Judicial
Más de $177,000 en bienes de dos mujeres prestamistas pasan al Estado
En San Salvador, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio resolvió que pasen al Estado, cuatro inmuebles, tres vehículos y $91,401 decomisados a dos prestamistas de Sonsonate procesadas por casos especiales de lavado de dinero.
Los bienes eran propiedad de María Cordero de 75 años quien estuvo meses en prisión por lavar dinero, pero en un procedimiento abreviado fue condenada y al salir de prisión se compró dos terrenos de $20,000 cada uno, según se dijo en la audiencia de sentencia.
Su hija, Sandra Portillo Cordero también era parte del proceso, pero al final solo su madre terminó con el litigio, ya que fue asesinada en un caso que en su momento la Fiscala calificó como feminicidio.
Un abogado dijo que Sandra estaba siendo extorsionada y le habían exigido $15,000, el ministerio público ha dicho que ella tenía vínculos con un sujeto de pandillas quien también era buscado por extorsión.
Este expediente de extinción de dominio inicia el 7 de septiembre de 2017, cuando fue allanada la vivienda de las dos mujeres en el municipio de Sonzacate, Sonsonate, donde le decomisaron a María Cordero $91,401. Después las autoridades incautaron los tres vehículos y los inmuebles a nombre de ambas.
Según el ministerio público los bienes estaban vinculados a grupos de pandillas ya que Sandra Cordero, mantenía amistad con un integrante de la mara salvatrucha. En el proceso no pudieron respaldar el origen de los bienes con una fuente lícita.
En la resolución del juez se estableció que la abundante prueba presentada por el ministerio público, entre la que hubo testimonios, documentos y una investigación patrimonial, acreditó que las mujeres se hicieron de bienes de origen desconocido.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
