Nacionales
Ministerio de Salud acerca pruebas para detectar el COVID-19 en San Salvador, Ahuachapán y Chalatenango
Este jueves, personal del Ministerio de Salud se trasladó a los departamentos de San Salvador, Ahuachapán y Chalatenango para acercar las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) a la población salvadoreña; algo que ha sido de beneficio, según los ciudadanos.
“Yo lo veo bastante bien (hacerse la prueba) porque es súper importante saber si cargamos el virus. A mi me quedó súper accessible porque trabajo aquí cerca. Sinto que está muy bien el continuar haciendo las pruebas”, opinó Ada Nubia Hernández, quien se tamizó en la plaza Libertad, en el municipio y departamento de San Salvador.
Asimismo, el salvadoreño Farid Rojas destacó la importancia de hacerse estas pruebas, asegurando que es una herramienta vital para la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud en la lucha contra el coronavirus. Rojas explicó que acercar las cabinas del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) facilita a la población tamizarse.
El Gobierno mantiene esta medida a escala nacional, como algo preventivo para detección temprana del virus, lo cual permite tomar acciones rápidas y oportunas para evitar que la enfermedad se expanda y afecte a más familias salvadoreñas.
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un dispositivo de verificación para detectar dispositivos sonoros que no son de fábrica instalados en unidades del transporte colectivo.
Las autoridades informaron que los procedimientos se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 del Reglamento General de Tránsito.
“Todo dispositivo que no es de fábrica está siendo desinstalado en el momento de la notificación de la falta”, detalló el VMT.
Además, durante los procedimientos, las autoridades han impuesto sanciones por exceso de ruido, a partir de verificaciones realizadas en campo y denuncias ciudadanas.
Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
Una adolescente de 15 años fue privada de libertad por tres personas que, mediante amenazas a punta de pistola, sometieron a su familia y posteriormente huyeron con la menor desde el cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Tras recibir la denuncia, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que permitió ubicar el rumbo del vehículo utilizado por los involucrados. Sin embargo, estos abandonaron el automotor debido a desperfectos mecánicos e intentaron escapar junto con la víctima por una zona montañosa, sobre el kilómetro 33½ de la carretera Panamericana.
La intervención de las Fuerzas Especiales y otras unidades permitió someter a los involucrados, identificados como Manuel Esaú Más Juan, de 32 años, de nacionalidad guatemalteca; Luis Fernando Xitumul López, de 39 años, guatemalteco; y María Ofelia Galicia Zarceño, de 19 años, salvadoreña.
La institución señaló que este tipo de hechos “del pasado ya no tienen cabida en nuestro país”.
