Nacionales
Se registra cero homicidios en 236 municipios de El Salvador hasta el 23 de enero
Desde el 1 al 23 de enero de 2022 un total de 236 municipios a nivel nacional no han sufrido homicidios, esto según las estadísticas brindadas por el Gabinete de Seguridad.
«En 236 localidades de El Salvador no se contabilizan asesinatos en los primeros días de 2022, esto como resultado de las diferentes acciones contempladas en el Plan Control Territorial. Uno de los propósitos es sacar de la calle a los criminales que se ocultan entre las comunidades», se lee en un comunicado publicado por el Gobierno.
El escrito agrega que dentro de los municipios que no han reportado homicidios se encuentran algunos que en los pasados gobiernos permanecieron en el completo olvido, sin ningún programa de prevención ni estrategia de seguridad integral y con altos índices de muertes violentas.
Recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro también confirmó que el 90.1% del territorio nacional no ha reportado homicidios en el mismo periodo. «En lo que va del mes tenemos la mayor extensión del territorio libre de homicidios, esto es casi un 90.1%», señaló el ministro.
Agregó que este logró es fruto de la correcta implementación del Plan Control Territorial y del trabajo coordinado entre todas las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. «Estos no son números que nacen de la imaginación o de la nada, esto es fruto precisamente del trabajo coordinado que tenemos como Gabinete de Seguridad y la cercanía de trabajo con la Fiscalía», afirmó Villatoro.
Al cierre del año pasado, la Policía confirmó que en 70 municipios no hubo homicidios. Según los datos de la Policía, en 13 departamentos se destacó la reducción de asesinatos en 2021, principalmente en el departamento de Chalatenango, donde no hubo muertes violentas en 20 de sus 33 municipios.
En Morazán, en siete de sus 26 ciudades tampoco se registraron asesinatos. El panorama fue similar en siete de 22 jurisdicciones del departamento de La Paz.
En San Salvador municipios catalogados con alta incidencia criminal, como Ilopango, San Martín y Soyapango, registraron 75 % en la reducción de asesinatos durante septiembre de 2021, que cerró con 59 homicidios en todo el país.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
