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Política

Corte de Cuentas, CEPA y ANDA exponen distribución de su presupuesto 2024

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Desde el pasado 29 de septiembre que Jerson Posada entregara, por parte del Ministerio de Hacienda, el proyecto de Ley de General del Estado y la Ley de Salario para el ejercicio fiscal 2024, los diputados de la Comisión de Hacienda han laborado arduamente para el desarrollo del estudio del mismo.

Hoy, recibieron a tres funcionarios más para este fin: A Roxana Soriano, presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR); a Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); y a Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Dicho presupuesto, que para el otro año asciende a $9,068.7 millones, es un instrumento que se utiliza para implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y mejoren el bienestar social de la población.

Este fue formulado de acuerdo con la visión del Presidente Nayib Bukele y contiene una asignación eficiente de los recursos, por lo que reafirma el compromiso de disciplina fiscal. Este año, Hacienda logró ejercer bien sus labores de recaudación de fondos con programas de anti evasión de impuestos y de anti corrupción.

 

CCR busca fiscalizar recursos públicos como lo mandata la Constitución

Para el próximo año, la Corte de Cuentas de la República (CCR) tendría destinado un total de $51, 754, 285 para que dicha institución pueda ejecutar los programas y proyectos que ha programado. Esto significa que ha tendido un aumento en su presupuesto, debido a que en este 2023 recibió $50, 448, 939.

De acuerdo a la presidenta del ente contralor, Roxana Soriano, dentro del plan anual operativo de dicha institución se encuentra el fortalecer la fiscalización institucional para el ejercicio 2024, mediante la optimización y modernización de los procesos misionales, continuar con la implementación de estándares internacionales en los procesos y apoyar el desarrollo de las competencias del talento humano.

Para el año entrante, la CCR tiene como meta auditar a todo el órgano Ejecutivo y a las 262 alcaldías que estarían finalizando su periodo como tal, puesto que tras las próximas elecciones estas serán reducidas por aprobación legislativa.

“Nunca se ha hecho una auditoría masiva a ese nivel, sin embargo considero que es posible y lo vamos a lograr”, explicó la funcionaria.

Informó que tienen la proyección de ejecutar 748 auditorías a instituciones que administren fondos públicos, aplicando la normativa técnica y legal y bajo la auditoría forense para garantizar el buen uso del dinero. Esto tendría un costo de $22, 815, 434, según lo estimado.

En esa misma línea, la directora Financiera de la CCR, Karla Guardado, dijo que el presupuesto destinado a esa cartera de Estado invierte, en su mayoría, en el área de las auditorías. Por ejemplo, este año el monto utilizado para ello fue de $22, 815, 434, lo que representa un 45% del total asignado.

Además, la titular Soriano comunicó a los legisladores que ha iniciado con un proceso de transformación interna, estamos modernizando todas las funciones, por lo que le hemos apostado a la digitalización, a la tecnología, a la capacitación de todo el talento humano, como los del área de auditoría y jurisdiccional.

“Esta nueva gestión está firmemente concentrada en garantizarles a todos los ciudadanos que la fiscalización se va a ejecutar de la manera como la misma Constitución de la República lo ordena”, aseguró Soriano.

Ante esto, el diputado Raúl Castillo dijo que la responsabilidad en la Corte de Cuentas es bastante grande y la percepción que ha tenido la población referente a ella es de corrupción, gracias a las malas gestiones que realizaron las anteriores administraciones.

“Esta nueva Corte de Cuentas está comprometida al rescate de la no corrupción. Estamos combatiendo todas las malas prácticas e incluso estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en diferentes procesos”, le aseguró la presidenta Soriano.

CEPA: Desarrollo terrestre y aeroportuario del país

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, también expuso sus propuestas de desarrollo para la entidad, la cual requiere de un presupuesto de $193,406,000 para el próximo año. La cifra representa un aumento de $10.7 millones.

Anliker explicó que el aumento del 6 % en el presupuesto 2024, en comparación al de 2023, justifica la inversión a los proyectos que permiten la rehabilitación de las defensas del muelle “B” en el Puerto de Acajutla, el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.

“Esto implica un aumento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional y se prevé que para 2024 continúe en esta proyección”, dijo. La previsión de la autónoma para este año es tener un flujo de pasajeros que alcance los 4.2 millones y que se vería aumentada a 4.4 millones el próximo año.

“La carga marítima del Puerto de Acajutla ha ascendido y se espera lo mismo el próximo año, por ello vamos a modernizar y a ampliar toda la infraestructura”, añadió el presidente de CEPA.

Anliker también se refirió al Aeropuerto Internacional del Pacífico, del que dijo que ya se hicieron algunas compras de los terrenos, y de una inversión de $3.1 millones correspondientes a la titularización para las obras.

Para el legislador de la bancada cyan, Edgardo Mulato, los avances realizados por CEPA en sus diferentes dependencias están siendo evidenciados en el turismo.

“Los avances son visibles. El Salvador está siendo considerado como un destino turístico atractivo gracias a las mejoras en el clima de seguridad y la capacidad instalada. Nuestra meta es ser un país de primer mundo”, acotó Mulato.

Por su parte, su colega, Raúl Castillo, añadió que desde el inicio de gestión del Presidente Nayib Bukele la visión del país ha cambiado para mejorar, ya que se invierte en desarrollo para El Salvador, algo que durante décadas no se hizo. “El dinero que se apruebe en la Asamblea está llegando a las instituciones correspondientes para beneficiar a la población”.

Con respecto a los logros de este año, el presidente de CEPA destacó que en diciembre se espera poner la primera piedra para la terminal de registros y chequeos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, la cual tendrá una inversión de $12 millones. “Con esto estaremos creciendo y desarrollándonos para un Aeropuerto Internacional de primer mundo”, acotó Anliker.

Para el cierre de 2023, la autónoma aseguró que espera un crecimiento del 4.5 % sobre las operaciones de las nuevas tarifas en el Puerto de Acajutla, además, un 10.2 % sobre las operaciones en el tarifario vigente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento

El primer funcionario en presentar los proyectos a desarrollar en 2024, fue Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), quien indicó que el presupuesto para el próximo año será de $325,536,260. Este año le fueron asignados $295,680,350.

El presidente de esa institución detalló que el otro año, gracias al financiamiento de $100 millones del Banco Mundial, se llevará a cabo el “Programa de Resiliencia del Sector Hídrico de El Salvador”, el cual tiene por objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de suministro de agua diversas áreas del país.

Con dicho programa, 720,000 personas serán beneficiadas con mejoras en el sistema. Además aseguró que se aumentará el volumen de agua generada, cuya pérdida alcanza el 60 %; igualmente se busca una mejor gestión administrativa, la respuesta inmediata ante emergencias y el fortalecimiento institucional.

“El presupuesto brindará mejoras en el sistema de saneamiento y el acceso al agua para la población, el cambio gradual de las tuberías en algunas zonas del país, donde estas datan de hace 60 años”, mencionó el presidente de ANDA.

Alemán añadió que, en un promedio de cinco años, se tendrá una mejora en el sistema de agua en el país lo que beneficiará 450,000 salvadoreños que tendrán acceso al agua, y un 30 % de mejora en la cobertura en el área de San Salvador, que beneficiará a 120,000 hogares.

En el presupuesto para el próximo año también se prevé la incorporación de $46 millones para el pago de deuda adquirida en 2015 por gobiernos anteriores.

Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo destacó que dicha deuda ha sido el reflejo del por qué el sistema de agua en el país no ha mejorado en décadas.

“Esos $46 millones se debieron de haber visto reflejado en la nueva apertura de pozos, pero no se hizo nada y esto significa que los salvadoreños vamos a pagar ese dinero que se robó el FMLN, y es dinero que no se puede inyectar a educación, a salud”, añadió el parlamentario.

El presidente de ANDA destacó que, pese al despilfarro realizado por administraciones anteriores, con la visión del Presidente Nayib Bukele, “hoy, la institución está trabajando para solventar la demanda de agua potable del pueblo salvadoreño y continuamos con más proyectos”.

“En 2023, vamos a cerrar muy bien en lugares donde hay un estrés hídrico muy demandante y que se espera solucionar para el próximo año. Habrá un incremento en producción, ya que se han perforado y rehabilitado pozos beneficiando a más de 53,000 familias”, dijo Alemán.

El funcionario destacó que el 4 de diciembre se colocará la primera piedra en la planta potabilizadora del lago de Ilopango, que tendrá un costo de $40 millones y es una donación del gobierno de China.

ANDA está presente en 168 de 264 distritos del país, esto equivale al 64 % de cobertura y 900 mil acometidas, “pero hay mucho que hacer, principalmente en el sector rural, donde por décadas hubo un abandono total”, explicó.

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Política

Tres países, una visión compartida

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El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, viajó a Tela, Honduras para participar en la I Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 2026, donde se presentó la iniciativa “Ruta Trinacional de Turismo Cuarta Frontera”, orientada a fortalecer la visión trinacional, la conectividad y el desarrollo turístico.

Durante la reunión de trabajo, el Vicepresidente Ulloa destacó que este proyecto representa una oportunidad para convertir en realidad una visión de desarrollo regional, aprovechando la disposición de los gobiernos centrales para impulsar iniciativas en beneficio de los territorios. Subrayó que su ejecución requerirá importantes recursos, capacidad de diálogo y una estrecha coordinación entre los diferentes actores.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Lic. Urbina, vinculó la iniciativa con el Portafolio de Inversiones que se desarrolla junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el cual se prevé identificar inversiones estratégicas para la región Trifinio, con posibilidades de financiamiento respaldadas por los respectivos gobiernos. Asimismo, explicó que estos esfuerzos se complementan con otras acciones orientadas al desarrollo económico territorial, el fortalecimiento de las capacidades locales.

Durante la jornada también se presentaron los avances del estudio de factibilidad en Guatemala, desarrollado por la empresa consultora contratada para este proceso, aportando elementos técnicos que permitirán continuar avanzando hacia la consolidación de una ruta turística trinacional articulada y con visión de largo plazo.

El encuentro reunió a autoridades y representantes de los tres países, entre ellos la Designada Presidencial de Honduras, Diana Baleska; la Vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera; los Directores Ejecutivos Nacionales del Plan Trifinio de los tres países; Alcaldes de Olopa, Chiquimula y Esquipulas; así como Vicecancilleres y equipos técnicos.

Con esta iniciativa, la CTPT reafirma su compromiso de continuar impulsando una visión compartida de desarrollo para el territorio Trifinio, fortaleciendo la integración, la conectividad y las oportunidades para sus comunidades.

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Política

Bethy Arana rompe con el FMLN, revela relación con Rafael Aguirre y denuncia presuntas agresiones: “Acepto que me equivoqué”

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La ruptura política entre Bethy Arana y el FMLN escaló a un terreno mucho más delicado. La abogada reconoció públicamente haber mantenido una relación con Rafael Aguirre, actual candidato presidencial del partido de izquierda, y, según reportes que recogen sus recientes declaraciones, aseguró que entre ambos existieron altercados violentos y que presentó una denuncia formal. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de respaldo que recibió dentro del partido y dejó abierta la posibilidad de impulsar un nuevo instituto político.

Lo que comenzó como una apuesta por la “renovación” del FMLN terminó convirtiéndose en una de las controversias políticas más incómodas para el partido de cara a las elecciones de 2027. Apenas en mayo, Arana había ingresado al proceso interno como precandidata a diputada por Santa Ana y defendía públicamente su cercanía ideológica con la izquierda. Entonces llegó a declarar: “Mi corazón siempre ha sido de izquierda”. Su inscripción formó parte de la apertura del FMLN hacia candidaturas ciudadanas y nuevos perfiles.

Pero Arana no solamente respaldó el proyecto del partido. Durante el proceso previo a la candidatura presidencial aseguró que había desempeñado un papel directo en el acercamiento de Rafael Aguirre al FMLN. La Página documentó que Arana afirmó haber comenzado a trabajar con el médico desde febrero y haber impulsado personalmente sus primeros contactos políticos. La propia Arana llegó a resumir ese protagonismo con una frase que hoy adquiere otra dimensión: “Yo lo traje, yo lo acompañé, yo lo encaminé…”.

La paradoja es evidente: el hombre al que Arana aseguraba haber ayudado a ingresar al proyecto terminó ratificado como candidato presidencial del FMLN, acompañado por la enfermera Madaí Santos, mientras ella terminó apartándose de su candidatura legislativa y denunciando irregularidades, ataques internos y falta de respaldo institucional.

Arana sostuvo que desconocía con precisión los resultados de la elección interna y cuestionó la transparencia con la que fue conducido el proceso. También afirmó haber recibido burlas, ataques y críticas sin sentir un acompañamiento suficiente de la estructura partidaria. Su balance terminó siendo demoledor para una organización a la que meses antes defendía: “Acepto que me equivoqué. No es un buen momento, la gente sigue dormida, el FMLN no tiene clara su estrategia y tampoco valoran a las personas que les pueden dar resultados”, declaró.

Sin embargo, el conflicto dejó de ser exclusivamente electoral cuando Arana habló de su relación personal con Aguirre.

En las declaraciones difundidas este martes, la abogada reconoció haber sostenido una relación con el candidato presidencial del FMLN y aseguró que entre ambos ocurrieron altercados violentos, incluyendo presuntas agresiones. Un reporte de Última Hora SV señala además que Arana dijo haber presentado una denuncia formal contra Aguirre. Se trata de acusaciones formuladas por Arana que, hasta el momento de esta revisión, no hemos podido corroborar mediante una resolución judicial, expediente público o pronunciamiento institucional de la Fiscalía que establezca responsabilidad penal del candidato.

La gravedad política del señalamiento es difícil de ignorar. Aguirre no es actualmente un dirigente secundario dentro de la oposición: es el hombre seleccionado por el FMLN para disputarle la Presidencia a Nayib Bukele en febrero de 2027. Por ello, una denuncia de esta naturaleza trasciende una disputa entre dos figuras públicas y abre preguntas sobre cómo responderá el partido ante señalamientos de presunta violencia que involucran directamente a su candidato presidencial.

En las fuentes revisadas para esta nota no localizamos una respuesta pública de Rafael Aguirre que aborde específicamente estas nuevas acusaciones de presuntas agresiones. El señalamiento debe, por tanto, mantenerse en el terreno que corresponde: una denuncia realizada públicamente por Arana cuya eventual comprobación dependerá de las autoridades competentes.

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Política

El Salvador comparte su transformación en seguridad con actores latinoamericanos

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El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, desarrollado por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay y por el Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” de El Salvador, como un espacio de intercambio.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó la importancia de compartir la experiencia del país con las delegaciones de México y Uruguay, particularmente ante los desafíos que el crimen organizado representa para las sociedades de la región. En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias entre países para encontrar respuestas comunes frente a este fenómeno. “El crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites y, si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar aumentando”, expresó.

Asimismo, realizó un recorrido por el proceso de transformación de la seguridad en el país y explicó las distintas fases del #PlanControlTerritorial, para recuperar la soberanía del Gobierno en las comunidades, restablecer la presencia de las fuerzas del orden y fortalecer las capacidades institucionales frente a las estructuras criminales.

También hizo referencia a la implementación de cercos de seguridad en diferentes territorios, dirigidos a localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que operaban en el interior del país. Recordó el fenómeno conocido como la “puerta giratoria”, mediante el cual miembros de pandillas eran capturados y procesados, pero posteriormente recuperaban su libertad debido a la insuficiencia de elementos probatorios dentro de los plazos establecidos.

El Vicemandatario enfatizó en que el “modelo Bukele” se ha convertido en una referencia para otros gobiernos en Latinoamérica y sostuvo que uno de sus principales fundamentos ha sido la voluntad expresada por el pueblo salvadoreño, sumada a la coordinación de las instituciones del Estado y al robustecimiento del Gabinete de seguridad.

Con este encuentro, se continúa impulsando espacios de diálogo entre autoridades, investigadores, académicos y actores de distintos países, orientados al intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y el análisis de los principales desafíos que enfrenta la región.

En el evento participaron el Presidente del CIFD, Enrique Arezo; la Senadora suplente de la República Oriental del Uruguay, Valeria Ripoll; la Embajadora de ese país en El Salvador, Alejandra Costa; y el Director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez. Por parte del Gobierno nacional, participaron el Presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; el Director de OPAMSS, Luis Rodríguez; y el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, entre otras autoridades.

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