Política
Encargada de Negocios de EE.UU. Jean Manes dejará su cargo en El Salvador esta semana
La encargada de Negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dejará su cargo al frente de la embajada de Washington en el país, y regresará a su cargo como delegada civil del Comando Sur de los Estados Unidos.
Así lo ha afirmado esta mañana de lunes en la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), anunció que se irá de El Salvador esta semana, en medio de la crisis de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Manes fungió por seis meses como embajadora interina, y encabezó las negociaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de El Salvador después del 1 de mayo.
La encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, aseguró que la decisión responde a que el Gobierno de El Salvador «no está mostrando ningún tipo de interés por mejorar la relación» con Estados Unidos, que mantiene reuniones con altos funcionarios salvadoreños desde que se destituyeron los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República.
Manes aseguró que ambos países «deberíamos tener la mejor relación de la región, por todos nuestros lazos económicos, lazos familiares y más de tres millones de salvadoreños en EE.UU., pero no es ahí donde estamos».
Manes admitió que la Casa Blanca la designó como «un puente» porque «nadie entendía lo que estaba pasando» en la administración de Nayib Bukele. Una semana después de las destituciones aprobadas por Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa, Manes llegó a El Salvador para negociar un «restablecimiento» y «respeto a la Constitución».
Sin embargo, las reuniones con las autoridades salvadoreñas no han rendido fruto porque, según Manes, «no hay disposición del otro lado».
Según Manes, fue designada a El Salvador para venir por tres meses. «Tengo una vida, un cargo en Miami, y tiene que ver con que no hay una contraparte. Cuando hay interés en negociar, la puerta está abierta», agregó.
La encargada de Negocios señaló que «pasaron muchas otras cosas» después del 1 de mayo. «Se canceló la unidad anticorrupción (la Comisión Contra la Corrupción y la Impunidad, CICIES), estaban limitando el acceso a la información, que sacaron a 200 jueces y fiscales por razones de edad.
Manes apuntó que «la puerta sigue abierta» si El Salvador quiere mejorar sus relaciones con Estados Unidos.
Finalmente, la diplomática estadounidense, agradeció al pueblo salvadoreño por su recibimiento y hospitalidad para con su persona. «El Salvador ocupa un lugar especial en mi corazón. Creo en la relación entre EE.UU y El Salvador y ojalá que podamos encontrar un camino común una vez más».
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
