Judicial
Ordenan que profesor siga preso por acosar a una alumna
El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, resolvió que siga en prisión el profesor Antonio Mendoza Ascencio, acusado por la Fiscalía General de la República de acoso sexual.
Al finalizar la audiencia inicial el juez ordenó que el presunto acosador continuén en la cárcel mientras el proceso avanza a la segunda etapa del proceso penal y la Fiscalía recopila nuevos elementos de prueba que deberá presentar antes que finalice la etapa de investigación.
«Mendoza tocaba de forma inapropiada a la víctima, una menor de edad estudiante del centro escolar donde el imputado laboraba», publicó el ministerio público.
El caso comenzó a ser investigado luego que la víctima informara de lo que había ocurrido con el docente, al recopilar toda la información del caso se ordenó la detención para que se le iniciara el proceso penal.
Un informe fiscal señala que el profesor tiene antecedentes penales por el delito de acoso sexual y dos procesos administrativos activos en la Junta de la Carrera Administrativa, por el mismo delito.
Este ilícito según el artículo 165 del Código Penal es sancionado con prisión de tres a cinco años, pero cuando es en perjuicio de menor de 15 años la pena que debe aplicarse es de cuatro a ocho años de cárcel.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
