Política
Diputados decretan Estado de Emergencia por tormenta tropical Pilar
Para continuar brindándole gobernabilidad al Órgano Ejecutivo, los diputados de la Asamblea Legislativa decretaron Estado de Emergencia en todo el territorio nacional durante 15 días, por la amenaza de la tormenta tropical Pilar.
Diferentes centros meteorológicos han informado que, en las próximas horas, dicho fenómeno climático afectará Centroamérica, especialmente a El Salvador y el sur de Guatemala.
Dicha medida fue avalada con 75 votos, durante una sesión plenaria extraordinaria convocada por el presidente del legislativo, Ernesto Castro, luego de que así lo solicitara el mandatario Nayib Bukele, a través de sus redes sociales.
Además, los legisladores aprobaron una excepción de impuestos a las donaciones que recibirá el país en ayuda a los damnificados.
“No vamos a esperar a estar lamentando pérdidas humanas, pérdidas en la infraestructura para actuar. Esta es la gobernabilidad que tanto hemos mencionado, el presidente Bukele necesita que se le brinden las herramientas necesarias para atender esta emergencia”, comentó el parlamentario Christian Guevara.
Los diputados de las pasadas legislaturas no estaban comprometidos con la población, pues esperaban a que ocurrieran las catástrofes para declarar una emergencia. Además, esperaban el día de la plenaria ordinaria para ver si llegaban a un consenso.
“Los partidos políticos ocupaban este tipo de emergencia para ver su propio beneficio. Los gobiernos anteriores siempre veían qué tajada iban a sacar de este tipo de eventualidades, condicionaban los votos para beneficios personales”, aseguró el legislador Caleb Navarro.
Ahora esto es diferente. Ante una solicitud de Presidente Bukele inmediatamente se convocó a los parlamentarios de diferentes fracciones políticas y se aprueban las medidas necesarias para proteger a la gente.
Por eso, la Dirección General de Protección Civil elevó a roja la alerta en el territorio nacional por las lluvias. Además, dicha institución cuenta con más de 100 albergues preequipados y que están distribuidos en todo el país.
También, el Ministerio de Educación (MINED) decretó una suspensión de clases presenciales y virtuales a escala nacional, hasta el miércoles 1 de noviembre, La medida aplica tanto para instituciones públicas como privadas, así como de Educación Superior, así como para las actividades de docentes y personal administrativo.
“No estamos esperando a que ocurran tragedias, sino que estamos tomando las medidas necesarias para evitarlas. Nos estamos preparando con anticipación”, puntualizó la diputada y meteoróloga Sandra Martínez.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
