La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.

Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.

El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».

Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.

Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.

«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.

En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».

Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».

El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.

De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.

En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».

El nivel de popularidad del presidente Nayib Bukele entre los uruguayos es del 45 %, el más alto obtenido de entre 14 jefes de Estado que fueron evaluados en Uruguay en la última encuesta desarrollada por Equipos Consultores.

De acuerdo con el análisis de la casa encuestadora, Bukele es el líder más conocido por los uruguayos, a diferencia de otros mandatarios, incluso de países suramericanos.

Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores, dio a conocer los hallazgos del estudio, indicando que «el de mejor imagen es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que además es el único con saldo neto positivo; quiere decir que, si le restamos la antipatía, sigue teniendo balance positivo».

«Bukele es el fenómeno que rompe los ojos en términos de magnitud de la diferencia con el resto», dijo Zuasnabar durante la presentación de los resultados en el informativo «Subrayado».

También añadió: «Cuando pasamos al gráfico de los votantes de la Coalición Republicana, los que tienen más simpatía, evidentemente destaca más todavía Bukele (52 %)».

En el informe publicado, Equipos Consultores resaltó que Bukele obtuvo además resultados «para nada despreciables entre los votantes del Frente Amplio (coalición de izquierda en el gobierno), lo que resulta llamativo».

Respecto a esto, el jefe de Estado salvadoreño resultó con el 41 % de simpatía, ocupando el segundo lugar después de Luiz Inácio Lula da Silva, líder izquierdista de Brasil.

El estudio reveló que el brasileño es el segundo mejor evaluado por los uruguayos en la tabla general, pero es el mejor evaluado entre los frenteamplistas, con saldo neto favorable. Entre los votantes de la Coalición, el argentino Javier Milei ocupa el segundo lugar.

«Es posible que los detalles y consecuencias de algunas de las políticas de Bukele no sean tan conocidas localmente como sus logros en materia de seguridad pública. Los resultados muestran que su figura despierta atractivo en diferentes tiendas políticas», dijo Zuasnabar.
Equipos Consultores consideró en su evaluación a otros líderes a escala mundial, hacia quienes los encuestados manifestaron desconocer de su trabajo en sus respectivos países y el impacto internacional de estos.

Señala en el estudio que hay un conjunto de líderes que resultan menos conocidos para la población uruguaya.

«Tres de cada cuatro uruguayos no conocen al nuevo presidente chileno José Antonio Kast; dos tercios no ubica a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum; y la mitad de la población uruguaya no logra calificar al mandatario chino Xi Jinping, el español Pedro Sánchez, el colombiano Gustavo Petro o la venezolana Delcy Rodríguez», indicó.

La encuestadora indicó en su publicación que, con base en los resultados, «en el mundo actual los uruguayos no parecen encontrar ejemplos de líderes atractivos para una sensibilidad común, ya que la mayoría de los líderes evaluados son rechazados o poco conocidos».

En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.

Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.

«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.

Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.

«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.