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Superintendencia de Competencia y RNPN unen esfuerzos para mejorar eficiencia y reducir trámites
La Superintendencia de Competencia (SC) y el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) suscribieron un convenio para aunar esfuerzos a fin de facilitar el acceso a información mediante el sistema de consulta digital “Web Service Consulta Ciudadana”, el cual agilizará los trámites institucionales y favorecerá la protección y defensa de la competencia, permitiendo mercados abiertos para la participación de las empresas con opciones favorables para los ciudadanos.
El convenio fue firmado por el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, y el presidente del RNPN, Federico Guillermo Guerrero Munguía, quienes mostraron su compromiso por la modernización institucional conforme a las exigencias actuales del país, en función de la eficiencia y reducción de los trámites, respetando la confidencialidad de la información que se intercambie.
Para el superintendente Henríquez, “este es un paso hacia la reducción de tiempos en la recolección y verificación de la información, necesaria para los procedimientos administrativos de la SC, brindando certeza jurídica y apoyando el despegue económico que genere beneficio al sector empresarial y a los ciudadanos”.
El presidente del RNPN detalló también que este convenio está en concordancia con el artículo 86 de la Constitución, que regula la colaboración interinstitucional en el ejercicio de la función pública y, además, aseguró que “el artículo 4 de la Ley Orgánica del RNPN nos faculta a proporcionar a los organismos del Estado la información estadística necesaria”.
El convenio permitirá que la SC tenga acceso a la consulta digital de los datos de identidad y de las partidas de nacimiento que antes implicaban costos de papel, impresión de solicitudes, tiempos de espera y recursos para desplazamientos y gestiones.
Además, se facilitarán las actividades de análisis de solicitudes de autorización de concentración económica, la realización de estudios de condiciones de competencia de los diferentes sectores de la economía y la investigación de posibles infracciones a la Ley de Competencia.
En respeto a la protección de datos personales, ambas entidades se comprometieron a guardar absoluta confidencialidad de la información a la que tendrán acceso, por lo que dicha información será utilizada con la debida reserva, cautela y restricción, a fin de no darla a conocer ni directa ni indirectamente a terceros.
Los funcionarios designados firmarán una declaración jurada de confidencialidad especial y se apegarán al Instructivo del RNPN para creación y desactivación de cuentas de usuarios con acceso al sistema.
Este es un importante avance del Gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele, que permite integrar aplicaciones y mejorar la conectividad interinstitucional, a través de un trabajo conjunto en beneficio del país y de sus ciudadanos.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
