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$58,000 en telefonía e internet se gastó Mario Ponce, 49 días antes de concluir su gestión en la A.L.
Cuarenta y nueve días antes de concluir su gestión como presidente de la anterior Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, gastó $58,860.66 en cinco contratos que suscribió en marzo de 2021 para el suministro del servicio de cable, telefonía e internet dedicado a ese órgano del Estado.
Ponce suscribió los contratos después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer públicamente los resultados de los comicios del 28 de febrero de 2021, sabiendo que quedaba fuera como diputado propietario del PCN por la circunscripción de Cuscatlán.
La gestión presidencial de Ponce —puesto que ocupó gracias a la venia de ARENA y del FMLN— concluyó el 30 de abril de 2021, pero los contratos los suscribió para un plazo de nueve meses, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Es decir, el exlegislador dejó comprometidos fondos que serían ejecutados por la nueva presidencia y la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que asumió funciones el 1.° de mayo del año pasado.
Los cinco contratos suscritos por Ponce fueron con la modalidad de libre gestión. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) define en el artículo 40, literal b, que podrá utilizarse la figura de libre gestión «cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a 160 salarios mínimos mensuales para el sector comercio»; sin embargo, «debe dejarse constancia de haberse generado competencia» para la prestación del servicio y el contratante; en este caso, la Asamblea Legislativa debe haber «solicitado al menos tres cotizaciones».
El primero de los cinco contratos fue suscrito el 12 de marzo de 2021 con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, por un monto de $18,000. La empresa se comprometió a suministrar el servicio de telefonía fija en las oficinas del Palacio Legislativo —en el Centro de Gobierno—, en las 13 oficinas departamentales y en el Centro Cívico Cultural Legislativo, conocido como Villa Dueñas.
El contrato explica que el servicio únicamente consistía en permitir «el tráfico de llamadas sin costo» y «sin límite de tiempo» entre teléfonos fijo y fijo, fijo y móvil, móvil y fijo, y móvil y móvil, pero se debía pagar además una cuota mensual fija por el servicio telefónico. Todas las llamadas que no estuvieran incluidas en estas cuatro modalidades y se hicieran hacia un número de una compañía telefónica distinta de la que prestaba el servicio generaría «un costo adicional para la institución contratante», es decir, la Asamblea.
Según la cláusula séptima del contrato —que fue hecho por libre gestión con el código LG-31/2021—, la empresa se comprometía a brindar el servicio a partir del 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2021.
El 22 de marzo del año pasado, Ponce suscribió el segundo contrato también con la empresa Escucha Panamá, S. A., sucursal El Salvador, esta vez por un monto de $13,221. La empresa se comprometió a proporcionar el «servicio de enlace de datos» para «interconectar a nivel de red informática las oficinas del Palacio Legislativo con las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa».
El plazo y la vigencia del contrato —por libre gestión con el código LG26/2021— comenzó el 1.º de abril y finalizó el 31 de diciembre de 2021, refleja la copia del documento publicada en el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa.
Por: DES.
Equipos de la alcaldía de San Salvador Este realizaron labores de limpieza de tragantes en el sector de Las Margaritas, en las cercanías del Centro de Convivencia, distrito de Soyapango, como parte de las acciones preventivas para evitar inundaciones y garantizar el adecuado drenaje de aguas lluvias en la zona.
«Estas acciones permiten mejorar el sistema de drenaje pluvial, prevenir acumulación de agua y contribuir a mantener espacios más limpios y seguros para la comunidad», publicó la municipalidad en redes sociales.
Otra de las tareas para prevención que se realizaron es la poda en diversos puntos del distrito de Soyapango; y la residencial Bosques de la Paz, en Ilopango; con el objetivo de reducir riesgos, mantener despejadas las vías y contribuir al bienestar de las comunidades.
Además, la recolección de materiales voluminosos en la comunidad El Pepeto 3, en el distrito de Soyapango.
«Estas acciones forman parte del esfuerzo constante como municipalidad para promover entornos más limpios, ordenados y seguros para todos los habitantes», indicaron las autoridades.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
El nivel de popularidad del presidente Nayib Bukele entre los uruguayos es del 45 %, el más alto obtenido de entre 14 jefes de Estado que fueron evaluados en Uruguay en la última encuesta desarrollada por Equipos Consultores.
De acuerdo con el análisis de la casa encuestadora, Bukele es el líder más conocido por los uruguayos, a diferencia de otros mandatarios, incluso de países suramericanos.
Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, dio a conocer los hallazgos del estudio, indicando que «el de mejor imagen es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que además es el único con saldo neto positivo; quiere decir que, si le restamos la antipatía, sigue teniendo balance positivo».
«Bukele es el fenómeno que rompe los ojos en términos de magnitud de la diferencia con el resto», dijo Zuasnabar durante la presentación de los resultados en el informativo «Subrayado».
También añadió: «Cuando pasamos al gráfico de los votantes de la Coalición Republicana, los que tienen más simpatía, evidentemente destaca más todavía Bukele (52 %)».
En el informe publicado, Equipos Consultores resaltó que Bukele obtuvo además resultados «para nada despreciables entre los votantes del Frente Amplio (coalición de izquierda en el gobierno), lo que resulta llamativo».
Respecto a esto, el jefe de Estado salvadoreño resultó con el 41 % de simpatía, ocupando el segundo lugar después de Luiz Inácio Lula da Silva, líder izquierdista de Brasil.
El estudio reveló que el brasileño es el segundo mejor evaluado por los uruguayos en la tabla general, pero es el mejor evaluado entre los frenteamplistas, con saldo neto favorable. Entre los votantes de la Coalición, el argentino Javier Milei ocupa el segundo lugar.
«Es posible que los detalles y consecuencias de algunas de las políticas de Bukele no sean tan conocidas localmente como sus logros en materia de seguridad pública. Los resultados muestran que su figura despierta atractivo en diferentes tiendas políticas», dijo Zuasnabar.
Equipos Consultores consideró en su evaluación a otros líderes a escala mundial, hacia quienes los encuestados manifestaron desconocer de su trabajo en sus respectivos países y el impacto internacional de estos.
Señala en el estudio que hay un conjunto de líderes que resultan menos conocidos para la población uruguaya.
«Tres de cada cuatro uruguayos no conocen al nuevo presidente chileno José Antonio Kast; dos tercios no ubica a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum; y la mitad de la población uruguaya no logra calificar al mandatario chino Xi Jinping, el español Pedro Sánchez, el colombiano Gustavo Petro o la venezolana Delcy Rodríguez», indicó.
La encuestadora indicó en su publicación que, con base en los resultados, «en el mundo actual los uruguayos no parecen encontrar ejemplos de líderes atractivos para una sensibilidad común, ya que la mayoría de los líderes evaluados son rechazados o poco conocidos».
