Política
Buscan proteger 3,000 hectáreas de tierras agrícolas aledañas al periférico Claudia Lars
Los diputados de la Comisión Agropecuaria iniciaron el estudio de una iniciativa que busca declarar como inmuebles con función social las zonas productivas agrícolas y ganaderas aledañas al periférico Claudia Lars, en La Libertad, y aquellas comprendidas dentro del Distrito de Riego y Avenamiento n.° 1, Zapotitán.
Esta disposición busca proteger 3,000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas situadas en el kilómetro 30 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, pertenecientes a los municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce del departamento de La Libertad. También a las jurisdicciones de El Congo, en Santa Ana, y Armenia, en Sonsonate.
La diputada Norma Lobo expresó que, tras la construcción del periférico Claudia Lars, diversos empresarios han externado su interés de invertir en estas áreas, por lo que es necesario establecer una normativa que proteja las tierras agrícolas y ganaderas de la zona.
“Esta iniciativa permitirá que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente cuenten con las herramientas legales para velar por el buen uso de los suelos y la protección de los ríos”, sostuvo la parlamentaria.
Para el estudio del anteproyecto de ley, los legisladores recibieron los aportes de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y de representantes del Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG).
Durante su intervención, la titular de Vivienda explicó que estas propuestas son fundamentales para lograr un equilibrio entre la erradicación del déficit habitacional y el aseguramiento de tierras fértiles para la producción agrícola.
“Los esfuerzos de este Gobierno están enfocados en garantizar la soberanía alimentaria del país. Debemos establecer un equilibrio para poder erradicar el déficit de vivienda, pero también asegurar tierras para la producción agrícola”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la directora legal del Ministerio de Agricultura, Claudia Díaz, señaló que la institución ha realizado estudios para identificar el asentamiento de comunidades, granjas e industrias que funcionan en la zona sin tener los permisos pertinentes.
El legislador Ricardo Rivas, presidente de la Comisión Agropecuaria, sostuvo que con esta iniciativa se busca generar una dinámica productiva autosostenible, en el marco de la implementación de proyectos agrícolas y ganaderos amigables con el medio ambiente y los recursos naturales.
“Debemos saldar este tema para tener seguridad alimentaria. Para los próximos años, queremos tener la certeza de que contaremos con alimentos en la mesa del pueblo», dijo el legislador de Nuevas Ideas.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
