Judicial
ÚLTIMA HORA: Corte Suprema rechaza demanda contra elección del Fiscal General
La Sala de lo Constitucional declaró improcedente una de las demandas presentadas contra la elección de Raúl Melara.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda contra la elección de Raúl Melara como Fiscal General de la República presentada por Óscar Oswaldo Campos Molina y José Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), y argumentó que fue por no cumplir los requisitos para su admisión y carecía de los elementos procesales mínimos y necesarios para “habilitar un análisis de fondo”.
“Tenía un carácter estrictamente subjetivo, pues se limita a a exponer alegatos sin presentar ningún elemento indiciario ni los parámetros de control correctos para sostener que el proceso de selección (de Melara), su resultado o el dictamen respectivo tuvieran las deficiencias alegadas”, sostuvieron los magistrados.
En la demanda se argumentaba que no se había constatado la moralidad y la competencia notorias del abogado Melara Morán, ya que en el dictamen de selección no existía ningún argumento que indicara que se analizó la documentación de todos los candidatos a fin de ponerar los perfiles.
También planteaban los demandantes que no fue comprobada la idoneidad para el cargo de Melara, pues su hoja de vida no reflejaba experiencia en el ámbito penal o procesal penal, y que los mismos informes de diversas instituciones del sector público no acreditaban su competencia notoria.
Pero además argumentaron que Melara trabajó como funcionario en gobierno del partido político de un excandidato a la Presidencia y que fue asesor legal de este.
La Sala de lo Constitucional dice que esta es la primera de las demandas contra la elección de Melara que evacua, que las otras que han sido presentadas siguen en estudio.
Melara fue elegido el 20 de diciembre de 2018 como Fiscal General de la República para el período de tres años, el cual inició el pasado 6 de enero de 2019, y que concluye el 5 de enero de 2022.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
