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Internacionales

Donald Trump impuso sanciones a Colombia tras la decisión de Gustavo Petro de no recibir aviones con deportados

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En un giro inesperado en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció sanciones severas contra el país que lidera Gustavo Petro luego de que dos vuelos de repatriación con migrantes indocumentados fueran rechazados en territorio colombiano. El anuncio, acompañado de medidas económicas y migratorias de gran alcance, fue difundido por el mandatario estadounidense a través de su red social Truth, en un mensaje cargado de críticas hacia el Gobierno colombiano.

 

Trump afirmó que “la negación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública de los Estados Unidos”. Como respuesta, anunció la implementación inmediata de varias medidas de represalia, entre las que se destacan:

Aranceles de emergencia del 25% a los bienes colombianos que ingresen a Estados Unidos, que aumentarán al 50% en una semana.
Restricciones migratorias, incluyendo la revocación de visas para funcionarios gubernamentales, aliados, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano.
Sanciones financieras y bancarias aplicadas mediante la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa).
Inspecciones exhaustivas de ciudadanos colombianos y mercancías por razones de seguridad nacional.

El mensaje de Trump destacó que estas acciones “son solo el comienzo” de una respuesta más amplia que busca presionar al Gobierno colombiano para cumplir con las normativas internacionales relacionadas con la aceptación de migrantes deportados.

Cierre de la sección de visas en la embajada estadounidense
Una de las medidas de mayor impacto anunciadas hasta ahora es el cierre de la sección de visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, efectivo a partir del 27 de enero de 2025. Esta decisión afecta directamente a miles de ciudadanos colombianos que planeaban solicitar visas de turismo, negocios o estudios, lo que provocó incertidumbre en sectores educativos y empresariales.

Además, la imposición de aranceles a los productos colombianos amenaza con desestabilizar sectores clave de la economía del país. Productos como flores, café y textiles, que son fundamentales en las exportaciones hacia Estados Unidos, enfrentarían un aumento en sus costos, disminuyendo su competitividad en el mercado norteamericano.

 

Por otro lado, las restricciones migratorias y el cierre de la sección de visas es lo que más preocupación provocó entre familias colombianas y estudiantes que dependen de la movilidad entre ambos países.

“¡No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos!”, señaló Trump en su propia red social.

Estados Unidos revoca visas a familiares, aliados y simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro
Como se menciona previamente, las crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevas sanciones que incluyen la revocación de visas a los familiares, aliados políticos y simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro.

Trump afirmó de manera contundente: “Sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano”. Este mensaje deja claro que las restricciones no solo afectarán a funcionarios del Gobierno, sino a figuras públicas cercanas al partido del presidente Petro y al Pacto Histórico, su coalición política.

Entre los afectados directamente por la medida estarían los familiares más cercanos del mandatario colombiano, incluida su esposa, Verónica Alcocer, y sus hijos Nicolás, Sofía, Andrea, Antonella y Gustavo, este último residente en Canadá.

Además de la familia presidencial, las sanciones también alcanzarían a líderes y funcionarios de la coalición del Pacto Histórico, incluidos senadores, congresistas y otros altos cargos del Gobierno. Esta decisión provocó alarma en los círculos políticos de Colombia, ya que representa un golpe a la representación internacional y a la capacidad de liderazgo del gobierno en escenarios globales.

Figuras públicas que han manifestado su simpatía hacia la administración de Petro, como la reconocida actriz y activista Margarita Rosa de Francisco, podrían también verse afectadas por esta política restrictiva. Aunque no se ha confirmado una lista específica de personas sancionadas, la ambigüedad del anuncio incrementó la incertidumbre entre funcionarios y aliados del mandatario colombiano.

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Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala

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Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.

El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.

Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.

En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.

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La OMS declara Uganda libre de ébola

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Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.

«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.

La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».

Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.

El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.

El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.

Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.

Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.

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Internacionales

Irán ejecutó a más de 500 personas en lo que va de 2026, afirma ONG

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Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.

La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.

Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.

«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.

Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.

El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».

«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.

Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».

El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».

La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.

Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.

Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».

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