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“Ya pusimos cerca de 86 infracciones de tránsito principalmente por aglomeraciones dentro del trasporte público”: Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene vigilancia permanente en los potenciales focos de infección del virus, uno de ellos es el transporte colectivo, donde periódicamente verifica que los transportistas cumplan con todas las medidas dictadas por el ente rector de salud.
Esta mañana, personal del Ministerio de Salud, Obras Públicas y viceministerio de Transporte (VMT), instalaron controles vehiculares en diferentes puntos del Área Metropolitana de San Salvador, para corroborar que las unidades de transporte no rebasen el máximo permitido de pasajeros en los horarios de mayor afluencia.
Los puntos se instalaron en las paradas de autobuses de Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán, alameda Roosevelt, frente a la plaza Salvador del Mundo y en la carretera Panamericana, en el tramo Las Delicias, en Santa Tecla.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, explicó que el monitoreo al sector transporte se mantiene, y colocan infracciones de tránsito de ser necesario. “Ya pusimos cerca de 86 infracciones de tránsito principalmente por aglomeraciones dentro del trasporte público”, confirmó.
La labor de la los agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) va desde la revisión de los documentos en regla de los conductores de buses y microbuses, el cumplimiento de las normativas de tránsito, hasta la recomendación y supervisión de los protocolos para prevenir contagios por COVID-19.
El director general de Transporte Terrestre, Raúl López Velado, dijo que son más de 100 puntos de verificación a escala nacional. “El llamado es a los empresario del transporte para que se cumplan las medidas sanitarias”.
El uso de alcohol gel, mascarilla y el distanciamiento físico en las paradas de autobuses son parte de las recomendaciones en las que insiste el personal del Salud y VMT.
La seguridad y salud de la población es un trabajo interinstitucional permanente para el Gobierno del Presidente Bukele, donde el bienestar de la población sigue siendo la prioridad.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
