Judicial
Más de $177,000 en bienes de dos mujeres prestamistas pasan al Estado
En San Salvador, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio resolvió que pasen al Estado, cuatro inmuebles, tres vehículos y $91,401 decomisados a dos prestamistas de Sonsonate procesadas por casos especiales de lavado de dinero.
Los bienes eran propiedad de María Cordero de 75 años quien estuvo meses en prisión por lavar dinero, pero en un procedimiento abreviado fue condenada y al salir de prisión se compró dos terrenos de $20,000 cada uno, según se dijo en la audiencia de sentencia.
Su hija, Sandra Portillo Cordero también era parte del proceso, pero al final solo su madre terminó con el litigio, ya que fue asesinada en un caso que en su momento la Fiscala calificó como feminicidio.
Un abogado dijo que Sandra estaba siendo extorsionada y le habían exigido $15,000, el ministerio público ha dicho que ella tenía vínculos con un sujeto de pandillas quien también era buscado por extorsión.
Este expediente de extinción de dominio inicia el 7 de septiembre de 2017, cuando fue allanada la vivienda de las dos mujeres en el municipio de Sonzacate, Sonsonate, donde le decomisaron a María Cordero $91,401. Después las autoridades incautaron los tres vehículos y los inmuebles a nombre de ambas.
Según el ministerio público los bienes estaban vinculados a grupos de pandillas ya que Sandra Cordero, mantenía amistad con un integrante de la mara salvatrucha. En el proceso no pudieron respaldar el origen de los bienes con una fuente lícita.
En la resolución del juez se estableció que la abundante prueba presentada por el ministerio público, entre la que hubo testimonios, documentos y una investigación patrimonial, acreditó que las mujeres se hicieron de bienes de origen desconocido.
A una pena de 32 años de prisión fue condenado Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas (una de ellas con discapacidad mental) en Ciudad Arce, La Libertad Centro, durante los años 2022 y 2024.
El imputado habría aprovechado su relación con la madre de las víctimas para acercarse a ellas y violarlas mientras estaban bajo su cargo o cuando dormían.
Durante dos años Álvarez mantuvo amenazadas a las menores para que guardaran silencio y no lo delataran; tiempo después le contaron a unos familiares, quienes las acompañaron a denunciar y mediante orden fiscal el imputado fue detenido.
La condena de cárcel fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el fiscal en juicio.
A Hernández Álvarez se le condenó por el delito de violación agravada continuada (16 años por víctima) y está obligado al pago de $3,600 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
