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EE.UU. negará “green cards” a migrantes que se vuelven una “carga pública”
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el reglamento de “carga pública” que complicará a inmigrantes la obtención de la Residencia Permanente y otro tipo de visas a partir del 15 de octubre, 60 días depués de su publicación.
La regla de 837 páginas se aplica a aquellos que buscan llegar o permanecer en los Estados Unidos a través de canales legales, considerando su posible riesgo para las finanzas del Gobierno federal, ya que la administración del presidente Donald Trump busca que todos los inmigrantes demuestren que pueden ser autosuficientes económicamente, indicó en conferencia de prensa, Ken Cuccinelli, director interino de la agencia.
“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Cuccinelli.
El documento señala que los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que solicitan beneficios monetarios o en especia durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses. En conferencia de prensa telefónica, una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que dos beneficios aplicados en un mes representarán dos meses a contar en contra del inmigrante que aplique por cambios de estatus.
A pesar de que el Gobierno estima importantes ahorros al implementar la medida, a funcionaria dijo que no hay un estimado de cuánta gente será afectada por esta regla, pero a pregunta expresa de este diario, USCIS reconoció según propios datos oficiales aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos (23% de todos los no ciudadanos) recibieron beneficios de al menos uno de los programas que se integran.
La agencia acotó que la población anual que sería sometida a esta normativa se estima en más de 380,000 extranjeros que solicitan un cambio de estatus.
“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoce la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.
La regla, que se publicará el oficialmente el próximo miércoles, modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.
Es decir, se pedirá a los extranjeros que buscan extender su estadía en el país o cambiar su estatus que no han aplicado a beneficios públicos de acuerdo a la nueva regla, además de precisar que los beneficios públicos no deben ser “un incentivo” para migrar a los Estados Unidos.
“La carga pública es motivo de inadmisibilidad”, se indica. “Esta regla no se aplica a ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la inadmisibilidad por carga pública”.
Agrega disposiciones especiales para casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias y el acceso a Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz, así como ciertos servicios financiados por Medicaid bajo el
“Esta regla final también aclara que el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario”, agrega. “No (se) considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro”.
La dispocisión también precisa una consideración especial para inmigrantes que son víctimas del crimen o ayudaron a resolver un delito y llevar a prisión a los culpables, es decir, aquellos que podrían obtener visas U o T, así como casos de asilo y refugiados, así como víctimas de violencia doméstica.
En un comunicado, el director interino Cuccinelli defendió la nueva disposición, al considerar que es parte de la INA, pero no tenía una definición clara.
“Durante más de un siglo, el motivo de inadmisibilidad de la carga pública ha sido parte de las leyes de inmigración de nuestra nación. El presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadounidense de aplicar la ley de inmigración al definir el motivo de inadmisibilidad de la carga pública que ha estado en los libros durante años”, expuso Kuccinelli. “La autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano. La autosuficiencia, la laboriosidad y la perseverancia sentaron las bases de nuestra nación y desde entonces han definido a generaciones de inmigrantes trabajadores que buscan oportunidades en los Estados Unidos”.
Dos estadounidenses que murieron el fin de semana en un choque vehicular cuando regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en una región escarpada de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto.
Dos investigadores mexicanos también murieron en el percance, que, según las autoridades mexicanas, ocurrió mientras regresaban de una operación para destruir laboratorios de drogas de grupos criminales. Ha habido discrepancias en los relatos públicos de lo ocurrido por parte de funcionarios de Estados Unidos y México, lo que, según expertos, subraya una mayor participación estadounidense en operaciones de seguridad en México y en toda la región.
Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron el martes la participación de la CIA; todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.
La confirmación de la participación de la CIA llega tras varios días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos sobre el papel que desempeñaron funcionarios estadounidenses en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el norte de México.
La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.
Trump ha ofrecido repetidamente tomar medidas contra los cárteles mexicanos, una intervención que Sheinbaum ha dicho que era “innecesaria”.
Los agentes de la CIA fueron identificados inicialmente como personal de la embajada por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, también exempleado de la agencia de inteligencia.
La embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadounidenses o para qué agencia del gobierno estadounidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”. La embajada, el Departamento de Estado y la CIA se negaron a comentar sobre las identidades de los reportes de la participación de la CIA en la operación.
Autoridades mexicanas afirmaron originalmente que trabajaban junto con agentes estadounidenses, pero se retractaron después de que el esfuerzo quedó bajo escrutinio de Sheinbaum.
La presidenta dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.
El martes, la presidenta sostuvo en su conferencia matutina que no sabía si los funcionarios formaban parte de la CIA, pero admitió que funcionarios estatales y Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”.
Es un tema delicado para la mandataria mexicana, ya que debe mantener un equilibrio con el gobierno de Trump, trabajando para mantener una relación sólida para contrarrestar las amenazas de intervención contra los cárteles y de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, subrayar la soberanía de México.
La CIA ha ampliado recientemente su colaboración con autoridades mexicanas, como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para detener el flujo de drogas ilícitas.
La presencia de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano ha sido objeto de un debate continuo, que sólo se ha intensificado después de las acciones militares de Trump en Venezuela e Irán.
El año pasado, Sheinbaum dijo que los vuelos de vigilancia con drones de Estados Unidos sobre su país se realizaban a petición suya después de una serie de declaraciones públicas contradictorias.
La controversia más reciente surgió en enero por la detención en México del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Mientras funcionarios mexicanos afirmaron que se entregó en la embajada de Estados Unidos, autoridades estadounidenses han descrito su captura como el resultado de una operación binacional.
“Hay un aumento de operaciones ocultas por parte de Estados Unidos en México bajo Trump”, dijo David Saucedo, un analista de seguridad mexicano. “Están ocultas porque el gobierno mexicano tiene un discurso de que no pueden permitir la presencia de agentes estadounidenses armados — es una especie de violación de la soberanía. El gobierno mexicano siempre ha tratado de ocultar esta colaboración”.
Sin precisar el número de desvinculaciones, el ministerio de Salud anunció hace una semana que decidió «optimizar recursos» luego de identificar una duplicidad de funciones y «otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales».
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) reportó hasta 1.200 despidos entre médicos, enfermeras y personal administrativo.
«No tenemos lo necesario para trabajar. No pasa por el despido, pasa porque los pacientes que compran las cosas para poderse operar, porque hay pacientes de emergencia en lista de espera» para acceder a una cirugía, dijo a la prensa Juan Barriga, jefe de Traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez.
Varias decenas de médicos con mandiles y enfermeras con sus uniformes blancos, así como pacientes y familiares, protestaron en el acceso a ese centro con carteles con leyendas como «No hay insumos, no hay medicamentos, la salud colapsa».
«Hay puros políticos y no hay políticas de salud para poder mejorar la salud», manifestó Barriga.
Apuntó que más de mil pacientes esperaban por una cirugía en el Pablo Arturo Suárez, uno de los sanatorios públicos más importantes de la capital.
El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, anunció el lunes la designación del sexto ministro de Salud en su gobierno. Nombró a Jaime Bernabé luego de que la vicepresidenta María José Pinto estuviera encargada de esa cartera desde noviembre pasado.
En medio de constantes denuncias de la población sobre la falta de medicamentos y atención, el mandatario dijo que Bernabé asumirá de forma inmediata para «acelerar lo que funciona y corregir lo que no».
«Ya hemos topado piso, se cierran los quirófanos, no hay personal para trabajar, no hay material», dijo Barriga mientras los manifestantes clamaban su rechazo a los despidos.
«Estamos ya hartos de ver tanta muerte y tanto dolor de la pobre gente», señaló a la prensa el presidente de la FME, Santiago Carrasco, quien anunció que habrá protestas similares a nivel nacional.
Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.
Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.
El también llamado «gas de la risa» es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.
«Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo», dijo a AFP Yannick Alléno.
Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.
Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período. El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos.
El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del «gas de la risa», que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes.
Julien (pseudónimo) es uno de ellos. Este joven de 21 años estuvo «enganchado» durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme «secuelas de por vida»: «Un placer efímero por un remordimiento eterno».
«Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo», asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta.
Para esta joven de 23 años se trata de «la peor droga», porque «está por todas partes». «Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben», suspira.
El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: «Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte».
El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del «gas de la risa» con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.
El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá. Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial.
La asociación demandó a dos empresas –el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa– que con «formas engañosas de comunicación» incitarían a los jóvenes a un mal uso del «gas de la risa».
En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para «crear bebidas y cócteles», aunque el chef no los ha visto «nunca» en cocina.
IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la «distribuidora de Cream Deluxe» y aseguró que ya no lo venden en Francia.
En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.
