Internacionales
Descubren campo de exterminio criminal en México
El drama de los desaparecidos en México, que se acrecienta entre víctimas impotentes e investigaciones sin resultados, resurge con fuerza tras el hallazgo de huesos calcinados en un lugar donde narcotraficantes adiestraban a personas reclutadas presuntamente por la fuerza.
Los restos fueron encontrados el 5 de marzo por familiares de desaparecidos agrupados en el colectivo Guerreros Buscadores, que asegura que este sitio, una finca de Teuchitlán (Jalisco, oeste), era, además, «centro de exterminio» con «crematorios clandestinos».
El predio ya había sido cateado en septiembre tras combates entre militares y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con fuerte presencia en este municipio a 60 km de Guadalajara, capital estatal. La fiscalía de Jalisco asegura que entonces encontró restos óseos con «exposición térmica», pero el colectivo descubrió la semana pasada más huesos enterrados, cientos de zapatos y otros objetos que pasaron desapercibidos durante el primer allanamiento.
Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15,000 de 124,059 registrados oficialmente, la mayoría desde 2006, cuando se declaró la guerra al narco. Esto es lo que se sabe del caso de Teuchitlán, que se suma al recuento de escabrosos hallazgos en medio de la escalada que triplicó la tasa de homicidios hasta 24 por 100,000 habitantes en dos décadas.
Tras llamadas anónimas, los buscadores iniciaron en el rancho Izaguirre sus acostumbradas excavaciones en busca de restos, cuenta Ulises Ruiz, fotógrafo de AFP que acompañó esas labores. Abrieron tres hoyos donde descubrieron trozos de huesos incinerados. Para el grupo, esas fosas eran «crematorios».
En una construcción hallaron varios cuartos con unos «200 pares de zapatos», ropa amontonada, maletas, productos de higiene y libretas con anotaciones sobre armas, apodos, compras y una carta.
«Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo», escribió un joven que habría sido secuestrado en febrero de 2024, pero que, según Guerreros Buscadores, volvió con su familia en octubre. También descubrieron cartuchos de armas largas percutidos, láminas para practicar tiro y un altar de la santa muerte, culto arraigado entre delincuentes. Desde octubre de 2023, colectivos reportaron el hallazgo de otros seis presuntos «crematorios clandestinos» en Jalisco.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?
La fiscalía de Jalisco admite que sus primeras pesquisas en Teuchitlán fueron «insuficientes».
«No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales», dijo esta semana el fiscal general, Alejandro Gertz, quien asumió el caso tras una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum.
«Tenemos que […] ver si realmente eso funcionaba como un crematorio», añadió Gertz. Pero tras nuevas inspecciones, la fiscalía de Jalisco aseguró el jueves que «no existen estructuras que fungieran como hornos», aunque sigue buscando posibles restos. La violencia desborda a las instituciones de seguridad y justicia mexicanas, lastradas, además, por vínculos con criminales.
En 2023, Jalisco tenía 798 fiscales para investigar 137,100 delitos cometidos ese año, una media de 172 casos por agente, según el instituto de estadística Inegi.
¿QUÉ REFLEJA EL HALLAZGO?
«Estamos hablando de un centro de reclutamiento de nuestros jóvenes», asegura Índira Navarro, líder de Guerreros Buscadores. Alude a una denuncia de que el CJNG, considerado terrorista por Estados Unidos, enrola a jóvenes en Jalisco y otras regiones mediante secuestros o falsas ofertas de empleo. En 2024, medios y colectivos documentaron unos 30 casos de jóvenes que desaparecieron cerca de la central de buses de Tlaquepaque (Jalisco) tras acudir a supuestas entrevistas de trabajo.
Un 40.6 % de los desaparecidos en México son hombres de 20 a 39 años. A mediados de 2023 fueron asesinados ocho jóvenes en Zapopan, cerca de Guadalajara, que presuntamente eran obligados a extorsionar desde un «call center».
El de Teuchitlán «era un campo de adiestramiento […] destinado a la preparación de presuntos sicarios», opina Jorge Ramírez Plascencia, que investiga la crisis de desaparecidos en la Universidad de Guadalajara.
Sostiene que el calzado y la ropa abandonados pertenecerían a pistoleros que suelen recibir prendas militares tras el entrenamiento. En su opinión, los restos serían de «reclutas asesinados».
Prácticas como la incineración de cuerpos «sirven para formarlos en tortura, desmembramientos, tolerancia a la muerte, tienen que comer cadáveres» o convivir con estos varios días, asegura.
Sin embargo, «no vería este lugar como un sitio de exterminio. Me parece demasiado lejos para llevar a 10, 20 personas para asesinarlas ahí», señala Ramírez.
Una batalla campal se vivió la noche del domingo en el barrio Los Fuertes y la zona de Monte Placentero, en la turística isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, Honduras. Esto luego de que personas que protagonizaban desórdenes públicos se resistieran a los llamados de atención de las autoridades y comenzaran a agredir a los agentes del orden.
Según medios locales, la Policía fue alertada sobre disturbios en el sector; asimismo, se registró un incendio en la zona. De esta manera, los agentes se movilizaron al lugar para restablecer el orden, pero fueron recibidos por alborotadores, algunos presuntamente bajo los efectos del alcohol, que comenzaron a resistirse a la autoridad y a enfrentarse con los uniformados.
En videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres agrediendo a los policías con objetos contundentes. Los agentes eran superados en número por los involucrados en los disturbios.
Un oficial que brindó declaraciones en el lugar de los hechos, sin identificarse, aseguró que dos policías resultaron heridos: uno sufrió golpes en la cabeza con una botella de vidrio y otro presentó múltiples lesiones.
Por otra parte, el comisionado Lisandro Muñoz expuso en un programa de televisión local que las 30 personas detenidas por el altercado enfrentarán a la justicia por alteración del orden público, entre otros delitos.
El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, fue sepultado de forma exprés en Managua la noche del domingo, informó la prensa oficialista.
El líder murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención.
Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un «preso de conciencia» de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia cristiana y amigos «acompañaron el sepelio» de Rivera «elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida», informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X.
El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.
Según un comunicado del ministerio de Salud, Rivera sufría un «deterioro físico y neurológico» como «consecuencia de una bacteria generada por el virus de la COVID-19».
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las «tradiciones» del pueblo miskitu.
También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.
El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples enfermedades, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial y demacrado, y la víspera reconoció que su condición era «crítica».
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar «profundamente preocupado» por la muerte de Rivera «bajo custodia del Estado», por lo que demandó una «investigación inmediata, independiente y transparente» y la liberación de «todos los presos políticos».
De la ONU a prisión
Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.
Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.
Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.
Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al regresar se le impidió el ingreso al país, pero luego entró clandestinamente.
En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del «riesgo» y que lo hacía por «amor» a su «tierra» y a su «pueblo».
Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.
Un centenar de desaparecidos
Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas «desparecidas forzadamente».
«Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles», afirmaron los juristas.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) sostuvo que «ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn».
Estados Unidos exigió el pasado viernes su liberación «incondicional» y tildó de «abominable» la «represión, violencia e inhumanidad» de la «dictadura» de Ortega y Murillo.
Rivera integró la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los «contras» en la década de 1980.
También fue líder de la milicia indígena Misurasata. Tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.
Noruega ha vivido la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en 1901, con temperaturas medias 2,1 grados Celsius por encima de la norma estacional, anunció el martes el instituto meteorológico.
Aunque el país escandinavo se libra de la ola de calor que afectó a Europa en mayo, las temperaturas por encima de la media en marzo y abril contribuyeron al récord, indicó un comunicado del instituto meteorológico.
«El sol es demasiado estable como para explicar el rápido cambio climático actual. Tiene que deberse a nuestras emisiones de combustibles fósiles», subrayó el climatólogo Jostein Mamen.
La última primavera más cálida se registró en 2024, cuando las temperaturas fueron 1,8 °C superiores a lo normal, y 2025 fue la segunda más cálida.
El calentamiento fue particularmente notable en el norte de Noruega.
En Svalbard, un archipiélago situado a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, las temperaturas en abril llegaron a situarse entre 5 y 6 grados por encima de lo normal, según el instituto.
El Ártico se calienta mucho más rápido que otras regiones debido a un proceso conocido como amplificación ártica.
Según la ONU, se espera que las temperaturas medias globales se mantengan «en niveles récord o cercanos a ellos» durante los próximos cinco años.
El aumento de las temperaturas a escala mundial conlleva un mayor riesgo de estrés térmico y fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones o sequías severas.
