Internacionales
Hallan armas de guerra en cárcel venezolana
Lanzacohetes, granadas y municiones de alto calibre, máquinas para minar criptomonedas, drogas y motos de lujo fueron exhibidas como parte de lo incautado en el centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, que funcionaba como centro de operaciones de la banda criminal Tren de Aragua.
Es un reflejo del nivel de control que tenía en la cárcel esta temida agrupación criminal nacida en Venezuela y que actúa en varios países de América Latina.
«Ha sido una operación exitosa, impecable, que nos ha permitido dar un duro golpe contra grupos criminales», se felicitó en rueda de prensa el ministro del Interior, Remigio Ceballos, al ofrecer balance de la intervención de ese centro penitenciario, el miércoles, con un enorme despliegue de 11,000 militares y policías, apoyados por tanquetas y vehículos blindados.
A un costado de Ceballos en la entrada del penal eran expuestas a manera de «botín de guerra» montañas de municiones de alto calibre y armamento de guerra: fusiles de francotiradores y granadas de mano estaban sobre una mesa y en el suelo se exhibían dos lanzacohetes antitanques y explosivos y detonantes.
El ministro no precisó cantidades, tampoco alguna teoría de cómo entró ese armamento a Tocorón o del control del Tren de Aragua en ese penal. Adelantó que cuatro funcionarios fueron arrestados durante la toma y acusados de complicidad con los criminales que dominaban la cárcel y que hay varias investigaciones en curso para «establecer responsabilidades».
«No habrá impunidad. Vamos contra todos los criminales y cómplices», prometió Ceballos.
Máquinas para minado de bitcoin fueron exhibidas en medio del arsenal, custodiado por miembros de la brigada de acciones especiales de la Policía Nacional.
Los «pranes», como llaman en Venezuela a los líderes de los reclusos en las atestadas cárceles del país, tenían tal control del lugar que habían construido una especie de ciudadela en la que tenían una piscina, un campo de béisbol, un zoológico, una discoteca e incluso una agencia bancaria.
Tocorón tenía unos 1,600 privados de libertad que están siendo trasladados a otros penales, pues el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que el penal entrará en un «proceso de reestructuración» tras su desalojo.
Ceballos lamentó la muerte de un militar durante la operación, preparada por las fuerzas de seguridad durante un año.
Señaló que «más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal» fueron identificados sin mencionar expresamente al Tren de Aragua o a su líder Héctor Guerrero Flores, condenado a 17 años de prisión por múltiples homicidios y tráfico de drogas.
El papa León XIV recibió este viernes a los obispos de El Salvador, quienes se encuentran en Roma para realizar la visita «ad limina Apostolorum», una jornada en la que los representantes de la Iglesia salvadoreña presentaron al Pontífice la situación de sus diócesis y los principales desafíos pastorales.
El encuentro se desarrolló al cierre de la visita iniciada el pasado 7 de septiembre, durante la cual los obispos sostuvieron reuniones con diferentes organismos de la Curia Romana y compartieron aspectos relacionados con la realidad de El Salvador y de la Iglesia en el país.
Como parte de la visita, los obispos entregaron al papa León XIV una reliquia de primer grado de san Óscar Arnulfo Romero, figura central de la Iglesia salvadoreña y uno de los santos más reconocidos del país.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez destacó el ambiente de cercanía durante las actividades realizadas en Roma y señaló que los encuentros permitieron abordar diferentes temas de interés para la Iglesia salvadoreña.
Entre los aspectos señalados por el cardenal estuvo la importancia de colocar a la persona humana en el centro frente a los desafíos actuales. También destacó el legado de san Romero y el cariño que existe hacia su figura dentro de la Iglesia.
Rosa Chávez hizo además un llamado a mantener la esperanza y a trabajar por una cultura de encuentro y diálogo en El Salvador, con una mirada puesta en el futuro del país.
Al finalizar su participación, el cardenal dejó un mensaje para los salvadoreños: «Que no decaiga la esperanza. Que sigamos esperando con esperanza y soñando el futuro que Dios quiere», expresó.
Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Estados Unidos que le permita continuar el proceso judicial en su contra bajo arresto domiciliario, debido a problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención médica especializada.
Flores, de 69 años, se encuentra detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde permanece desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas.
Antes de su captura, Flores «estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual», aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.
Sin embargo, de acuerdo con su defensa, actualmente toma cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.
Ante esta situación, el abogado solicitó que Flores sea trasladada a una residencia privada en Estados Unidos, donde cumpliría un régimen de arresto domiciliario bajo condiciones estrictas. La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, el uso de un brazalete electrónico y la confiscación de su pasaporte.
El pedido también señala que las condiciones de reclusión actuales no le permiten recibir la atención que necesita para atender sus problemas de salud.
El exmandatario venezolano y su esposa están procesados en Estados Unidos y acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia ese país, cargos que ambos niegan.
Hace una semana, Maduro solicitó desestimar los cargos en su contra y apeló a su inmunidad como jefe de Estado para argumentar que el tribunal de Nueva York que lleva su caso y el de Flores no es competente.
Desde que Maduro fue depuesto, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
