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Fuerza Armada garantiza seguridad tras incidente vial en La Libertad

En la Colonia Santa María, Cantón Las Moras, municipio de Colón, La Libertad Oeste, se registró un accidente de tránsito que, afortunadamente, no dejó víctimas que lamentar. El incidente ocasionó únicamente daños materiales, según el reporte oficial.
La Fuerza Armada de El Salvador, a través de sus redes sociales, informó que sus efectivos se encuentran desplegados en la zona, brindando seguridad a los habitantes y garantizando el orden tras el accidente.
El compromiso de las autoridades de mantener la tranquilidad en situaciones como esta refuerza la confianza de los salvadoreños en las labores de seguridad y asistencia que forman parte del #PlanControlTerritorial.
Una persona fallecida en accidente de tránsito en San Vicente
lunes, 26 diciembre 2022 1:21 PM
En «Nacionales»
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Hasta 15 años de cárcel para funcionarios que cometan actos de corrupción

Hasta 15 años de cárcel para funcionarios que cometan actos de corrupción
Con 59 votos a favor se aprueban reformas al código penal, para incrementar las penas de algunos delitos como: peculado, negociaciones ilícitas, malversación, entre otros.
Estos también incluyen la incorporación de nuevos conceptos de “administración pública” y “servidor público» que comprenden los tres órganos del estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Es decir cualquier persona natural que preste sus servicios a instituciones del estado y cometa algún delito de los antes mencionados enfrentará cárcel.
Para el delito de peculado la pena de cárcel se eleva de 6 a 15 años, cohecho propio 6 a 9 años, malversación 3 a 9 años, enriquecimiento ilícito 5 a 15 años, tráfico de influencia 6 a 9 años, cohecho activo 6 a 10 años
Internacionales
Un segundo vuelo con deportados llegó a Brasil desde Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Lula y Trump

Un segundo vuelo con deportados llegó a Brasil desde Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Lula y Trump
Un segundo vuelo con deportados proveniente de Estados Unidos llegó este viernes a Brasil, en medio de las recientes tensiones surgidas entre los presidentes Lula da Silva y Donald Trump.
Una fuente del Ejecutivo local confirmó que cerca de las 16:15 horas, la nave procedente del estado de Luisiana aterrizó en Fortaleza, al noreste del país, con 111 pasajeros. Según sumó el funcionario, “la información que tenemos es que todos son brasileños” que fueron devueltos a Brasil porque agotaron los recursos legales para poder permanecer en Norteamérica, tal como “se acordó con los estadounidenses”.
Su destino final será Belo Horizonte, a donde serán llevados en un avión de la Fuerza Aérea Nacional.
Este es el segundo vuelo de deportados que Brasil recibe desde que Trump regresó a la presidencia y ordenó los masivos operativos contra la inmigración en el país, que ya han devuelto a cientos de otros civiles a sus respectivas naciones.
No obstante, estos en particular no guardan “relación directa” con las recientes directrices sino que se dan “en otro contexto: un entendimiento bilateral entre Brasil y Estados Unidos de 2017, que permanece en vigor” y que ya condujo a otras expulsiones en años previos, con miras a reducir el tiempo que estos ciudadanos pasan en centros de detención en el exterior.
De hecho, según cifras de la Policía Federal de Brasil, en los últimos cuatro años se registraron 94 vuelos con más de 7.500 ciudadanos en ellos.
El primero de ellos ocurrido desde el regreso de Trump a la presidencia, sin embargo, generó polémica y derivó en el primer cruce entre los países.
El vuelo tuvo lugar el pasado 26 de enero y transportó a 88 brasileños, que pasaron las largas horas del trayecto esposados. Las imágenes en las que se los veía descender en la ciudad de Manaos con sus manos y tobillos amarrados, y los relatos de los involucrados que dan cuenta de “agresiones físicas, amenazas y trato degradante” y la prohibición de alimentos y uso libre del baño, llevaron al Gobierno de Lula a denunciar un “tratamiento denigrante” hacia sus connacionales y a convocar al encargado de negocios de Washington en el país para reevaluar las condiciones de estos operativos.
Dichas condiciones demuestran un “flagrante desprecio a los derechos fundamentales” de estas personas, apuntó Lula, que recordó que “cuando el avión abre su puerta, los deportados están bajo legislación brasileña y vamos a cuidar eso con cariño”.
Poco después, la crisis pareció contenerse y las partes confirmaron la creación de un grupo de trabajo para “intercambiar información y mejorar la operatividad de los vuelos de retorno de los brasileños, garantizando la seguridad y el tratamiento digno y respetuoso de los pasajeros”. Asimismo, el Gobierno de Lula creó un puesto de atención a migrantes en el aeropuerto de Belo Horizonte, con el objetivo de recibir de forma adecuada a los expulsados.
En este contexto, el vuelo de las últimas horas, que será “objeto de evaluación con vistas a la organización de los próximos”, jugó un rol clave en la relación entre las naciones y la efectividad de esta medida conjunta
Internacionales
Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales

Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este sábado el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro, en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra el presidente Donald Trump.
El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, responde a la demanda que alega que la administración Trump permitió “ilegalmente” que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, que gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, además de contener datos financieros y personales de millones de estadounidenses.
De esta manera, Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a “todos los cargos políticos”, “todos los agentes especiales del gobierno”, así como a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro”.
La orden restrictiva temporal, que permanecerá en vigor hasta una audiencia el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Trump asumió como presidente el 20 de enero debe “destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida representa un riesgo de seguridad y podría utilizarse para interferir con fondos federales. “Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información. Buscaron este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente pagos que millones de estadounidenses necesitan para atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo en un video difundido por su oficina.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, modificó políticas internas para permitir el acceso del equipo de Musk a los registros de pagos, lo que, según la demanda, excede la autoridad de la agencia y viola leyes federales y el principio de separación de poderes de la Constitución.
Elon Musk ha desestimado las críticas a DOGE en su plataforma X, asegurando que la iniciativa está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes al eliminar el gasto gubernamental innecesario.
Musk, la persona más rica del mundo, está liderando los esfuerzos de Trump para recortar costos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como “la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”.
“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’ revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”, afirmó Tong en un comunicado.
La administración Trump y el Departamento del Tesoro han defendido el acceso de DOGE, argumentando que su misión es auditar el gasto público y detectar fraudes.
Sin embargo, fuentes citadas por The Associated Press indicaron que la revisión comenzó con el objetivo de suspender pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución que Trump y Musk han buscado desmantelar.
La orden de Engelmayer decía que los estados que demandaron “enfrentarían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar”.
“Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial como al mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería”, escribió.
El caso sigue en curso en la justicia federal, mientras legisladores demócratas han solicitado una investigación del Tesoro sobre el acceso de DOGE y sindicatos han presentado demandas adicionales para bloquear la revisión de los sistemas de pago del gobierno