Política
José Urbina: Voy por las mafias de medicamentos en El Salvador
Para nadie es desconocido que los gobiernos anteriores entregaban maletines negros a los diputados a cambio que les dieran gobernabilidad, sin embargo, con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele esa vieja práctica cambió por completo y cortó de tajo esos beneficios que se otorgaban a los partidos tradicionales, afirma José Urbina, uno de los aspirantes a diputado por Nuevas Ideas del departamento de San Salvador.
Según Urbina, los diputados al ver que ya no recibían cierta cantidad de dinero se desesperaron e iniciaron con bloqueos las iniciativas del Ejecutivo, entre ellas las relacionadas con el combate del Covid-19, teniendo como objetivo hacer quedar mal a Bukele y su equipo de trabajo, sin embargo, el mandatario ha logrado salir a flote y es uno de los presidentes del mundo que mejor ha manejado la pandemia.
“Se han preguntado ¿a qué precio los diputados vendían gobernabilidad al país? En gobiernos anteriores, los diputados y sus partidos políticos desfilaban en Casa Presidencial para recibir un maletín negro, que permitía estado de equilibrio y armonía entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Pero eso se terminó, al quitar el maletín los diputados cambiaron posición y los viejos enemigos como eran ARENA y FMLN se unieron para atacar al Gobierno”, dijo Urbina en un video que colgó en redes sociales.
El comunicador especializado en la rama de salud, explica que el bloqueo de la oposición política en la Asamblea Legislativa tiene un objetivo en contra del Gobierno, por este motivo han montado una estrategia para interferir con el trabajo del Ejecutivo.
“No llegaban a trabajar a la Asamblea Legislativa y los diputados no discuten los temas importantes. Pero si han creado una agenda para distraer al Gabinete, interpelan a funcionarios de diferentes carteras e incluso, hasta han hablado de interpelar al Presidente Nayib Bukele, quien tiene un amplio apoyo de la población”, dijo Urbina
José Urbina ha reiterado en varias ocasiones que los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa deben anteponer las soluciones de la población, antes de su bien particular.
En ese sentido, se compromete en legislar en contra los abusos que por años han cometido algunas droguerías en el país y donde los pacientes han tenido que pagar más por su medicina. “Es una mafia que tiene que parar”, puntualizó.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
