Judicial
Sala de lo Civil condena a Lina Pohl en caso cerro El Águila
El caso de tala del cerro El Águila no ha concluido en los tribunales; pues la Sala de lo Civil condenó a Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por “omisión de sus funciones”, en la protección del bosque nebuloso ubicado en el cerro El Águila, en Juayúa, Sonsonate.
El daño ocurrió en 2010, 2013, 2016 y 2018 según el peritaje del mismo ministerio de Medio Ambiente.
La Sala revocó parcialmente el fallo de la Cámara Ambiental emitido en abril de 2021. En ese momento, la Cámara condenó a Orestes Ortez, exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), por “omisión de sus funciones”, pues no controló la explotación del bosque nebuloso; y al Estado-representado por la Fiscalía- como garante subsidiario, es decir, si los exministros no paguen por el resarcimiento de daños, el Estado pagará los costos económicos que implican el reparo ambiental de la finca El Águila, donde se originó la tala. En el mismo fallo, la Cámara Ambiental absolvió a la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, argumentando que el cumplimiento de la Ley Forestal es exclusivo del MAG.
Sin embargo, el 22 de diciembre de 2021, la Sala de lo Civil confirmó la condena de Ortez. Además, condenó a la exministra Pohl por “omisión de sus deberes legales de coordinación, control, supervisión y de adopción de medidas cautelares en las actividades forestales, que derivaron en daños ambientales”, plantea la Sala en su fallo.
“¿Cómo es posible que sos ministro, y tu mismo ministerio te dice aquí hay daños ambientales y vos no hagas nada. Eso es una omisión clara”, explica Gerardo Landaverde, representante de la firma de abogados ambientales Asociación Ecológica Para la Protección y Acción del Medio Ambiente Tierra Verde (AEPROTERRA), que mantuvo el caso durante dos años en tribunales.
La sentencia será firme en cuanto la Corte Suprema de Justicia resuelva si acepta o rechaza el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General de la República. Lo que prolongará el caso por lo menos dos años más. Si la casación es aceptada, el caso pasaría a discusión de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Pero, “actualmente está condenada (Pohl)”, dice Landaverde. Esta es la primera vez que en este país centroamericano se condena a exfuncionarios por “los daños ambientales que propició su negligencia”, añade.
Actualmente, Lina Pohl es la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Desde sus redes sociales promueve la protección de los bosques. Mientras que, la Fiscalía ha girado orden de captura contra Pohl por el lavado de 177 mil dólares en la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
La MalaYerba solicitó entrevista con Lina Pohl, a través de su representante legal, el abogado Luis Nieto, pero la exfuncionaria rechazó la entrevista. Además, el abogado dijo que no ha sido “notificado sobre ninguna resolución emitida por la Sala de lo Civil”, señaló Nieto.
La impunidad detrás de la tala
Según la Ley Forestal en El Salvador, creada en 1973 y modificada en 2002, el aprovechamiento forestal “es la cosecha de los productos forestales maderables y los no maderables hasta la cosecha final, todo de conformidad con normas de manejo que garanticen su sostenibilidad”. La definición establece un mecanismo “sostenible” para la extracción de los árboles, algo que no ocurrió en el aprovechamiento de la Finca Forestal El Águila, como lo determinaron los fallos de la Cámara Ambiental y la Sala de lo Civil.
Sin embargo, el propietario de la finca, el agrónomo Wilbert Figueroa Sándoval, quedó libre de cargos gracias al blindaje que le dio la Ley Forestal, que permite que fincas privadas, ubicadas en zonas de recarga hídrica, se utilicen para la explotación de madera.
El exmagistrado de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, explica que “la ley prácticamente no les exige nada” a las plantaciones forestales privadas. Él describe lo que vio en la inspección en el cerro “cuando uno va subiendo en las faldas son cafetales, en la parte intermedia es el bosque originario y cuando llega a la cima plantaciones forestales, esa es una locura total. Esa era y es, en algunos puntos, una zona de gran biodiversidad que nunca debió ser alterada en esos términos”, narra.
Pero el Estado no solo ha dejado en impunidad las actividades “sin control” del agrónomo Figueroa Sandoval en el cerro El Águila, sino que lo ha beneficiado con contratos en diversas entidades del gobierno.
Según datos del Centro Nacional de Registro, el agrónomo es representante legal de la inmobiliaria Proyectos Múltiples de Occidente, S.A. de C.V., con la que ha sido contratista del Estado: en la alcaldía de El Congo, en la CEL, y del Ministerio de Agricultura. En 2017, construyó para el Ministerio de Medio Ambiente -dirigido por Lina Pohl- dos kioscos en el Parque Nacional Los Volcanes, sector San Blas, zona que integra la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec.
El agrónomo Figueroa Sandoval, también, es presidente y representante legal de la Fundación Enrique Figueroa Lemus; que se auto promueve como una organización para la educación y protección ambiental del área boscosa Montecristo que une a Honduras, Guatemala y El Salvador, ubicada en el municipio de Metapán, Santa Ana.
La MalaYerba buscó al agrónomo Figueroa Sandoval a través de su empresa Productos Forestales, S.A. de C.V., pero la secretaria explicó que está “muy enfermo” y “no podrá” responder la solicitud de entrevista. Quien aceptó hablar en representación de la Fundación Enrique Figueroa Lemus, fue su hermana, Silvia Figueroa. Ella explica que la fundación fue creada por tres hermanos para conservar tres áreas protegidas que tienen a su cargo.
Al hablar sobre la finca El Águila, Silvia Figueroa aclara que es un inmueble que no conoce y que su hermano compró siendo una plantación forestal. Y resume que una plantación forestal “es un cultivo, no es un bosque” que tiene la función “de producir madera, no es la de tener biodiversidad, no es de producir agua”, argumenta.
Sobre la falta de criterio de sostenibilidad en la Finca El Águila, Silvia Figueroa reclama que: “Cualquiera puede decir mire, pero ahí vivía un sapito, pero estamos ocupando diez manzanas de 200, y ¿qué más quiere? Si no estamos ocupando ni siquiera un 10% del terreno y lo demás lo estamos dejando de bosque ¿y ese no es un sacrificio personal? ¿A cuenta de qué tenemos nosotros que hacer eso?”
La ambientalista apela a la labor que han realizado desde la Fundación Enrique Figueroa Lemus en comparación a las actividades de extracción de madera. “Tienen que hacer un balance del trabajo que nosotros hemos estado haciendo, tienen que ver que el aporte que hemos estado haciendo, el sacrificio, el trabajo y el amor con el que lo hacemos, no lo hace nadie, quizás, ni en Centroamérica”, sostiene.
La exmagistrada de la Cámara Ambienta, Cesia Romero, considera que en El Salvador no hay una legislación acorde a lo que requiere la protección ambiental. Y “se necesita actualizar la legislación, específicamente en el tema forestal. El enfoque que actualmente se tiene es más de aprovechamiento, que de protección y creo que a estas alturas decir proteger el medioambiente no es estar en contra del desarrollo”, añade Romero.
Pese a la importante generación de agua y a la rica biodiversidad que alberga, el municipio de Juayúa, a donde se ubica el cerro El Águila, perdió 684 hectáreas de cobertura boscosa, entre 2001 y 2020. Lo que es equivalentes a la producción de 365 millones de toneladas de CO2, revela la aplicación de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
La misma página detalla que tan sólo en el año 2020 Juayúa perdió 30.7 hectáreas de bosque, iguales a la liberación de 17.4 millones de toneladas de emisiones de CO2. La pérdida no se compara con la ganancia, pues Global Forest Watch ha registrado entre 2001 y 2012 una cobertura boscosa ganada de 14 hectáreas en Juayúa.
- Con reportes de: Julia Gavarrete.
- Este reportaje fue realizado gracias al apoyo de: International Women’s Media Foundation
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
