Judicial
ÚLTIMA HORA: Tribunal de Sentencia reprograma juicio contra Nayib Bukele
El Tribunal 1º de Sentencia de Santa Tecla reprogramó para el próximo 7 de marzo a las 8:30 a.m., la audiencia de vista pública en el caso donde el exalcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, es demandado por el delito de calumnia en perjuicio del ex secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas Martínez. Dicho ilícito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal.
El juicio a realizarse este lunes 18 de febrero fue aplazado y reprogramado para nueva fecha debido a la presentación de un escrito por parte de los abogados defensores de Bukele Ortez, en el cual solicitaban, entre otras cosas, la suspensión del proceso que se sigue en su contra y se envíe al archivo, ya que tras ser electo como Presidente de El Salvador, ya no puede ser juzgado. El escrito se hizo del conocimiento a la parte acusadora, quien mostró su inconformidad y solicitó que se declarara sin lugar.
Tras el análisis, el Juez de Sentencia resolvió no dar la razón a los defensores, por carecer de base legal, así como tambien señaló que los argumentos de los abogados no son motivo suficiente para no continuar con el proceso u ordenar su archivo.
En su resolución el Juez señaló que en el Artículo 131 apartado 14 de la Constitución de El Salvador, a la Asamblea Legislativa le corresponde:”recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República; es decir el Sr Nayib Armando Bukele Ortez, al haber resultado electo a través del voto como Presidente de El Salvador y ser acreditado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como tal, mantiene su calidad de ciudadano común hasta que el 1ro de Junio del presente año sea juramentado y envestido, en su calidad de ciudadano, por la Asamblea Legislativa, como Presidente de El Salvador y le sea entregada la posesión del cargo. Es decir, Bukele Ortez no tiene impedimento jurídico para no asistir a la realización la Vista pública.
Así también el juez de derecho otorgó tres días hábiles a Nayib Armando Bukele Ortez para que justifique su no comparecencia, así como también a los abogados defensores quienes presentaron el escrito ante la Secretaria del Tribunal, sin embargo se retiraron de este recinto Judicial sin esperar ser llamados a sala de audiencia.
Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año 2017, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, Carmen Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del 2018, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a esto, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente con $171,345.15 y fueron condenados a pagar esa cantidad de dinero, también quedan inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
En la resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron a los magistrados que el exfuncionario tuvo un incremento patrimonial no justificado.
Con la prueba documental y pericial se determinó que entre el 1 de mayo de 2009 y 30 de abril de 2012, años en los que fue diputado por el departamento de Usulután, obtuvo ingresos que se desconoce la procedencia.
Según el fallo de la Cámara, se lograron establecer los elementos de enriquecimiento ilícito y la representación de los demandados no pudo desvirtuar las irregularidades planteadas por el ministerio público.
El juicio civil] por enriquecimiento ilícito fue promovido por la Fiscalía, luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara que el exlegislador junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales, no pudieron desvanecer el incremento patrimonial detectado al revisar la declaración jurada presentada.
La Unidad Anticorrupción demandó por $182,374.61, pero en la resolución los magistrados condenaron por $171,345.15, ya que en una de las irregularidades se cuestionó la compra de un vehículo a costo de $11,029.46, pero se determinó que el automotor fue adquirido antes del período investigado por Probidad.
Hándal Vega fue condenado por cuatro irregularidades por un incremento patrimonial no justificado de $29,496.16; su esposa Lilian Amanda, por seis irregularidades por un monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades por la cantidad de $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
