Judicial
Sala acepta demanda de la UCA en contra del Gobierno por medidas adoptadas contra los reos en Centros Penales
La demanda de Habeas Corpus que presentó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), contra el Gobierno del Presidente BukeleLa Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido admitida.
La demanda es por las medidas adoptadas contra los reos de los penales de Zacatecoluca, Izalco, San Francisco Gotera, Quezaltepeque y Ciudad Barrios.
De acuerdo con la UCA, la Sala ha nombrado a uno de los Magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal como juez ejecutor para intimar al Presidente Bukele, al Ministro de Justica y al director de Centros Penales, para que se pronuncien sobre las supuestas vulneraciones constitucionales que han sufrido los pandilleros internados en esos penales.
La institución educativa hace referencia a la orden que dio el Jefe de Estado de sellar las celdas con estructuras de hierro por el alza de homicidios que sufrió El Salvador en el mes de abril.
De igual forma, como medida cautelar, la Sala ordenó suspender las medidas de máxima seguridad desplegadas en referidos penales. Además, se ordenó resguardar la salud de todos los pandilleros que se encuentran ahí recluidos.
“No se trata de defender delincuentes, sino de defender los derechos humanos fundamentes, que no se pierdan totalmente bajo ninguna circunstancia”, dijo la UCA en un comunicado.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
