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2 de cada 5 cigarrillos que se consumen en El Salvador son de marcas ilegales
En El Salvador, la circulación de cigarrillos ilegales representó un 34% de total de cigarrillos que se consumieron en el país en 2022. En los departamentos de Santa Ana y Ahuachapán, estos cigarrillos – que no pagan impuestos – representan el 56% y el 50% respectivamente, del total de cigarrillos que se consumieron. Así lo reveló la última investigación realizada por la firma Total Research Network S.A.
Bajo la metodología de recolección de paquetes de cigarrillos encontrados en las diferentes calles y lugares de alto tráfico en el país, se determinó la presencia de marcas ilegales, como Modern, Marvel, Richman Royal y THIS. La investigación fue desarrollada durante el tercer trimestre del 2022 en ocho zonas de El Salvador.
Según el coronel Carlos Avilés, experto técnico de seguridad de ADES: “El problema del comercio ilícito de cigarrillos tiene graves consecuencias para la seguridad del país. Generan pérdida fiscal, son productos que no tienen controles y genera un ambiente de inestabilidad ya que se relaciona con otras actividades delictivas como crimen organizado, trata de personas y narcotráfico.”
De acuerdo con la investigación, en el departamento de Santa Ana, el comercio ilícito de cigarrillos creció en el 2022 un 20% con respecto al año anterior. Esto significa que estas localidades se venden más cigarrillos ilegales (56%) que los que cuentan con permisos sanitarios y están debidamente registrados.
La marca que lidera el mercado ilegal de cigarrillos es Modern, acapara el 24.3% del total de cigarrillos que se consumieron en el 2022. Marvel y Richman Royal representan el 3.4% de total cada una. Por último, la marca THIS empieza a reflejar un patrón de crecimiento pasando de 0.3% en 2021 a 1.5% para 2022.
“La falta de controles, el ingreso de productos por varias vías y ambientes restrictivos o altamente impositivos en cuanto impuestos, por lo general tienden a favorecer la comercialización de productos ilegales. Es importante continuar los esfuerzos que se realizan para controlar esta problemática”, afirmó el coronel Avilés.
En lo que va de este 2023, como parte del Plan Anticontrabando, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron 79 cajas que contenían 790,000 cigarrillos de la marca Modern y tres vehículos, utilizados para el contrabando, en el municipio de Aguilares, San Salvador.
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de El Salvador, estos cigarrillos ilegales están valorados en $188,880.04, solamente en este primer decomiso. El esfuerzo articulado del sector público y privado, a nivel nacional e internacional, permitirá reducir el daño del contrabando, brindar mejores productos a los consumidores y proteger la recaudación fiscal.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
