Internacionales
Francia cuestiona su sistema judicial tras el presunto asesinato de una niña
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
El Gobierno de China elevó este martes el grado de alerta por inundaciones del nivel IV al nivel III en la provincia nororiental de Jilin, luego de que fuertes lluvias provocaran graves inundaciones en la región.
Bajo el impacto del tifón Bavi, las persistentes lluvias torrenciales han afectado Jilin y provocado que el río Songhua, a su paso por la provincia, registre su primera crecida en lo que va del año. Además, el río Meihe, afluente del río Huifa, sufrió su mayor inundación desde el inicio de los registros hidrológicos.
Las previsiones indicaban que las fuertes lluvias continuarían durante el martes y se prolongarían este miércoles, con precipitaciones intensas o torrenciales en algunas zonas de las regiones central y oriental de la provincia.
Asimismo, es probable que todo el curso del río Huifa supere los niveles de alerta. Las autoridades mantienen la vigilancia ante los elevados riesgos de crecidas fluviales, torrentes de montaña, desastres geológicos, emergencias en embalses pequeños y medianos, así como anegamientos urbanos.
La situación del control de inundaciones continúa siendo grave y compleja.
La Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequía decidió elevar el nivel de respuesta de emergencia para Jilin a las 4:00 p.m. del martes, hora local. Un equipo de trabajo enviado previamente por la institución permanece en el terreno para orientar las operaciones de control de inundaciones y brindar apoyo ante posibles desastres.
China cuenta con un sistema de respuesta de emergencia de cuatro niveles, siendo el nivel I el de mayor gravedad.
Por otra parte, China asignó 30 millones de yuanes, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares, del presupuesto central para apoyar los esfuerzos de recuperación de emergencia en la provincia de Liaoning, en el noreste del país, recientemente afectada por fuertes tormentas e inundaciones, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).
De acuerdo con la CNDR, los fondos serán utilizados para la reconstrucción de infraestructura dañada y la reanudación de la producción local.
El Ejército de Colombia liberó a 39 personas que habían sido secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona remota del noroeste del país, informaron las autoridades. Dos soldados murieron durante el operativo.
Los rebeldes capturaron a las 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera ubicada en una zona rural de la región de Chocó, donde el ELN mantiene una fuerte presencia y se financia mediante el narcotráfico y la minería ilegal.
Los civiles se desplazaban en dos autobuses cuando fueron abordados por los guerrilleros, quienes mantienen un bloqueo en la vía que conecta el departamento de Chocó, ubicado sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, con la ciudad de Medellín.
Las autoridades anunciaron la liberación de los civiles durante la tarde, tras un operativo militar que dejó dos soldados fallecidos. Otros cinco efectivos resultaron heridos luego de que los rebeldes activaran una carga explosiva, explicó el Ejército.
El grupo de personas liberadas fue trasladado en helicóptero hacia una base militar ubicada en la capital del departamento.
Imágenes difundidas por medios colombianos y señaladas como correspondientes al lugar del secuestro mostraron intensos tiroteos.
Chocó es uno de los enclaves históricos del ELN. En esa zona, el grupo ejerce un fuerte control sobre la población mediante extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública.
La gobernación local pidió a los ciudadanos abstenerse de transitar por la vía afectada, donde el ELN y el Ejército mantienen combates.
De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la guerrilla de las FARC.
Internacionales
OPS advierte sobre riesgos sanitarios tras terremotos que dejaron 4,734 fallecidos en Venezuela
A casi tres semanas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, la respuesta sanitaria entró en una fase crítica de recuperación temprana, centrada en restablecer los servicios esenciales de salud, fortalecer las redes de referencia y prevenir emergencias secundarias de salud pública, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con un balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que afectaron principalmente la región norte-centro del país, han dejado 4,734 personas fallecidas y 16,740 heridas.
Además, 17,907 personas se quedaron sin vivienda y 20,903 damnificados se han instalado en 107 campamentos temporales. Asimismo, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.
En este contexto, la OPS señaló a través de un boletín que, si bien la atención médica de emergencia y las evaluaciones rápidas permitieron salvar vidas durante los primeros momentos posteriores al desastre, la prioridad se centra actualmente en restablecer los servicios de salud, rehabilitar los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de la atención esencial conforme avance la recuperación.
«A medida que la respuesta entra en esta nueva etapa, la OPS continúa apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante cooperación técnica y la coordinación del Clúster de Salud, que reúne a 110 organizaciones involucradas en la respuesta sanitaria y es codirigido por la OPS y el Comité Internacional de Rescate (IRC)», indicó la entidad panamericana.
Según la OPS, el Análisis de la Situación de Salud Pública identifica los principales riesgos sanitarios previstos para los próximos tres meses y orienta las prioridades en materia de vigilancia epidemiológica, vacunación e intervenciones relacionadas con agua, saneamiento e higiene.
La organización advirtió que el desplazamiento de personas, el hacinamiento y las interrupciones de los servicios esenciales incrementan el riesgo de enfermedades diarreicas y respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y padecimientos prevenibles mediante vacunación.
Estas condiciones también podrían agravar la desnutrición, las complicaciones relacionadas con la salud materna y las necesidades de atención en salud mental.
«A medida que la respuesta deja atrás la fase de emergencia inmediata, mantener el acceso a los servicios esenciales de salud seguirá siendo fundamental para proteger la salud de las comunidades afectadas», consideró la OPS.
La entidad regional subrayó que trabajará junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus socios para fortalecer las capacidades nacionales y apoyar una recuperación que no solo permita restablecer los servicios sanitarios, sino también fortalecer la resiliencia del sistema de salud de cara al futuro.
