Internacionales
Estados Unidos informa nuevas vías de inmigración legal de Colombia y Centroamérica
Agencias
El Gobierno de Joe Biden da una nueva vuelta a su política migratoria con el principio que la inspira: más vías legales de llegada y más dificultades para la inmigración irregular.
Esta vez lo hace con la presión de que el 11 de mayo expira legalmente en Estados Unidos la emergencia sanitaria por la pandemia y, con ella, el llamado título 42, que permite las devoluciones rápidas de inmigrantes.
Estados Unidos teme un aumento del flujo migratorio en la frontera con México y este jueves ha anunciado, por un lado, más medidas de control y, por otro, la extensión de vías legales de migración a países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y Sudamérica (Colombia). Entre las novedades, Washington ha acordado con otros países crear centros de inmigrantes en la región, donde se procesarán y evaluarán entre 5,000 y 6,000 solicitudes cada mes.
“Tenemos la obligación de eliminar del proceso a los traficantes de personas”, ha dicho esta mañana el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. “Estamos construyendo vías para que la gente llegue a Estados Unidos sin que tengan que depender de los traficantes, pero al mismo tiempo imponemos consecuencias para quienes no usen estos caminos y emigren de forma irregular”, ha añadido el funcionario en una comparecencia junto con Antony Blinken, el encargado de Exteriores de Biden. Las autoridades han detenido a unos 10,000 traficantes de personas, o polleros, desde abril del año pasado.
Varios cargos de la Administración han advertido este jueves que el fin del título 42 no significa “que la frontera esté abierta”. La norma, empleada por primera vez en 1929 para contener la inmigración asiática, fue rescatada por el presidente Donald Trump en marzo de 2020 por motivos sanitarios, al inicio de la pandemia.
La oposición republicana, con Donald Trump a la cabeza, acusa a Mayorkas de ser responsable de una “invasión” en la frontera con México y la inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate político en Estados Unidos.
Hacen falta inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo vacantes, pero los republicanos han armado un discurso en el que tratan de identificarlos con la delincuencia.
El inminente fin de la medida ha tensado la frontera sur de Estados Unidos. Las autoridades de decenas de poblaciones que limitan con México han mantenido asambleas extraordinarias para prepararse ante un incremento en la llegada de migrantes. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien lidera el ala más dura de los republicanos en política migratoria, ha informado esta semana de que movilizará a grupos especiales de la Guardia Nacional a 33 condados para contener el flujo, que podría llegar hasta a 18,000 cruces ilegales por día.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
