Política
Corte de Cuentas, CEPA y ANDA exponen distribución de su presupuesto 2024
Desde el pasado 29 de septiembre que Jerson Posada entregara, por parte del Ministerio de Hacienda, el proyecto de Ley de General del Estado y la Ley de Salario para el ejercicio fiscal 2024, los diputados de la Comisión de Hacienda han laborado arduamente para el desarrollo del estudio del mismo.
Hoy, recibieron a tres funcionarios más para este fin: A Roxana Soriano, presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR); a Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); y a Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Dicho presupuesto, que para el otro año asciende a $9,068.7 millones, es un instrumento que se utiliza para implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y mejoren el bienestar social de la población.
Este fue formulado de acuerdo con la visión del Presidente Nayib Bukele y contiene una asignación eficiente de los recursos, por lo que reafirma el compromiso de disciplina fiscal. Este año, Hacienda logró ejercer bien sus labores de recaudación de fondos con programas de anti evasión de impuestos y de anti corrupción.
CCR busca fiscalizar recursos públicos como lo mandata la Constitución
Para el próximo año, la Corte de Cuentas de la República (CCR) tendría destinado un total de $51, 754, 285 para que dicha institución pueda ejecutar los programas y proyectos que ha programado. Esto significa que ha tendido un aumento en su presupuesto, debido a que en este 2023 recibió $50, 448, 939.
De acuerdo a la presidenta del ente contralor, Roxana Soriano, dentro del plan anual operativo de dicha institución se encuentra el fortalecer la fiscalización institucional para el ejercicio 2024, mediante la optimización y modernización de los procesos misionales, continuar con la implementación de estándares internacionales en los procesos y apoyar el desarrollo de las competencias del talento humano.
Para el año entrante, la CCR tiene como meta auditar a todo el órgano Ejecutivo y a las 262 alcaldías que estarían finalizando su periodo como tal, puesto que tras las próximas elecciones estas serán reducidas por aprobación legislativa.
“Nunca se ha hecho una auditoría masiva a ese nivel, sin embargo considero que es posible y lo vamos a lograr”, explicó la funcionaria.
Informó que tienen la proyección de ejecutar 748 auditorías a instituciones que administren fondos públicos, aplicando la normativa técnica y legal y bajo la auditoría forense para garantizar el buen uso del dinero. Esto tendría un costo de $22, 815, 434, según lo estimado.
En esa misma línea, la directora Financiera de la CCR, Karla Guardado, dijo que el presupuesto destinado a esa cartera de Estado invierte, en su mayoría, en el área de las auditorías. Por ejemplo, este año el monto utilizado para ello fue de $22, 815, 434, lo que representa un 45% del total asignado.
Además, la titular Soriano comunicó a los legisladores que ha iniciado con un proceso de transformación interna, estamos modernizando todas las funciones, por lo que le hemos apostado a la digitalización, a la tecnología, a la capacitación de todo el talento humano, como los del área de auditoría y jurisdiccional.
“Esta nueva gestión está firmemente concentrada en garantizarles a todos los ciudadanos que la fiscalización se va a ejecutar de la manera como la misma Constitución de la República lo ordena”, aseguró Soriano.
Ante esto, el diputado Raúl Castillo dijo que la responsabilidad en la Corte de Cuentas es bastante grande y la percepción que ha tenido la población referente a ella es de corrupción, gracias a las malas gestiones que realizaron las anteriores administraciones.
“Esta nueva Corte de Cuentas está comprometida al rescate de la no corrupción. Estamos combatiendo todas las malas prácticas e incluso estamos colaborando con la Fiscalía General de la República en diferentes procesos”, le aseguró la presidenta Soriano.
CEPA: Desarrollo terrestre y aeroportuario del país
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, también expuso sus propuestas de desarrollo para la entidad, la cual requiere de un presupuesto de $193,406,000 para el próximo año. La cifra representa un aumento de $10.7 millones.
Anliker explicó que el aumento del 6 % en el presupuesto 2024, en comparación al de 2023, justifica la inversión a los proyectos que permiten la rehabilitación de las defensas del muelle “B” en el Puerto de Acajutla, el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
“Esto implica un aumento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional y se prevé que para 2024 continúe en esta proyección”, dijo. La previsión de la autónoma para este año es tener un flujo de pasajeros que alcance los 4.2 millones y que se vería aumentada a 4.4 millones el próximo año.
“La carga marítima del Puerto de Acajutla ha ascendido y se espera lo mismo el próximo año, por ello vamos a modernizar y a ampliar toda la infraestructura”, añadió el presidente de CEPA.
Anliker también se refirió al Aeropuerto Internacional del Pacífico, del que dijo que ya se hicieron algunas compras de los terrenos, y de una inversión de $3.1 millones correspondientes a la titularización para las obras.
Para el legislador de la bancada cyan, Edgardo Mulato, los avances realizados por CEPA en sus diferentes dependencias están siendo evidenciados en el turismo.
“Los avances son visibles. El Salvador está siendo considerado como un destino turístico atractivo gracias a las mejoras en el clima de seguridad y la capacidad instalada. Nuestra meta es ser un país de primer mundo”, acotó Mulato.
Por su parte, su colega, Raúl Castillo, añadió que desde el inicio de gestión del Presidente Nayib Bukele la visión del país ha cambiado para mejorar, ya que se invierte en desarrollo para El Salvador, algo que durante décadas no se hizo. “El dinero que se apruebe en la Asamblea está llegando a las instituciones correspondientes para beneficiar a la población”.
Con respecto a los logros de este año, el presidente de CEPA destacó que en diciembre se espera poner la primera piedra para la terminal de registros y chequeos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, la cual tendrá una inversión de $12 millones. “Con esto estaremos creciendo y desarrollándonos para un Aeropuerto Internacional de primer mundo”, acotó Anliker.
Para el cierre de 2023, la autónoma aseguró que espera un crecimiento del 4.5 % sobre las operaciones de las nuevas tarifas en el Puerto de Acajutla, además, un 10.2 % sobre las operaciones en el tarifario vigente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento
El primer funcionario en presentar los proyectos a desarrollar en 2024, fue Rubén Alemán, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), quien indicó que el presupuesto para el próximo año será de $325,536,260. Este año le fueron asignados $295,680,350.
El presidente de esa institución detalló que el otro año, gracias al financiamiento de $100 millones del Banco Mundial, se llevará a cabo el “Programa de Resiliencia del Sector Hídrico de El Salvador”, el cual tiene por objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de suministro de agua diversas áreas del país.
Con dicho programa, 720,000 personas serán beneficiadas con mejoras en el sistema. Además aseguró que se aumentará el volumen de agua generada, cuya pérdida alcanza el 60 %; igualmente se busca una mejor gestión administrativa, la respuesta inmediata ante emergencias y el fortalecimiento institucional.
“El presupuesto brindará mejoras en el sistema de saneamiento y el acceso al agua para la población, el cambio gradual de las tuberías en algunas zonas del país, donde estas datan de hace 60 años”, mencionó el presidente de ANDA.
Alemán añadió que, en un promedio de cinco años, se tendrá una mejora en el sistema de agua en el país lo que beneficiará 450,000 salvadoreños que tendrán acceso al agua, y un 30 % de mejora en la cobertura en el área de San Salvador, que beneficiará a 120,000 hogares.
En el presupuesto para el próximo año también se prevé la incorporación de $46 millones para el pago de deuda adquirida en 2015 por gobiernos anteriores.
Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo destacó que dicha deuda ha sido el reflejo del por qué el sistema de agua en el país no ha mejorado en décadas.
“Esos $46 millones se debieron de haber visto reflejado en la nueva apertura de pozos, pero no se hizo nada y esto significa que los salvadoreños vamos a pagar ese dinero que se robó el FMLN, y es dinero que no se puede inyectar a educación, a salud”, añadió el parlamentario.
El presidente de ANDA destacó que, pese al despilfarro realizado por administraciones anteriores, con la visión del Presidente Nayib Bukele, “hoy, la institución está trabajando para solventar la demanda de agua potable del pueblo salvadoreño y continuamos con más proyectos”.
“En 2023, vamos a cerrar muy bien en lugares donde hay un estrés hídrico muy demandante y que se espera solucionar para el próximo año. Habrá un incremento en producción, ya que se han perforado y rehabilitado pozos beneficiando a más de 53,000 familias”, dijo Alemán.
El funcionario destacó que el 4 de diciembre se colocará la primera piedra en la planta potabilizadora del lago de Ilopango, que tendrá un costo de $40 millones y es una donación del gobierno de China.
ANDA está presente en 168 de 264 distritos del país, esto equivale al 64 % de cobertura y 900 mil acometidas, “pero hay mucho que hacer, principalmente en el sector rural, donde por décadas hubo un abandono total”, explicó.
A solicitud del Presidente de la República Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, herramienta con la que se eliminan los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a 120 productos, para asegurar el abastecimiento de los mismos a la población salvadoreña.
La exoneración de aranceles tendrá una vigencia de 10 años y también se aplicarán a insumos agrícolas y materias primas que garanticen la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
Algunos productos que estarán libres del DAI son la carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pavo, leche fluida, huevos de mesa, papas, tomates, cebollas, repollo, frijoles, naranjas, maíz, arroz y azúcar. También a alimentos de animales, fertilizantes, insecticidas y herbicidas.
La normativa también establece que la Defensoría del Consumidor deberá monitorear y vigilar el mercado para constatar que las reducciones arancelarias se vean reflejadas en los precios al consumidor final.
Asimismo, se faculta a los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura y Ganadería, para que cada uno, dentro de sus respectivas competencias y responsabilidades, puedan emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones y cualquier otra actuación administrativa, orientada a garantizar una correcta y efectiva aplicación de la ley.
La diputada Suecy Callejas expresó que la normativa aliviará la economía de los salvadoreños, en especial en este periodo de lluvias en el que los cultivos de granos u hortalizas se han visto afectados. Ella recordó que, en la legislatura pasada, se aprobó una Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, la cual fue prorrogada hasta 2026.
“Con esta propuesta se ampliará a 10 años más y se agregan todos los productos de la canasta básica ampliada que son 120. Además de la exoneración del DAI se excluye del pago de cuotas de salvaguardas”, señaló.
Callejas explicó que el decreto permitirá que la exoneración del arancel se aplique incluso a aquellos países con los que El Salvador no tiene tratados de libre comercio.
Por su parte, la diputada Norma Lobo destacó la importancia de que los salvadoreños tengan comida en su mesa y que se garantice la sostenibilidad de la misma.
“Este plan va a estar vigente por 10 años, porque de esa manera todos los empresarios y los mismos productores van a poder hacer sus planes de negocio con base a 10 años con la confianza de que hay estabilidad jurídica”, aseguró Lobo.
La parlamentaria sostuvo que la ley respalda la medida del Ejecutivo relacionada a la creación de los agromercados y la creación de centrales de abasto para cambiar la modalidad de comercialización de los productos de canasta básica.
“Vamos a tener varios centros de abasto para que la población sea la mayor beneficiada y garantizar a los productores que van a poder producir y comercializar sus productos a precios que los salvadoreños no golpeen sus bolsillos”, agregó la parlamentaria.
Mientras que la legisladora Sandra Interiano señaló que la aprobación de la normativa es una muestra del trabajo articulado entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, y que este es un primer impulso para el plan económico anunciado por el Presidente Nayib Bukele.
“Ningún Gobierno en la historia nacional de este país había dado muestras de ser cercanos a la gente, de escucharle y de resolver sus necesidades más sentidas como el tema de la alimentación sostenible. Recordemos que las administraciones anteriores desmantelaron la producción agrícola nacional en función de intereses particulares. Hoy se empieza dar respuesta a 200 años de descuido y abandono”, apuntó Interiano.
Medida anunciada por el Presidente de la República
El pasado 16 de julio, a través de su cuenta de X, el Presidente Nayib Bukele anunció que la propuesta, que busca favorecer la economía de los salvadoreños, sería enviada a la Asamblea Legislativa.
“Hoy, enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un período de 10 años”, escribió.
Además, la mañana de este miércoles 17 de julio, el mandatario agregó que también se eliminarán los aranceles para productos agrícolas.
“Hemos decidido eliminar también los aranceles por 10 años a fertilizantes, abonos, alimentos para animales (incluyendo aves y peces) y demás insumos que utilizan los agricultores y productores nacionales. Así ellos también serán más competitivos y no únicamente los importadores”, sostuvo Bukele.
Política
Buscan implementar programa de becas con reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa
Con el propósito de continuar aplicando la eficiencia del gasto público, la Asamblea Legislativa tuvo una disminución significativa del presupuesto para cada uno de los diputados, así como del costo del personal a su cargo.
Por ello, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen a favor de destinar $5 millones, durante lo que resta del periodo legislativo 2024-2027, para desarrollar un programa de becas.
De acuerdo al documento avalado en la mesa de trabajo, el presupuesto vigente de este año para ese fin, desde julio hasta diciembre, será de $792,000.
Estos recursos se asignarán a programas, planes y proyectos destinados a beneficio de la niñez y la juventud salvadoreña, con el fin de generar acciones positivas que posibiliten el desarrollo integral de este sector.
“Estos son los frutos de una política de austeridad que se ha venido siguiendo en esta Asamblea Legislativa y que vino de una sugerencia hecha por el Presidente de la República, Nayib Bukele, y que nosotros estamos dispuestos a apoyar con todo gusto, porque va a ser de beneficio para la juventud salvadoreña”, expresó el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Para 2025 y 2026, la cantidad que se destinará será de $1,584,000 por cada año; mientras que para el 2027, será de $1,040,000 desde enero a abril.
El nombre de este programa será «Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez», como lo dio a conocer en sus redes sociales, días atrás, el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, tras haberse hecho público el fallecimiento del analista político, líder social y exguerrillero salvadoreño.
La Asamblea Legislativa está comprometida con el uso adecuado de los recursos públicos, es por eso que, siguiendo la línea del Gobierno, los parlamentarios avalaron en junio de 2023 –como primera medida- la reducción de 84 a 60 diputados.
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminó a favor de declarar el 27 de julio de cada año se conmemore el Día Nacional del Inspector Técnico de Salud Ambiental, con el objetivo de dignificar a este personal del sistema de salud.
Durante la discusión de la iniciativa, los parlamentarios resaltaron la labor que los inspectores técnicos de salud ambiental realizan en el país, como por ejemplo, ejecutar soluciones técnicas sobre el medio ambiente a través de la programación de actividades, para evitar así el mayor deterioro de la salud y del ambiente biofísico salvadoreño.
Además, se encargan de verificar la aplicación, cumplimento de las normas y reglamentos ambientales, medidas de bioseguridad en establecimientos públicos formales e informales y realizan labores constantes de desinfección y sanitización. También, vigilan el manejo de desechos bioinfecciosos, el cumplimiento de protocolos ante casos sospechosos, confirmados y defunciones por COVID-19, con el compromiso de mantener la salud de las personas, la familia y toda la comunidad.
El diputado Ricardo Rivas explicó que este sector no había sido tomado en cuenta para ser dignificado a través de un día especial; y sostuvo que el trabajo que ejecutan los técnicos en salud ambiental ayudan a cumplir la visión del Presidente Nayib Bukele en materia de salud.
Son más de 700 técnicos a nivel nacional y a pesar de que no tenían su día ellos lo celebran. Dignificarlos los motivará para que puedan hacer un mejor trabajo y que nuestro país siga avanzando y cumpliendo con la visión del presidente”, expresó Rivas.
Según el proyecto de decreto, con el apoyo de los técnicos la Dirección Ambiental ha hecho campañas de vacunación felina y antirrábica canina, cuya efectividad ha hecho que El Salvador no registre ningún caso de rabia humana desde hace 13 años.
El diputado Saúl Mancía resaltó la labor del personal, especialmente durante la emergencia actual por dengue. Él aseguró que son los inspectores técnicos quienes día y noche han realizado jornadas de fumigación y de concientización.
“Quiero agradecerles a estas 700 personas que, día con día, están tratando en estas comunidades para tener un país con más condiciones saludables. Desde el primer nivel de atención comienza la calidad de vida no podemos permitir que un caso que se puede prevenir se complique”, apuntó Mancía.
