Contreras, le ofreció a la víctima la venta de un inmueble ubicado en San Salvador por un monto de $25,000.
La persona afectada le pidió toda la documentación para verificar que el inmueble estuviera inscrito en el Centro Nacional de Registros (CNR), por lo que el imputado le entregó una escritura a nombre de la supuesta vendedora, Ana Elisa Alemán Rivera, quien ha sido separada del proceso.
Confiada en que los documentos eran auténticos la víctima formalizó la compraventa del inmueble el 4 de enero de 2018 y desembolsó los $25,000, para no levantar sospecha, Alemán Rivera compareció para firmar el contrato a favor de la víctima.
Después, el hermano de la persona denunciante se presentó a la administración del edificio para consultar los costos de mantenimiento del local, pero le informaron que el inmueble no había sido vendido y que pertenecía a otra persona distinta de Ana Elisa Alemán Rivera.
La víctima se comunicó con González Contreras para reclamarle que ese local estaba a nombre de otra persona, respondiéndole que le devolvería el dinero, pero nunca le hizo la entrega, por lo que acudió a denunciarlo.
Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez, quien se hacía pasar como doctora, utilizando el número de registro de una profesional de la medicina, fue enviada a juicio por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador
Al finalizar la audiencia preliminar se le decretó auto de apertura a juicio por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material, será un tribunal de sentencia el que definirá su situación jurídica.
El caso comenzó a ser investigado en mayo de 2022, cuando la víctima detectó que alguien estaba utilizando su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), esa irregularidad fue reportada al Consejo Superior de Salud Pública.
En las pesquisas efectuadas se determinó que Cárcamo Jiménez, se hacía pasar como doctora y había rentado un local para instalar un consultorio con el fin de atender pacientes, realizar evaluaciones médicas, prescribir recetas, también efectuaba procedimientos quirúrgicos.
Cuando las autoridades realizaron una inspección les proporcionó otro número de registro de la JVPM inexistente, eso provocó que los inspectores dieran aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuando la detuvieron le decomisaron gabachas médicas con logotipos de hospitales nacionales, equipo médico y sellos profesionales.
En la resolución emitida por el juzgado se detalla que hay suficientes elementos de prueba que un tribunal de sentencia debe analizar y debatir mediante una vista pública.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de cinco personas señaladas de participar en una pelea ocurrida frente a un bar ubicado en el kilómetro 12½ de la carretera Troncal del Norte, en Apopa.
Según las autoridades, el incidente quedó grabado en video y posteriormente circuló en redes sociales.
Luis Alexander Campos Rauda, Jaqueline Lisbeth Alfaro Marroquín, Michael Jeremías Borja Efigenio y Jorge Amílcar Mazariego Marroquín serán remitidos por el delito de lesiones.
Mientras tanto, Edwin Alexander Beltrán Escobar enfrentará cargos por desórdenes públicos.
