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Judicial

Prisión provisional para expresidente de BANDESAL por actos arbitrarios y cohecho impropio

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El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador desarrolló, este lunes, la audiencia inicial en contra de Juan Pablo Durán Escobar, expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), quien es acusado por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio (pedir sobornos).

De acuerdo a las investigaciones, el exfuncionario cometió los delitos, entre los años 2019 y 2022, autorizando fondos millonarios para beneficio económico propio, de terceros y de un banco privado del que era accionista.

«Al señor Juan Pablo Durán Escobar se le atribuye la autoría directa de los delitos de actos arbitrarios, y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública, los hechos que se están conociendo en el presente caso en el que el señor Durán Escobar fungió como presidente de Bandesal, institución en la que él autorizó y realizó diversas acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario a favor de él y de terceros», ha señalado el fiscal del caso, durante la presentación del requerimiento en contra de Durán Escobar.

Agregó: «El acusado también generó beneficios económicos para un banco perteneciente al sector privado con el cual ha tenido relación desde hace varios años en las que tiene participación accionaria».

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, indicó que el caso tiene reserva total y que Durán Escobar seguirá en prisión mientras continúa el proceso de instrucción.

El pasado sábado 30 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la captura del expresidente de BANDESAL), a su llegada al país en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Durán Escobar fue separado de su cargo en marzo de 2022. La FGR informó en su cuenta X que tras la separación de Durán Escobar del cargo recibió información por parte del Gobierno para iniciar una investigación que dio como resultado la detención del exfuncionario.

El presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, sostuvo que la detención del exfuncionario es la continuación de la guerra contra la corrupción anunciada el pasado 1 de junio.

«En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades», escribió Bukele en su cuenta X.

El jefe de Estado reiteró su compromiso de cero impunidad al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participaron de actos de corrupción.

«El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntase a esperar su turno», sentenció el gobernante en la red social.

El pasado 3 de octubre, las autoridades ejecutaron allanamientos en diversos inmuebles que pertenecen Durán, entre ellos una casa de cinco niveles.

«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», explicó el fiscal del caso.

Las autoridades detallaron que se intervinieron la vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico, con el «fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente».

«También se han hecho efectivas las órdenes de registro en las sociedades Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, Asesoría Financiera Integral… Entre otras», indicó el fiscal.

Otra de las líneas de investigación de este caso es que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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