Internacionales
Hambre y ahogamientos: la peligrosa ruta de los migrantes entre África y Arabia
En una llanura arenosa de Yibuti calcinada por el sol, hombres caminan hacia sus lejanos hogares tras fracasar en su intento de llegar a Yemen por la Ruta del Este entre el Cuerno de África y la península Arábiga, uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo.
Tienen el rostro demacrado. Algunos dicen no haber comido nada desde hace varios días. Solo unas pocas acacias raquíticas ofrecen, a veces, un poco de sombra. En abril, para los yibutianos es «invierno» y hace 35°C.
Como la inmensa mayoría de los migrantes que recorren esta ruta, Jemal Ibrahim Hasan proviene de la vecina Etiopía, el segundo país más poblado del continente africano con unos 130 millones de habitantes y escenario de múltiples conflictos armados.
«Ya no teníamos ningún lugar donde vivir en paz», destaca el joven de 25 años, que se ganaba la vida como agricultor cuando abandonó su pueblo del norte etíope en dirección a Yibuti. Un recorrido de unos 550 km a pie, es decir, 15 días de marcha.
«Teníamos los pies hinchados y llenos de ampollas», cuenta.
Una noche se subió a un barco sobrecargado rumbo a Yemen. Varias horas más tarde, fueron capturados por la guardia costera yemení y conducidos a un centro de detención.
«No había comida, nada. Estuvimos allí ocho días antes de que nos devolvieran» a Yibuti, relata.
Durante el viaje de regreso, se desató una tormenta. Sin «la voluntad de Alá (…), el barco se habría volcado», cuenta Jemal, quien vuelve a emprender la marcha, a unos 50 kilómetros al norte de la localidad costera yibutiana de Obock, esta vez en dirección a Etiopía.
«Solo el desierto»
A pesar de los riesgos, tanto en tierra como en el mar, varias decenas de miles de migrantes del Cuerno de África emprenden cada año la Ruta del Este para intentar llegar a los emiratos petroleros del Golfo, huyendo de conflictos, catástrofes naturales y la falta de oportunidades.
La mayoría intenta la travesía desde Yibuti, que se encuentra en los puntos más cercanos, a unos 30 kilómetros de Yemen. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre 200 y 300 migrantes llegan diariamente a Obock.
Ese corredor es uno de los más mortales del mundo. En 2025, más de 900 personas fallecieron o desaparecieron, lo que lo convierte en el año «más mortífero jamás registrado», según los datos de la OIM.
A finales de marzo, en el último naufragio registrado hasta la fecha, cerca de Obock, al menos nueve migrantes murieron y 45 desaparecieron. En la embarcación que volcó se encontraba Zinab Gebrekristos, de 20 años, quien partió de Tigray, una región inestable del norte de Etiopía que salió en 2022 de una sangrienta guerra.
Pagó a un traficante 50.000 birr (unos 320 dólares), una suma considerable en un país donde el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. En el camino le robaron el dinero y el teléfono, y luego tuvo que esperar tres días en la costa de Yibuti «sin comida ni agua, solo el desierto».
La noche del 24 de marzo, los traficantes amontonaron a 320 personas en una pequeña embarcación. Rápidamente, «el barco empezó a hundirse», recuerda Zinab Gebrekristos. «Muchos murieron ante nuestros ojos, amigos y familiares».
«Ni siquiera sé cómo logré salir del barco», asegura desde un centro de acogida gestionado por la OIM en Obock.
Esa organización de la ONU patrulla regularmente el desierto para prestar asistencia a los migrantes desorientados.
Aun así, decenas de miles de personas llegan cada año, tras haber tenido que atravesar también un Yemen en guerra, a los países del Golfo, en particular a Arabia Saudita, donde trabajan como obreros o empleados domésticos.
«Fosas comunes»
Unos 50 kilómetros al norte de Obock, la playa de Gehere es uno de los puntos de partida. Ropa, sandalias y zapatos de migrantes cubren la arena fina.
Allí se han erigido montículos de piedras. «Estamos frente a dos fosas comunes», explica Youssouf Moussa Mohamed, de 38 años, responsable de la OIM en Obock.
«No muy lejos hay otras dos fosas comunes con cinco cuerpos. Detrás de esta montaña hay una fosa común con 50 cuerpos. Otra fosa común (fue hallada) con 43 cuerpos (…). Son más de 200 cuerpos enterrados en los alrededores», enumera.
Según Youssouf, el 98% de los migrantes con los que se encuentra son etíopes. Procedentes de un país sin salida al mar, la mayoría nunca lo había visto antes de intentar la travesía.
Entre junio y agosto, el termómetro sube en Yibuti hasta los 45°C y violentas ráfagas de arena ciegan a los migrantes y los desvían de la ruta. Muchos se pierden en el desierto.
«Encontramos unos veinte cuerpos al mes durante esta temporada (cálida) el año pasado», destaca Youssouf. Aquellos a quienes el mar o el desierto no mataron, a veces se quitan la vida ellos mismos, como un migrante que, cuenta, se ahorcó el año pasado «por desesperación».
«Abandonadas»
Procedente de Tigray, Genet Gebremeskel Gebremariam, de 30 años, apenas lograba mantener a sus cuatro hijos y a su madre con los 200 a 300 birr (1 a 2 dólares) diarios que ganaba como trabajadora agrícola.
Convencida por un traficante, salió de la capital regional, Mekelle, en la parte trasera de un camión, hacinada junto a más de 160 personas. Una vez desembarcados en la vecina región de Afar, continuaron a pie, «atravesando el desierto y escalando acantilados toda la noche».
«Nadie ayuda a quienes están cansados o se caen, los dejan atrás. Nos obligaron a caminar como soldados, mientras nos golpeaban con palos en la espalda. Muchas mujeres, debilitadas por la sed y el hambre, fueron abandonadas en el desierto», cuenta Genet, quien espera en un centro de la OIM para regresar a Etiopía.
Por su parte, Muiaz Abaroge sigue esperando llegar a Arabia Saudita, a pesar de los riesgos.
«Da miedo, pero no tengo otra opción», subraya el joven de 19 años, originario del oeste de Etiopía, que camina con otras dos personas por la carretera que une las localidades yibutianas de Tadjourah y Obock.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
